Por Roberto Flores/Diario Digital ContraPunto
SAN SALVADOR- El camino que llevará a Ovidio Mauricio a su destino es escabroso. Sube y baja entre las montañas del municipio de Las Vueltas, incrustado en el departamento de Chalatenango, tan recóndito que pareciera que se fue moldeando solo, junto a los caprichos que tomó la geografía del lugar.
Quienes viven ahí saben que el mejor método para atravesar el camino que se abre frente a Mauricio es el caballo o la mula. Pero él ha optado por los Converse All Star negros que calza, de esos que se usan con jeans y camisa deportiva.
Hoy Ovidio ha respetado la vestimenta protocolar de los All Stars. Se despojó del rigor de la corbata y de la camisa de vestir, propio de su trabajo como abogado en Tutela Legal del Arzobispado, una institución abrigada por la Iglesia Católica, en donde los expedientes de los casos de violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto armado salvadoreño rebozan en los archiveros de sus oficinas.
El camino serpenteante que Mauricio recorre este 14 de mayo, lo llevará al punto de origen de uno de esos expedientes: un lugar entre las montañas llamado Las Aradas, límite entre los territorios de El Salvador y Honduras, en donde en 1980 se consumó la Masacre del Río Sumpul, una de las primeras -de muchas que le sucedieron- que inauguró el conflicto armado.
Desde que el caso fue llevado por Tutela Legal del Arzobispado a los tribunales, allá por 1992 -con el final de la guerra-, el expediente de la Masacre del Río Sumpul se ha ido engrosando poco a poco con diligencias solicitadas por los jueces y correspondencias enviadas al fiscal general en turno.
Pero aún falta el documento definitivo, la resolución en la que la justicia confirme lo que los sobrevivieron a aquella masacre ya saben: que en 1980 el ejército salvadoreño, apoyado por su par hondureño, acorraló a centenares de civiles en el Río Sumpul, eliminándolos uno a uno bajo la lógica de la estrategia de "tierra arrasada" recomendada por los asesores de Washington en aquel entonces, con la que se pretendía eliminar el sustrato del cual -aseguraban- se alimentaba la guerrilla insurgente cuya revuelta puso fin a varias décadas de dictadura militar.
Al menos 300 personas fueron asesinadas aquel 14 de mayo de 1980. Mauricio camina hoy, con sus All Stars, por las mismas veredas por las que la gente huyó hacia Las Aradas hace más de 30 años, huyendo de aquel operativo infernal, encontrando finalmente en aquel lugar la muerte.
Mauricio está ahí para decirle a los sobrevivientes y a los familiares de los asesinados, que se reúnen para conmemorar la masacre, una verdad insoslayable: el camino que los llevará a su destino -la justicia- es largo y escabroso.
Mauricio es en realidad un apellido. El otro es González, Ovidio Mauricio González, nacido en Alegría y criado en Berlín, ambos municipios en el departamento de Usulután.
Las vueltas de la vida que llevaron a Mauricio a ser director de Tutela Legal del Arzobispado bien podrían requerir de un reportaje aparte. Pero en esta conversación, en medio de un desayuno a la orilla de la carretera, esas vueltas no son el tema principal.
Lo central es el trabajo que hizo una vez que esa institución cobró forma, en plena escalada del conflicto armado que llevó a El Salvador a enfrascarse en una sangrienta guerra de más de diez años, que al final dejó un saldo de más de 70 mil muertos y desaparecidos.
Desde esa trinchera, Ovidio Mauricio se sumó a la tarea que iniciara la doctora María Julia Hernández, defensora de los derechos humanos cuyo recuerdo se ubica en los altares de la memoria de víctimas y sobrevivientes del conflicto a quienes ayudó, en medio de la guerra, a llevar sus casos ante la justicia, hasta su muerte en 2007.
-Ella fue la que recogió una de las vainillas de fusil cuando asesinaron a los jesuitas -recuerda Ovidio.
La recogió justo en el lugar en que se hallaron los sacerdotes jesuitas, académicos e intelectuales, asesinados, de acuerdo al Informe de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas emitido al final del conflicto, por el ejército salvadoreño.
El rastro de esa vainilla, según Ovidio, llevó a confirmar que en efecto las balas que acabaron con la vida de aquellos jesuitas, y dos de sus ayudantes, salieron de fusiles de la Fuerza Armada, adquiridos en un lote de armas provenientes -como no- de Estados Unidos.
