Por David Ernesto Pérez/Diario digital ContraPunto
SAN SALVADOR - Dios, moral, religión, biblia, fe. Cinco conceptos que sirven de respuestas para un grupo de legisladores salvadoreños cuando escuchan la pregunta: ¿es válido que El Salvador penalice todas las formas de aborto? Las respuestas oscilan entre el conservadurismo y los argumentos de asesinatos a no nacidos, asimismo, esgrimen ignorancia sobre situaciones sanitarias y judiciales en que se ven envueltas centenares de mujeres de escasos recursos de El Salvador.
Los diputados tampoco creen conveniente el establecimiento de mecanismos diferenciados cuando una mujer sufra un embarazo de alto riesgo, como lo fue la paciente B.C., cuyo caso llegó hasta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le negó el permiso para un aborto, pero que el Ministerio de Salud (MINSAL), practicó cesárea a las 27 semanas de gestación del feto.
La mayoría de los parlamentarios ven con buenos ojos la "mano de hierro" que empuña el Código Penal vigente, que no diferencia entre abortos espontáneos y los provocados; por ambos, hay mujeres que cercadas por la Fiscalía General y el Órgano Judicial, y condenadas a penas que oscilan entre los cuatro a los 30 años de prisión, según haya sido la valoración del fiscal y el peso de la acusación.
El argumento de la Organización Mundial de Obstetricia que llama a legislar a favor de los abortos éticos, eugenésicos y terapéuticos, es visto con recelo por los funcionarios consultados a razón de este artículo, la mayoría de ellos galenos de profesión.
Enrique Valdez, diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) - ginecólogo obstetra - se manifestó en "absoluto rechazo" al aborto, porque la vida termina "hasta que Dios lo decida".
"La ley no debe legitimar el aborto y esto lo digo bajo mis principios éticos, morales y religiosos, y como profesional y especialista", respondió el parlamentario derechista al preguntársele si es necesario que el Código Penal establezca diferenciaciones entre abortos provocados, espontáneos, o terapéuticos.
En sus valoraciones, Valdez razonó "en términos éticos y morales", pues creyó necesario rechazar "toda acción que vaya al asesinato y a terminar una vida que sólo Dios terminar". También valoró, desde sus conocimientos técnicos, y sus conclusiones fueron idénticas. Negó conocimiento de casos de abortos no provocados que llegaron mujeres a la cárcel.
¿Sabe que hay mujeres encarceladas por esto?
Yo no puedo dar fe que así sea, segundo no conozco los casos, y tercero, como profesional te puedo decir, con mucha claridad, que si se trata de aborto espontáneo, estoy totalmente en contra de aquellos que hayan tomado la decisión de encarcelar a una mujer, porque en un aborto espontáneo ha sido la naturaleza la que ha tomado la decisión, y no ha sido ninguna acción indebida de mujer embarazada alguna.
En el 2007, la Sala Constitucional - con integración diferente a la vigente - respondió a una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Penal de 1997 que no introdujo, las excepciones tradicionales en el delito del aborto, a saber: ético, terapéutico y eugenésico.
Si bien los constitucionalistas no invalidaron la totalidad del cuerpo normativo mencionado, si fueron enfáticos en enfilar al Legislativo: es ilegitimo pedir conductas heroicas a una mujer que tiene grave riesgo de morir por un embarazo.
Así, los entonces magistrados Agustín García Calderón, Mauricio Clara, Enrique Acosta y Néstor Castaneda Soto ordenaron a la Asamblea Legislativa a "establecer al ente estatal que otorgará la competencia para conocer y decidir de la situación planteada", en referencia a los abortos.
La sentencia 18-98- 2007 señaló además que "el estado de necesidad es aplicable en los casos de aborto terapéutico, pues ante un conflicto de bienes de igual importancia tutelada por la Constitución y la misma ley, la vida del no nacido y de la madre, no existe duda sobre la juridicidad del acto de optar por proteger la salud de la mujer cuya vida peligra por su estado de gravidez".
Wilfredo Iraheta Sanabria es diputado por GANA y médico de profesión. Aunque no es integrante de la Comisión de Salud del Legislativo - como el anterior funcionario citado - sí es una voz autorizada para hablar de este tema, por su experticia.
A título personal, el ex futbolista aseguró no "tener miedo" a las organizaciones provida que se oponen tajantemente a fijar excepciones legales para penar el aborto; más que un tema religioso o moral, Sanabria lo ubicó en lo técnico.
Sin embargo, el diputado derechista tampoco pretende abrir rendijas a las organizaciones pro-aborto, estimando, por tanto, una especie de punto medio entre penalización parcial y absoluta.
"Creo que se deben de revisar los casos, se deben revisar tal como se ha hecho en el caso de B.C., pero como no hay un marco regulatorio se deberían de revisar minuciosamente los casos, para evitar lo otro, que es promovido por los organismos feministas, entonces buscando un equilibrio y que no haya portillos, que lo mejor es que se establezcan esos mecanismos especiales de revisión de casos", comentó.
No obstante su posición, Sanabria juzgó "difícil" que la problemática pueda tomar caminos estrictamente técnicos, por miedo a la opinión pública, la Iglesia Católica, protestantes, y otros sectores.
Además, resultaría "desgastante" para los partidos políticos que muestren mentalidad abierta.
En el 2011, la Sala Constitucional rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal.
Los magistrados argumentaron que la demanda ya había sido "resuelta por este tribunal", es decir, aún la Asamblea Legislativa tiene pendiente legislar sobre las excepciones a la ley en el aborto.
En dos ocasiones, este reportero intentó obtener la posición del oficialista FMLN sobre el asunto tratando en el presente artículo.
Guillermo Mata Bennett, secretario de la Comisión de Salud, fue el primer efemelenista requerido; se mostró reticente a tratar el tema aduciendo "amarillismo del algunos medios".
En la consulta, vía teléfono, Mata Bennett condicionó dar su opinión si no existía primero "un guion de preguntas previamente pactado".
ContraPunto optó por declinar de semejante condicionamiento.
Santiago Flores, también efemelenista de la Comisión de Salud, se limitó a responder que "ese tema no lo estamos tratando".
Según organizaciones civiles, existen aproximadamente cuarenta casos de mujeres que fueron llevadas a la cárcel por abortos espontáneos.
En la mayoría de estos casos, la calificación del delito suele ser homicidio agravado y las condenas alcanzan los treinta años de prisión.
Antonio Almendáriz, diputado por Concertación Nacional - CN, antes PCN - al consultársele si cree legítima la penalización absoluta, con biblia en mente, respondió afirmativamente.
¿Es justo que esté penalizado completamente el aborto?
Sí, no es solamente porque lo prescribe la biblia, para que no digan que soy religioso, porque atrás de este tipo de aperturas habrá una serie de abortos..., no le voy a llamar abortos, sino una serie de asesinatos de no nacidos todavía que nadie lo va a poder parar.
El también ex militar - señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad, por participar en ejecuciones extrajudiciales - dijo desconocer que en El Salvador haya mujeres que van a la cárcel por abortos involuntarios.
"Primera vez que escucho de alguien a quien han condenado por una cosa involuntaria", reveló.
También alegó ignorancia de la sentencia 18-98-2007.
Arnoldo Marín, suplente del diputado Rodolfo Parker, del Partido de la Esperanza - PES, antes PDC - dijo que "por principios" están contra el aborto, pero si existiera una propuesta del sector médico para "ayudar a las madres, porque también es un ser humano", la apoyarán.
Artículo publicado originalmente aquí