Benjamín Cuéllar2013-05-24T21:04:14-04:00Benjamín Cuéllarhttp://www.voces.huffingtonpost.com/author/index.php?author=benjamin-cuellarCopyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc.HuffingtonPost Blogger Feed for Benjamín CuéllarGood old fashioned elbow grease.Ética y estéticatag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.21391202012-11-17T09:30:00-05:002013-01-17T05:12:01-05:00Benjamín Cuéllarhttp://www.huffingtonpost.com/benjamin-cuellar/
En el diccionario, se dice de la ética que es el conjunto de normas morales que rige la conducta humana; además, señala que ética es la persona recta que actúa conforme a la moral. Y de la estética determina que es la armonía y apariencia agradable a la vista que tiene alguien o algo, desde el punto de vista de la belleza. Considerando ambos términos, al examinar el estado en que se encuentra veinte años después del fin de la guerra,
El Salvador debería darnos vergüenza. O, más bien, deberían tener un poco de vergüenza quienes han conducido el Estado salvadoreño -desde sus poderes visibles e invisibles- a lo largo de esas dos décadas. Y es que hoy, sobre la ética y la estética están el fuerte, pudiente y omnipotente, que genera directa o indirectamente muerte lenta y violenta para regar el suelo patrio con angustia y dolor, para cubrirlo con sangre y terror.
Ese es El Salvador de hoy, que otra vez se aprestó a conmemorar y conmemoró el que debería ser su día nacional: el de los "fieles difuntos". Porque muerta está ya Helene Stephany Arias Moreno, joven de veinte años que desapareció el recién pasado martes a medio día y por quien sus captores después exigieron dinero para regresarla al seno de su familia. Y eso que en el país ya fue erradicado el secuestro, según quienes decían y dicen ser sus autoridades; claro que sí, si se mira desde su perspectiva que es la de gobernar para arriba mientras la gente de abajo sigue llorando a sus víctimas.
Esta estudiante universitaria, al igual que la atleta Alisson Renderos hace unos meses, no fue víctima del ridículamente mal llamado "bullying"; eso, que en "buen cristiano" es simple y sencillamente el acoso escolar, no fue lo que llevó luto y pesar a esas dos familias. La tragedia de Helene y Alisson, la misma de tanta población estudiantil asesinada y desaparecida, es fruto de un Estado incapaz de funcionar en favor del bien común al tener una Asamblea Legislativa que no quiere ni puede nombrar un buen Fiscal General de la República, independiente y dotado de los recursos suficientes; pero, sobre todo, valiente.
Y con un Ejecutivo que no ejerce el liderazgo necesario para unir al país en torno a sus problemas más graves, como lo son la muerte lenta y la muerte violenta que pululan en El Salvador de allá abajo; que pide perdones generales a las víctimas, pero que perdona a generales victimarios; que permite le desobedezcan, al seguir en el muro del cuartel el nombre del asesino de El Mozote y dejar que se siga ofendiendo la dignidad de quienes sufrieron las atrocidades que ese mandó cometer; que no articula políticas públicas eficaces para prevenir y perseguir al delincuente, sin importar su condición económica y social; que no brinda seguridad a toda la población sin distingo, pero que se ufana de apoyar grotescos "golpes a la criminalidad" mediante el desalojo -literalmente ardiente- del ambulantaje en el centro capitalino con la participación policial.
A lo anterior hay que agregar una justicia rastrera, salvo honrosas excepciones entre sus operadores. Justicia que sigue siendo como el campesino le dijo a monseñor Romero: una serpiente que solo muerde al descalzo; justicia que no alcanza a ser como la muerte, de la cual -recordando a Montesquieu- nadie se escapa. Justicia sumergida y ahogada en el mar de la impunidad fortalecida hace casi veinte años, tras el cierre y archivo del informe de la Comisión de la Verdad para darle paso al primer irrespeto de su espíritu y su letra: la aprobación de una infame ley de amnistía que legitimó las prácticas denunciadas y condenadas por el mismo. Por ello, al igual que antes, en este El Salvador se sigue matando individual y colectivamente; también se sigue torturando y desapareciendo.