Por esos asesinatos fueron encontrados culpables algunos altos mando del ejército salvadoreño tras un juicio en 1993, el cual quedó sin efecto, días después, tras decretarse la Ley de Amnistía, la cual absolvía a cualquier responsable de crímenes de guerra.
Ovidio no habla mucho de ese caso. No lo llevó Tutela Legal del Arzobispado, pero como ese el destino de otros similares tiene el mismo desenlace.
Uno de los primeros casos que la institución que dirige Ovidio llevó a los tribunales fue el de los asesinatos en el cantón Las Hojas, municipio de Sonsonate.
-Fue un caso en el que un militar le quitó sus tierras a los indígenas. Los mandó asesinar y se quedó con ellas -cuenta el director de Tutela.
El caso, abierto en medio de la guerra, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, no fructificó, al igual que otro presentado a los tribunales entre 1986 y 1987, el de la masacre de de El Calabozo, en 1982, en el departamento de San Vicente, que dejó más de 200 víctimas mortales, asesinadas a manos del batallón de élite del ejército, el Atlacatl.
-El batallón Atlacatl es el que hacía de las suyas aquí en Chalate -dirá Ovidio más adelante, al pasar frente a la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango.
Todos los testimonios de las víctimas en los casos que han pasado por las manos de Mauricio llevan a lo mismo: "el ejército entró en mi casa, en mi cantón, en mi apartamento, en mi colonia, y ametralló, apuñaló, estranguló a mi hermana, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, a mis hijos..."
Pero en ninguno de los casos cuyos expedientes desbordan los archiveros de las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio ha tenido el gusto de escuchar una resolución favorable, en el cual se reconozca que en efecto los señalados, principalmente el alto mando del ejército por aquel entonces, ordenó aquellas masacres, de forma sistemática, todo bajo la lógica contrainsurgente calcada por todo el continente durante las décadas de los 70's y 80's del siglo pasado.
No es una situación extraña en un país en donde, de acuerdo al Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente a 2012, apenas un 3% de los casos que ingresan al sistema judicial logra una condena.
Ovidio ha tenido que enfrentarse desde hace varias décadas a esa realidad. Han pasado muchos fiscales generales por la Fiscalía desde que el primer caso de abuso en contra de los derechos humanos durante el conflicto armado fue denunciado por Tutela Legal, pero ninguno de ellos, según el director de esa institución, ha hecho lo propio para echar a andar un proceso que derive en una sentencia.
De hecho, es una situación cuyo manejo en el gobierno se hace a través de una pragmática que permita salir bien librado ante un tema con tantas espinas.
"El Ejecutivo no es el que juzga las atrocidades o las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes activos del Estado, en el pasado", dijo el presidente Mauricio Funes días atrás, al ser interrogado sobre su opinión de los casos de abusos de derechos humanos durante el conflicto armado pendientes de justicia.
"Si la fiscalía debió de abrir juicios o no con respecto a algunas de estas violaciones a los derechos humanos y si el Órgano Judicial debió de haberse pronunciado en un sentido o en otro, que sea el Ministerio Público y el Órgano Judicial quienes se pronuncien", añadió.
Mauricio lo tiene claro: la sombra de una Ley de Amnistía y una correlación política en el país, en la cual aún tienen peso algunos de los involucrados en aquellos casos de abuso, hace prácticamente imposible que en un horizonte cercano se pueda hablar de justicia.
Desde masacres como la del Sumpul hasta casos tan particulares -como el que Mauricio comentará después, en donde un hombre fue "confundido" por el ejército en un retén y terminó siendo acribillado-, el destino parece ser el mismo: la impunidad.
-En Guatemala la valentía de los fiscales fue clave -comenta Mauricio, refiriéndose al proceso contra el general Efraín Ríos Montt, expresidente guatemalteco que durante su corto período en el el poder (entre 1986 y 1987) ejecutó una política de exterminio contra la etnia indígena ixil, bajo la misma lógica de tierra arrasada implementada en El Salvador.
El proceso que el Ministerio Público guatemalteco inició contra Ríos Montt culminó hace unos días, con un desenlace que soltó el llanto entre los presentes en la lectura del fallo: el general fue declarado culpable y condenado a 80 años de prisión.
-Ovidio ¿Qué hace falta acá en el país para que haya un desenlace como el de Guatemala?
-Un fiscal con huevos, jueces valientes y voluntad política.
-Parece que de voluntad política no hay muchos síntomas...
