Tortura psicológica durante guerra salvadoreña generó 'peores secuelas'

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) dio a conocer este miércoles el informe que habla sobre las secuelas psicosociales de hombres y mujeres que sufrieron tortura durante la guerra civil en El Salvador, la cual duró 12 años. Afirma que la tortura psicológica es la generadora de peor secuela que dejó el conflicto armado.
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Por Gloria Morán/ Diario digital ContraPunto

SAN SALVADOR - La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) dio a conocer este miércoles el informe que habla sobre las secuelas psicosociales de hombres y mujeres que sufrieron tortura durante la guerra civil en El Salvador, la cual duró 12 años. Afirma que la tortura psicológica es la generadora de peor secuela que dejó el conflicto armado.

La investigación lleva por nombre "Secuelas psicosociales de la tortura en El Salvador" y fue presentado en el marco del Día de la Justicia Internacional, celebrado cada 17 de julio.

Brenda Rodríguez, encargada jurídica de la CDHES señaló que el fin de esta conmemoración es impulsar el compromiso de los Estados en la lucha contra la impunidad con el fin de alcanzar los valores de justicia y libertad.

De acuerdo al director de la CDHES, Miguel Rogel Montenegro, la publicación de la investigación es una forma de mostrar la perversidad y las consecuencias que tiene todavía en la actualidad, tres décadas después, la tortura sistemáticamente que se aplicaba en El Salvador.

"En la historia reciente de El Salvador, la implementación de la estrategia de contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos y aplicada por las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) entre 1975 y 1992, contempló la aplicación de la tortura como una acción sistemática contra toda persona sospechosa de colaborar, simpatizar o pertenecer a las organizaciones insurgentes que a finales de 1980 constituyeran del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)", cita el documento para contextualizar las razones de las torturas.

Montenegro, dijo que el informe también podría servir de ejemplo para que los países que vivieron conflictos armados vean las consecuencias dela tortura; también para evitarlas en otros países que aún viven en conflictos.

El director de la Comisión, quien además sufrió torturas en esa época, afirmó que las peores secuelas son las dejadas por las torturas psicológicas "las físicas al final se pueden sanar con el tiempo, pero las psicológicas perduran. Esas afectan más a las víctimas (...) sobre todo si no se tratan psicológicamente".

Asimismo dijo que la CDHES ha atendido psicológicamente, desde 1990, cerca de 200 personas, entre hombres y mujeres. Sin embargo al sumar a las familias, como afectados indirectos, suman más de 900 personas.

"Según lo que hemos visto, lo que la mayoría ha podido superar es entre un 60 o 70 por ciento (...) algunos quedan con miedo hasta a escuchar el ruido de los helicópteros, miedo, inseguridad en todo, esas son algunas de las secuelas", dijo Montenegro.

En la investigación relatan casos de personas que fueron sometidas a torturas y el trauma del que ahora son víctimas. También relatan tipos y descripción de torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos los presos políticos de la época.

Algunas de las torturas eran golpes en la cabeza, en la espalda, en los testículos, en el tórax, estomago, entre otros lugares.

Entre las torturas psicológicas: amenazas de violación sexual, amenazas de muerte, amenazas contra la familia, aislamiento, imposición a escuchar torturas, asesinato simulado, entre otras.

Una de las peticiones de la Comisión hizo al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y a los diputados de la Asamblea Legislativa es que el Estado se adhiera al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

De igual forma solicitaron que se firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la convención contra la Tortura y Otros Trates o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Sin embargo pese a las deudas pendientes del Estado, la CDHES aseguró estar a favor de los últimos avances en cuestión de Derechos Humanos. Uno de ellos es la ratificación del protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, hecho ejecutado por la Asamblea Legislativa el 18 de mayo de 2011.

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