San Salvador - Visto el país como un edificio de cuatro niveles donde su población habita, hay asuntos que son esenciales para una convivencia digna y armónica dentro del mismo. Pero existe un serio problema cuando la gente que ocupa el primero de los pisos o está en la calle, piensa que esos son temas que no tienen nada que ver con su existencia y -por tanto- no le toca participar en lo que deciden sobre los mismos allá en la suite principal y en la segunda planta. Eso pasa muchas veces cuando se trata de asignar cargos estatales, entre los cuales se encuentra uno muy importante: el de Fiscal General de la República.
Cuando más o menos cada tres años se discute, como en estos días, quién debe dirigir la Fiscalía durante un mínimo de tres años -que es lo que dura el período normal de su titular- no es raro escuchar a nuestro alrededor o en los comentarios del público en los medios, expresiones como las siguientes: es un asunto de abogados, a mí no me da de comer el Fiscal, de todas maneras de nada sirve pues no cambia nada, eso es pura política y la política es sucia.
En buena medida, esa comprensible apatía social permite que los partidos en la Asamblea Legislativa y los grupos de poder económico, político, social, militar y demás especies que están detrás, coloquen a quien mejor les convenga para proteger sus privilegios y mantener vigente la falta de castigo para los responsables de delitos graves cometidos antes, durante y después de la guerra. ¡Sí! Por eso, el peso de la Fiscalía ha sido enorme y determinante para que se haya extendido el mal común y permanezca aún en el país. Tras el término de los combates, fue sometida a un proceso de reformas; sin embargo, de entonces a la fecha, la constante más evidente del desempeño fiscal ha sido la de esa lógica perversa -la de proteger al poder- y no la del cumplimiento de su misión que tiene que ver con el bien común.
Más allá de algunas acciones impulsadas por ciertos grupos de diverso tipo, como los "aliados por la democracia" que no todos han sido nada demócratas, ¿por qué se habla de una "comprensible apatía" de la sociedad? Pues, al menos, por dos razones. Porque la mayor parte de las personas no tiene la menor idea sobre las funciones de la entidad, es una. La otra: porque aun sabiendo cuáles son sus obligaciones constitucionales y legales, su actuar no inspira confianza; por el contrario, más bien desalienta la denuncia ciudadana. Dicho en pocas palabras: o no se sabe nada para qué sirve la Fiscalía o se sabe que no sirve de nada.
Por ello, es importante no pecar de ignorancia y conocer bien qué es la Fiscalía General de la República, cuáles son sus alcances y limitaciones, cómo ha funcionado hasta ahora y -sobre todo- qué influencia positiva o negativa puede tener en la vida cotidiana de la llamada "gente de a pie", dependiendo quién la conduzca y con cuántos recursos cuente.
Como parte del Ministerio Público junto con las dos procuradurías, tanto la General de la República como la creada en 1992 para proteger los derechos humanos, la Fiscalía debe cumplir con independencia sus obligaciones. De las mismas, destacan: defender los intereses estatales y de la sociedad; garantizar el respeto de la ley, iniciando la acción de la justicia cuando es violada por quien sea; dirigir la investigación del delito con la colaboración policial, sin salirse del marco legal; impulsar la acción penal por iniciativa propia o cuando las víctimas lo pidan; representar al Estado en cualquier juicio y cuando compre determinados bienes; y garantizar que cuando el Estado dé su consentimiento a otro ente para el manejo de algo, como el Puerto de Cutuco, se cumplan todos los requisitos y fines de dicha concesión.
Además, la Fiscalía debe defender el tesoro público y los recursos naturales, el patrimonio cultural y todos los bienes estatales; también intervenir para que funcionarios y empleados públicos o municipales respondan civil, penal o administrativamente, cuando deban hacerlo y ante quien deban hacerlo sin distinción alguna. Para ejercer esas y todas las funciones a su cargo, el Fiscal General posee un inmenso poder que en otros países de la región -como Guatemala y Costa Rica, por ejemplo- ha servido hasta para arrestar y procesar a ex presidentes de la República.
Acá, eso nunca ha ocurrido. Sin embargo, de ser elegida una persona que además de los requisitos constitucionales establecidos -salvadoreña, seglar, mayor de treinta y cinco años, profesional del Derecho, de moralidad y competencia "notorias"...- tenga independencia y valentía para cumplir su misión constitucional, las cosas podrían comenzar a cambiar en el país. Por temor a eso, a la fecha cada partido y sus respectivos dueños pujan por nombrar a quien mejor defienda sus intereses y no los del país.
A final de cuentas, tras semanas y hasta meses de discusiones y negociaciones secretas en medio de los torcidos pasillos legislativos y los de Casa Presidencial, terminan colocando a quien no toque lo intocable aunque se empeore más la ya deteriorada calidad de vida de las mayorías populares; aunque se machuque más su fe en la ley, su confianza en las entidades responsables de asegurar que se respete y su esperanza en un cambio real para mejorar.
Y si eligieran a alguien distinto, ¿qué pasaría? Más allá de las promesas iniciales que siempre ofrece la persona agraciada, se estaría ante la posibilidad cierta de que las víctimas de antes, durante y después de la guerra pudieran ver realizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como lo está hace Claudia Paz en la vecina Guatemala. Porque el artículo 18 de la Ley orgánica de la Fiscalía salvadoreña, en su literal "g", manda a la institución y a su titular representar a todas las víctimas para garantizar todos sus derechos. De ocurrir eso, además, se enviaría un claro mensaje a los criminales comunes y a los de "altos vuelos": ¡Se acabó! No más impunidad!
También podría investigar, procesar y condenar a corruptos que manosean las licitaciones, roban a manos llenas en las arcas estatales o eluden y evaden el pago de enormes sumas de dinero que deberían ingresar como impuestos a la hacienda pública. Con un buen Fiscal General, ese saqueo debería comenzar a frenarse; además, los dineros apropiados indebidamente podrían regresar a su legítimo dueño: el pueblo. Y eso se traduciría -con un buen Gobierno central- en educación de calidad y servicios de salud incluyentes, eficientes y suficientes, así como en mejores condiciones para generar empleos decentes.
Se comenzaría a garantizar, asimismo, una seguridad ciudadana incuestionable. No sobre la base de "treguas" entre agrupaciones criminales, sino a partir de una inteligente investigación y una valiente represión a las cabezas del crimen organizado; esas tareas esenciales de la Fiscalía se podrían coordinar y complementar con la prevención oportuna de la delincuencia, la rehabilitación cierta de las personas privadas de libertad y su estable inserción o reinserción a la vida productiva. Así, la población más vulnerable comenzaría a sentirse aliviada por la baja de las extorsiones, los robos y demás delitos que -al día de hoy- incrementan sus angustias y sufrimientos.
¿A quién quiere Usted, pues, al frente de la Fiscalía General? ¿A alguien que responda al clamor de las mayorías populares o a una persona comprometida con ciertos grupos, minoritarios pero muy poderosos? Si es lo segundo, siga sin interesarse en este asunto. Pero si es lo primero, coméntelo con su familia y sus vecinos, en su trabajo, exija que se discuta en sus iglesias... En fin, hágalo con quien pueda de este pueblo que sigue sufriendo por las muerte lentas y violentas que lo mantienen crucificado; júntense con la gente que está igual o peor para lograr -con pasión, organización y acción- que ya no le arruinen la vida los "mesías" en el tercero y cuarto piso de este edificio que habitamos, llamado El Salvador.
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(*) Defensor de Derechos Humanos y columnista de ContraPunto