Y en estas dos décadas, hay una víctima más de la cual casi nadie habla: la esperanza. A esa, se han encargado de matarla a pausas quienes se jactan de ser la "clase política" nacional y no son más que politiqueros sin nada de "clase". Porque en el país, extinta está en la política la belleza a la que Aute le canta cuando nos pide mirar a los políticos baratos "como reptiles, al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión" y -sin importar a quien atropellan- encaramados y corriendo por las vías que los "conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición". A esos que antes eran "profetas y ahora el éxito es su meta"; a esos mercaderes y traficantes que, "más que nausea, dan tristeza" porque "no rozaron ni un instante la belleza..." A esos hay que sumar otros poderes que tienen iguales o mayores responsabilidades, por ser quienes están fuera del escenario manejando los hilos para hacer bailar a sus marionetas al son que les tocan.
Ética y moral, estética y belleza... ¡Qué lejos están de este país! La exclusión social la quieren esconder bajo los escombros que dejan a su paso los tractores, pretendiendo después llevársela para dar paso a recurrentes ejercicios de cosmetología política y mediática. La Unidad Antimotines y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos ocupan el lugar de la inteligencia policial y la investigación fiscal, para hacernos creer que el crimen organizado está en camino de extinción. La inconstitucional e ilegal campaña electoral de cualquier sabor y color se convierte en el cuerno de la abundancia a derrochar, mientras allá -en lo profundo de esta tierra- el hambre y la sangre se pasean.
Seguimos viendo cuántos se valen de los fines para aprovecharse de los medios y llevarse su porción, tal como canta Delgadillo; pero, como él mismo nos propone, comencemos a cerrar los caminos cuando aquel que nos los muestre vaya cambiando de opinión. Cerrémosle los caminos a los palabreros mediáticos y políticos que antes denunciaban los males y hoy los justifican o pretenden vendernos que ya se están superando. De seguro lo harán, ocupando el caso de Helene Stephany Arias Moreno. Como en el de Alisson Renderos, dirán que los resolvieron bien y que no quedaron en la impunidad.
Cierto. Cuando la presión de la sociedad a través de las "redes" los atosiga, trabajan; también cuando la víctima es "don fulano de tal". Como no tenemos el dinero que tiene la familia de este último, hagamos lo que nos toca: organicémonos, reclamemos, rebelémonos, ejerzamos con imaginación y creatividad el poder de un pueblo que -hasta hoy- se encuentra dormido y en estos veinte años solo ha despertado de vez en cuando.
]]>¿Y qué con la Fiscalía?tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.19305902012-10-03T11:40:37-04:002012-12-03T05:12:02-05:00Benjamín Cuéllarhttp://www.huffingtonpost.com/benjamin-cuellar/
San Salvador - Visto el país como un edificio de cuatro niveles donde su población habita, hay asuntos que son esenciales para una convivencia digna y armónica dentro del mismo. Pero existe un serio problema cuando la gente que ocupa el primero de los pisos o está en la calle, piensa que esos son temas que no tienen nada que ver con su existencia y -por tanto- no le toca participar en lo que deciden sobre los mismos allá en la suite principal y en la segunda planta. Eso pasa muchas veces cuando se trata de asignar cargos estatales, entre los cuales se encuentra uno muy importante: el de Fiscal General de la República.
Cuando más o menos cada tres años se discute, como en estos días, quién debe dirigir la Fiscalía durante un mínimo de tres años -que es lo que dura el período normal de su titular- no es raro escuchar a nuestro alrededor o en los comentarios del público en los medios, expresiones como las siguientes: es un asunto de abogados, a mí no me da de comer el Fiscal, de todas maneras de nada sirve pues no cambia nada, eso es pura política y la política es sucia.