-... - Ovidio pone una expresión en su rostro como quien dice "así es esto".
- ¿No será que se necesita de un cambio generacional para que se haga justicia?
-Sí, pero de nada sirve que vengan nuevas generaciones si no tienen consciencia sobre lo que aquellos delitos significan. Hay que trabajar mucho en eso.
El de la Masacre del Río Sumpul no es un caso ajeno a los obstáculos. Luego de haber sido llevado a los tribunales, un juez ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar con las investigaciones. Pero estas, hasta el momento, más de 20 años después de haberse solicitado, aún no han iniciado, pese a que se ha solicitado en reiteradas ocasiones su inicio.
- Ovidio ¿Dentro de cuánto podríamos ver una condena como la de Ríos Montt acá en El Salvador?
-...-Ovidio no da fechas, ni plazo, solo vuelve a poner la misma expresión en el rostro que hace un rato.
El desayuno ha terminado. Mauricio debe retornar a la carretera. Debe estar en Las Aradas a las 8 de la mañana.
Las Aradas es un llano perdido en las montañas, sobre las que se dibuja la frontera entre El Salvador y Honduras, divididos por el Ríos Sumpul a su paso por Chalatenango.
-Este sitio lo habían venido a ocupar unas 600 personas, de varios cantones, que venían huyendo de la guerra -comenta Ester Alvarenga, una de las sobrevivientes de la masacre del Río Sumpul.
Ester es delgada. Casi parece una niña, pero su niñez la pasó hace mucho en aquellos lugares, en medio de balaceras y milagros, como el que ahora la tiene acá, de pie, conmemorando junto a otros cientos de personas la fecha de la masacre.
-Los soldados comenzaron a bajar de aquellas montañas -recuerda Ester, mientras señala una cadena montañosa que hace una pausa al llegar a Las Aradas.
Venían empujando a la gente al río -continúa-. La gente se había quedado en este lugar porque confiaban en que al otro lado ya pasaban a territorio hondureño, y ahí no les harían nada.
Pero aquella lógica, según Ester, no tuvo éxito. Al otro lado, el ejército hondureño se encontraba esperando a quienes se animaran a atravesar el Sumpul para salvar su vida.
-Nos decían que nos iban ayudar, que cruzaramos, y comenzó a pasar la gente en grupos. Pero al llegar al otro lado, los mataban.
Ester se vio entonces en un dilema cuyas soluciones eran todas igual de fatídicas: morir a manos de las fuerzas armadas salvadoreñas o cruzar y morir a manos del ejército hondureño.
Ella se decidió por Honduras. Al atravesar el río, en un acto instintivo más que premeditado, Ester le dijo al oficial al mando de las fuerzas hondureñas que ella era su compatriota.
-Yo soy hondureña.
-¿Y qué andás haciendo aquí?
-Yo vivo acá cerca.
El oficial, recuerda Ester, mandó a llamar al encargado del ejército hondureño en esa zona, un oficial cantonal que dijo reconocerla más no supo identificar si se trataba de una hondureña o una salvadoreña.
Aquel 14 de mayo de 1980, el oficial del ejército hondureño decidió creerle a Ester y la dejó ir junto a otras niñas igual que ella, de 14 años más o menos.
Ella regreso poco después junto a su padre. La escena era dantesca: muertos y heridos por todos lados. Su padre logró ayudar a una mujer que había quedado enredada en medio de alambres de púas, de esos que dividen los terrenos por aquellos lugares.
Pero no pudo hacer más. El ejército salvadoreña aún vigilaba desde las montañas, esperando a que alguien llegara a buscar a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija en medio de aquella matanza. Disparaban a cualquier cosa que se asomara.
-Aquello nos llevó a muchos a iniciarnos en la organización política -cuenta Ester. Luego hace una pausa y dirige su mirada al altar improvisado que se ha montado en Las Aradas, desde donde se dirige una misa en memoria a las víctimas.
Ester ahora es directora de ProBúsqueda, una organización que se ha pasado los últimos años en busca de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado.
En el Sumpul, varios menores corrieron ese destino, muertos al final, en el peor de los casos, o, en el mejor de ellos, yendo al extranjero, adoptados por familias a cuyas manos fueron a parar.
Antes de la misa en Las Aradas, Mauricio leyó un resumen del avance en el proceso abierto por Tutela Legal hace ya varios años. En realidad la novedad es que no hay novedad.
Pero aún así, nadie deja de escuchar. De hecho, nadie deja de esperar.