La comunidad internacional debe exigir un cese inmediato de toda intervención extranjera en los asuntos venezolanos y apoyar una solución pacífica de la crisis por el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro.
Cualquier otra llamada a la acción debe estar completamente fuera de la discusión hasta que todos los entrometidos se hayan retirado a sus propios asuntos, y hasta que se hayan tomado pasos concretos para defender el derecho de Venezuela a la autodeterminación.
No es que no haya inflación en Venezuela, o que la tasa de criminalidad no sea alarmante; los estudiantes venezolanos probablemente tienen quejas legítimas, y la escasez es sin duda un problema real para el pueblo venezolano. El problema es que mientras todos esos problemas son reales, de ninguna manera deben convertirse en justificación para que otros países, los Estados Unidos en particular, instiguen la violencia y el caos para derrocar a un gobierno elegido democráticamente.
La situación no es difícil de entender cuando nos probamos por un momento los zapatos de los venezolanos. Tomemos como ejemplo a los jóvenes estudiantes y egresados universitarios en los Estados Unidos; ellos se enfrentan a unas colegiaturas altísimas, y sólo para después entrar a un mercado laboral en estado de coma, en el cual compiten por puestos de trabajo no solo contra otros jóvenes, sino también contra una clase profesional subempleada que ha visto su sustento alzar vuelo hacia fuerzas laborales más baratas en el extranjero. Al mismo tiempo los estudiantes están ahogados en deudas de préstamo estudiantil. Vale notar una diferencia clave entre los estudiantes universitarios venezolanos y los estadounidenses, la cual es que no existe ningún poderoso gobierno extranjero proporcionando capacitación y fondos, en los millones de dólares, para lanzar estudiantes a la calle para formar parte de un plan violento para derrocar al gobierno. ¡Imagínese la respuesta del gobierno de Estados Unidos si eso sucediera aquí!
Pensemos por un momento en la afirmación de que el gobierno de Nicolás Maduro es antidemocrático y anticonstitucional. ¿Acaso no importa que no han pasado ni tres meses desde que el partido gobernante obtuvo una victoria masiva contra la oposición en las elecciones municipales? ¿No cuenta que el Partido Socialista Unido haya ganado 18 elecciones, y perdido sólo una, en los últimos 15 años? ¿No tiene peso que el Presidente Jimmy Carter, quien ha supervisado elecciones en 92 países diferentes, haya llamado al sistema electoral venezolano "el mejor del mundo"?
Las violentas protestas en Venezuela no representan una defensa de la democracia, sino un ataque contra ella.
Suena superficial y cínico cuando el secretario de Estado estadounidense John Kerry pide al Presidente Maduro, por declaración oficial, que libere a todos los presos políticos para empezar un diálogo. ¿Acaso no ha oído hablar el secretario Kerry de Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, Chelsea Manning, o de los prisioneros de la "Guerra Antiterrorismo" mantenidos ilegalmente en Guantánamo y otros lugares en la red oscura del Gulag estadounidense? ¿Cómo puede el secretario Kerry conciliar su llamada al Presidente Maduro con los 1.5 millones de personas en su propio país a quienes se les niega el derecho al voto a causa de los errores del pasado, o con los 2.5 millones de estadounidenses atrapados en el Complejo Industrial de Prisiones estadounidense, en su mayoría gente negra? ¿Sabrá el secretario Kerry que el cumplimiento de Estados Unidos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está siendo verificado por las Naciones Unidas?
La narrativa de la cruda y desmedida represión gubernamental se ve constantemente exacerbada por fotos de Twitter, historias en Facebook y videos de YouTube, entre otras formas de cobertura de medios sociales, y luego se divulga sin ser verificada como la realidad cruel y desesperada de los venezolanos. La divulgación de esta "realidad" encuentra su máxima expresión en forma de súplica a la comunidad internacional para intervenir.
Los verdaderos problemas que enfrenta Venezuela, los levantamientos financiados por EE.UU., la subsiguiente violencia, la respuesta del gobierno venezolano, el espejismo de los medios de comunicación corporativos y de las redes sociales, la declaración oficial de Estados Unidos, la súplica del "pueblo" por ayuda, y la resultante "intervención humanitaria", son todas piezas de un plan de conquista de Estados Unidos. El resultado final es la instalación de un presidente servil a los intereses norteamericanos, lo cual no es la democracia, sino su fin.
La mejor manera de ayudar a Venezuela es exigir que nuestro propio gobierno deje de interferir en los asuntos de ese país. Esa postura no es una de apoyo al gobierno de Venezuela, ni de indiferencia hacia los problemas reales que enfrenta su pueblo, es una actitud de comprensión y respeto al derecho de otras naciones a la autodeterminación.
Después de todo, tenemos un largo camino por recorrer antes de alcanzar una democracia real aquí en Estados Unidos, y si creemos que tenemos el derecho de llegar allí sin intervención extranjera, entonces debemos defender el mismo derecho para el pueblo venezolano.