Los avances recientes en materia de transparencia presupuestaria a nivel federal nos obligan a ver hacia otro lado: los gobiernos estatales y municipales. Ahí también es necesario trabajar para mejorar la rendición de cuentas. Un ejercicio innovador en Querétaro nos revela que en México todavía hay mucho por hacer a nivel sub-nacional.
En junio de 2012, CIMTRA y Locallis, en colaboración con Article 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, llevaron a cabo la primera investigación sobre gasto en publicidad oficial a nivel municipal. Para ello, se solicitó a los 18 municipios del estado sus gastos en este rubro, con todo y el desglose y facturas de los mismos. Es decir, se les requirió el monto que destinaron en 2011 para difundir e informar en los medios, a la ciudadanía, sobre las políticas públicas, programas, servicios y acciones que realizaron. ¿Cuál fue el resultado de este singular e intrépido ejercicio? Desafortunadamente, fue negativo y decepcionante: 61% de los municipios no proporcionó la información requerida, 28% brindó datos incompletos y sólo 11% cumplió satisfactoriamente con la solicitud. Los únicos municipios que presentaron toda la información fueron Huimilpan y Cadereyta (ilustrado en la foto).
El hecho de que un porcentaje tan alto de municipios en el estado no cumplió inquieta. Existen cuatro municipios pequeños (con menos de 25 mil habitantes) que muy probablemente no cuentan con la infraestructura técnica para hacer frente a las solicitudes de información; ya que en efecto, no brindaron dato alguno. Hay otros dos, también pequeños (entre 25 y 27 mil habitantes) que tampoco cumplieron en términos generales (sólo uno de ellos contestó dos de las cinco solicitudes formuladas). Habría que ver, cómo se puede apoyar a estos municipios para aumentar su margen de respuesta.
Sin embargo, diversos municipios, con mayor capacidad institucional, no respondieron a la solicitud de información. Tal es el caso de Tequisquiapan y Colón, que simplemente no brindaron la información requerida. Otro municipio con prácticas preocupantes es Querétaro, el más habitado y desarrollado del estado, que sólo brindó información de un aspecto de los cinco que se le requirieron. Además, Querétaro es por mucho el municipio que más gasta en publicidad oficial (alrededor de 54 millones pesos en el 2011, mientras que el segundo municipio con mayor gasto ejerció alrededor de 5.8 millones de pesos). Sin duda, las cifras nos ponen a pensar, sobre todo cuando comparamos los gastos con otras opciones. Por ejemplo, una escuela pública con capacidad para 100 niños cuesta alrededor de 10 millones de pesos.
Otro aspecto que se deriva de este ejercicio es que la mayoría de los municipios termina gastando más en publicidad oficial de lo que originalmente se había programado y aprobado en el presupuesto. En 2011, sólo 12 municipios proporcionaron información del gasto realmente ejercido. De estos, nueve gastaron más en publicidad oficial de lo que en un principio se habían previsto. Las preguntas obligadas en este sentido son: ¿vale la pena ese gasto? ¿Está contribuyendo para informar a los ciudadanos y aumentar la libertad de expresión?
Finalmente, el reporte detalla que cinco municipios manifestaron no contar con un documento que establezca criterios con base a los cuales se asigne la publicidad oficial a los medios de comunicación; mientras que ocho más proporcionaron ciertos criterios para la asignación. Sin embargo, ningún municipio presentó un documento oficial específico, sino que se transcribieron los criterios directamente en la respuesta a la solicitud de información. Esto se podría prestar a discrecionalidad en el uso de los recursos asignados a publicidad oficial.
Este ejercicio nos señala que por un lado hay que seguir trabajando para aumentar la cultura de la transparencia en los gobiernos locales, y por otro, en regular el tema de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Específicamente, debe quedar claro cómo se asignan los recursos para este rubro: ¿con base a qué criterios? Los documentos oficiales, tanto el presupuesto como la cuenta pública, deben contener información precisa sobre el gasto aprobado y ejercido realmente en este tema.
Las modificaciones propuestas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, si bien incluyen por primera vez que el presupuesto de egresos en todos los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal e incluso delegacional) debe contener la información sobre el gasto en comunicación social, dejan de lado la necesidad de requerir el desglose de esta información. ¿Existirán las condiciones en el futuro reciente para corregir esto? ¿Con lo estipulado en la ley empezarán los gobiernos a reportar este gasto adecuadamente? ¿O a pesar de la ley continuarán encontrando formas de no presentar la información? Vamos a ver a dónde nos lleva la marea de la transparencia presupuestaria y el nuevo contexto que viviremos con el cambio de gobierno.]]>
