Por Gloria Morán/Diario digital ContraPunto
Decenas de indignados se reunieron en los alrededores del Arzobispado de San Salvador molestos por el cierre abrupto de Tutela Legal que ha ordenado el máximo jerarca de la Iglesia Católica en El Salvador, José Luis Escobar Alas. Los protestantes llegaron con carteles en manos en los que se podía leer frases lapidarias contra el religioso: "Alto al secuestro de la memoria histórica", "No al cierre de Tutela Legal", "Queremos iglesia al lado de los pobres", "No queremos el arzobispado militarizado".
La principal preocupación de los manifestantes es el destino de los millares de archivos que la oficina resguarda desde los años 80 y que son la más grande biblioteca de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado durante la Guerra Civil.
Entre los inconformes había usuarios de los servicios que ofrecía la institución que, al enterarse de la clausura, han acudido a reclamar las denuncias sobre desapariciones o asesinatos de familiares que presentaron en pleno conflicto. "Tutela era nuestro amparo, ellos trabajaban en nuestros casos y pensábamos que siempre iban a estar en buenas manos", dijo Ana Josefina Iraheta (54 años). El descontento, indignación e incertidumbre se notan también en los mensajes que cientos de personas han escrito en las redes sociales ante el cierre injustificado de la dependencia de derechos humanos.
La organización humanitaria de familiares CODEFAM ha asegurado en su cuenta de Facebook que no permitirán que "los archivos sean destruidos, más ahora que se ha encendido la llama de la justicia por la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía. Hoy más que nunca continúan violentando los derechos humanos, exigimos que se nos devuelvan los expediente que son del pueblo".
A la protesta también asistieron activistas sociales y oenegés de derechos humanos que pidieron entrevistarse con Escobar Alas, sin obtener respuesta positiva. Familiares de las Víctimas de la Guerra han anunciado que pedirán a la Asamblea Legislativa, mediante una pieza de correspondencia, que intervenga en el resguardo de los archivos de Tutela, que según exempleados son cerca de 50 mil acumulados en 30 años de investigación y recepción de denuncias.
Tutela Legal fue fundada el 3 de mayo de 1982 por el Arzobispo Metropolitano Arturo Rivera y Damas, inspirada en la doctrina social de la Iglesia para trabajar en la investigación y promoción de los derechos humanos en El Salvador de la Guerra Civil. María Julia Hernández, una de sus directoras, promovió el primer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Después de su muerte asumió el relevo Ovidio Mauricio González.
¿Quién tendrá los archivos de la Guerra?
Ex-empleados de Tutela Legal han solicitado que los archivos de la Guerra Civil sean custodiados para evitar su desaparición, en momentos en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) estudia la legalidad de la Ley de Amnistía General de 1993. A la causa se ha sumado el presidente Mauricio Funes quien luego de inaugurar una escuela de educación especial en San Jacinto ha dicho que no puede "juzgar al Arzobispado de San Salvador, porque no sé las razones que llevaron a cerrarlo".
Abraham Ábrego sub director de FESPAD, propuso que los documentos pasen a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), la que a su vez puede darle seguimiento a algunos de las millares de denuncias de asesinatos, desapariciones y otros delitos perpetrados durante el Conflicto. Ha advertido, además, en la necesidad de resguardar los derechos laborales de los despedidos.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, ha anunciado que pedirá una reunión con Escobar Alas para ofrecer su apoyo en la preservación de los archivos, aunque si la solicitud es ignorada impulsará recursos legales para que el Estado intervenga en la custodia.
WOLA, institución internacional, con sede en Washington, que trabajó junto a Tutela Legal durante la guerra civil, expresó su preocupación ante el cierre y el destino de los documentos que "incluyen información crítica para las investigaciones criminales y de derechos humanos que examinan algunos de los casos aún no resueltos del pasado reciente".
Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) dijo que "independientemente de las razones que hayan provocado el cierre de Tutela Legal, ese hecho hay que verlos desde la perspectiva de las víctimas que se avocaron a denunciar; de las víctimas de antes, durante y después de la guerra pues siguen viviendo violaciones a los derechos humanos".
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