El 15 de abril de 1989, noventa y seis fanáticos de los "rojos" del Liverpool fallecieron en una avalancha humana dentro del estadio de Hillsborough, en la inglesa ciudad de Sheffield. Cuando esa tragedia ocurrió, en El Salvador faltaban menos de ocho meses para que la insurgencia lanzara su mayor operativo militar contra el Gobierno de la época; el 16 de noviembre, a cinco días del inicio de esa ofensiva llamada "Hasta el tope", fueron ejecutadas ocho personas civiles indefensas en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA): una mujer, su hija y seis sacerdotes. Ambos hechos conmovieron al mundo entero y tras los mismos se realizaron condenables esfuerzos oficiales por engañar a la opinión pública, a fin de ocultar la verdad y proteger a sus responsables. Pero el curso de los acontecimientos, a veintitrés años de distancia, marca una clara diferencia entre uno y otro.
En cuanto a las reprochables muertes ocurridas durante el encuentro futbolístico entre el mencionado equipo y el Nottingham Forest, el primer ministro británico acaba de ofrecer disculpas a las familias dolientes que nunca aceptaron se responsabilizara a las víctimas de semejante desastre. En efecto, con el informe final de una investigación seria en mano, David Cameron les dijo en la Cámara de los Comunes que habían sufrido una "doble injusticia". La primera: el fracaso estatal al no proteger a sus seres queridos; la segunda: haber tenido que soportar una "espera indefendible para obtener la verdad", así como el que sus muertos hayan sido denigrados.
Esa ansiada verdad para restaurar la dignidad de dichas víctimas, la estableció una comisión independiente que encabezó James Jones -obispo de Liverpool- tras revisar numerosos documentos oficiales secretos y descubrir, entre otras arbitrariedades, la alteración de más de cien declaraciones de policías que culpaban a su institución; también se reveló la falta de una rápida reacción de los servicios de emergencias, en auxilio de personas heridas que pudieron ser salvadas. Ahora, el equivalente a la figura del Fiscal General de la República salvadoreño examinará el informe final de la citada comisión investigadora; ello, para determinar si solicita a la justicia británica anular la investigación judicial anterior y se proceda como es debido.
Mientras eso ocurre allá, acá se mantiene la conspiración estatal para continuar protegiendo a los principales responsables de la masacre en la UCA, sin importar los costos. El año pasado, el 7 de agosto les brindaron un escondite seguro a nueve militares señalados por la justicia universal como partícipes en la misma; luego, con las excepciones de rigor, la mayoría de integrantes de una infame Corte Suprema de Justicia decidió -sin vergüenza alguna- que las órdenes de captura internacionales conocidas como "alertas roja" no eran para eso, sino simplemente para su "localización". Al siguiente mes, la Policía Nacional Civil recibió cinco "alertas rojas" más; al igual que lo ocurrido con las anteriores, la corporación policial no detuvo a los imputados y la Corte repitió su indebida actuación.
¿Quién era entonces el ministro de la Defensa Nacional en esa época? El general David Murguía Payés. ¿Y quién era su jefe? Mauricio Funes, cual flamante comandante general de la Fuerza Armada. Además, Funes era jefe del director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y tuvo la posibilidad cierta de honrar su palabra, pero no lo hizo. En esos días, cuatro después de haberse refugiado en la sede de la antigua Guardia Nacional los nueve dichosos militares, el diario digital ContraPunto publicó una entrevista en la cual Víctor Flores -periodista salvadoreño radicado en México- le formuló la siguiente interrogante: "¿Usted extraditaría a los militares que son procesados en la España por el caso de los jesuitas?"
La respuesta de Funes fue: "Con o sin amnistía, si la orden de detención decretada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Española se hace efectiva en el país, esos jefes miliares van a tener que ser detenidos por la Policía, siguiendo un procedimiento que viene desde la Interpol y vamos a tener que solicitar la autorización de la Corte Suprema de Justicia para decidir si se pueden o no extraditar. Así es". ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde nos perdimos? ¿Por qué no los capturó la PNC, independientemente de lo que luego decidieran en una Corte a la cual lo de "suprema" y de "justicia" le queda demasiado grande?
Cabe recordar que en el veinte aniversario de la masacre en la UCA, en Casa Presidencial entregó seis condecoraciones a los sacerdotes asesinados; no así a Julia Elba Ramos y su hija Celina, de quienes dijo que reconocía su trabajo humilde y sencillo "de acompañamiento a las victimas". Tanto o más fueron víctimas estas dos mujeres cuyas ejecuciones, junto a las de los seis jesuitas, son crímenes atroces que siguen sin que la verdad oficial se haya establecido y mucho menos se haya sancionado a sus principales responsables.
Pero al tiempo que el premier inglés ofrecía unas disculpas oficiales, el coronel Inocente Orlando Montano aceptaba ante un juez estadounidense ser culpable de seis delitos: tres de fraude inmigratorio y tres de perjurio. Simple y sencillamente negó haber pertenecido a la Fuerza Armada de El Salvador, ocultando así su responsabilidad en la masacre ocurrida en la UCA y también en otros hechos. El 18 de diciembre próximo, Montano comparecerá ante el mismo funcionario judicial para escuchar la sentencia. Y todo indica que se iniciarán los trámites para su extradición y comparecencia ante la Audiencia Nacional de España, donde están siendo procesados él y algunos de sus compañeros en el alto mando castrense.
¿Estará dispuesto Funes a exigir dicha extradición a las autoridades estadounidenses? ¿O solo se quedará con lo que dijo en su discurso el pasado sábado 15 de septiembre: que pidió perdón "por el crimen de los sacerdotes jesuitas", cuando durante la entrega de las condecoraciones nunca mencionó ni esa palabra ni ofreció disculpas, más que por la ausencia de su esposa en el evento? Dejando atrás la retórica abundante con la que se ha manejado ante estas deudas históricas para con las víctimas, ¿dará ese paso? ¿O creerá que con su palabrería logra que perdamos la memoria?
Porque, además, presumió el día de la "independencia" de haberle mostrado "al mundo que El Salvador ya no era el país que violaba los derechos humanos y se negaba a reconocerlo. Todo lo contrario: El Estado salvadoreño reestablecería la democracia plena y reconocía sus crímenes del pasado para no volver nunca más a transitar por ese camino". Simpáticos conceptos maneja en estos ámbitos cuando a las víctimas les negó la posibilidad de obtener justicia, incluso teniendo en sus manos las órdenes de captura internacionales de un grupo de imputados por hechos criminales. ¿O debe entenderse que reconocer lo ocurrido hace casi veintitrés años, permite esconder a sus responsables en lugar de detenerlos? ¿Es así como se respetan los derechos humanos y la democracia?
Por esos antecedentes, ¿estará dispuesto a hacer, en el caso de la extradición de Montano a España, lo que con el pretexto de una amnistía que ya va a cumplir dos décadas nadie ha hecho: enfrentar con valentía una impunidad fortalecida después del fin de la guerra? Y es que con ese coronel puesto ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional de España, el proceso continuará hasta culminar con una probable condena que alcanzaría para el resto de imputados y, quizás, hasta para otros que aún no lo son. Porque es la justicia para las víctimas de antes, durante y después de la guerra -tanto de violaciones de derechos humanos como de la corrupción y el crimen organizado- lo que nunca se ha intentado en serio y lo que es en definitiva el camino para salvar a El Salvador.
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