En buena medida, esa comprensible apatía social permite que los partidos en la Asamblea Legislativa y los grupos de poder económico, político, social, militar y demás especies que están detrás, coloquen a quien mejor les convenga para proteger sus privilegios y mantener vigente la falta de castigo para los responsables de delitos graves cometidos antes, durante y después de la guerra. ¡Sí! Por eso, el peso de la Fiscalía ha sido enorme y determinante para que se haya extendido el mal común y permanezca aún en el país. Tras el término de los combates, fue sometida a un proceso de reformas; sin embargo, de entonces a la fecha, la constante más evidente del desempeño fiscal ha sido la de esa lógica perversa -la de proteger al poder- y no la del cumplimiento de su misión que tiene que ver con el bien común.
Más allá de algunas acciones impulsadas por ciertos grupos de diverso tipo, como los "aliados por la democracia" que no todos han sido nada demócratas, ¿por qué se habla de una "comprensible apatía" de la sociedad? Pues, al menos, por dos razones. Porque la mayor parte de las personas no tiene la menor idea sobre las funciones de la entidad, es una. La otra: porque aun sabiendo cuáles son sus obligaciones constitucionales y legales, su actuar no inspira confianza; por el contrario, más bien desalienta la denuncia ciudadana. Dicho en pocas palabras: o no se sabe nada para qué sirve la Fiscalía o se sabe que no sirve de nada.
Por ello, es importante no pecar de ignorancia y conocer bien qué es la Fiscalía General de la República, cuáles son sus alcances y limitaciones, cómo ha funcionado hasta ahora y -sobre todo- qué influencia positiva o negativa puede tener en la vida cotidiana de la llamada "gente de a pie", dependiendo quién la conduzca y con cuántos recursos cuente.
Como parte del Ministerio Público junto con las dos procuradurías, tanto la General de la República como la creada en 1992 para proteger los derechos humanos, la Fiscalía debe cumplir con independencia sus obligaciones. De las mismas, destacan: defender los intereses estatales y de la sociedad; garantizar el respeto de la ley, iniciando la acción de la justicia cuando es violada por quien sea; dirigir la investigación del delito con la colaboración policial, sin salirse del marco legal; impulsar la acción penal por iniciativa propia o cuando las víctimas lo pidan; representar al Estado en cualquier juicio y cuando compre determinados bienes; y garantizar que cuando el Estado dé su consentimiento a otro ente para el manejo de algo, como el Puerto de Cutuco, se cumplan todos los requisitos y fines de dicha concesión.
Además, la Fiscalía debe defender el tesoro público y los recursos naturales, el patrimonio cultural y todos los bienes estatales; también intervenir para que funcionarios y empleados públicos o municipales respondan civil, penal o administrativamente, cuando deban hacerlo y ante quien deban hacerlo sin distinción alguna. Para ejercer esas y todas las funciones a su cargo, el Fiscal General posee un inmenso poder que en otros países de la región -como Guatemala y Costa Rica, por ejemplo- ha servido hasta para arrestar y procesar a ex presidentes de la República.
Acá, eso nunca ha ocurrido. Sin embargo, de ser elegida una persona que además de los requisitos constitucionales establecidos -salvadoreña, seglar, mayor de treinta y cinco años, profesional del Derecho, de moralidad y competencia "notorias"...- tenga independencia y valentía para cumplir su misión constitucional, las cosas podrían comenzar a cambiar en el país. Por temor a eso, a la fecha cada partido y sus respectivos dueños pujan por nombrar a quien mejor defienda sus intereses y no los del país.
A final de cuentas, tras semanas y hasta meses de discusiones y negociaciones secretas en medio de los torcidos pasillos legislativos y los de Casa Presidencial, terminan colocando a quien no toque lo intocable aunque se empeore más la ya deteriorada calidad de vida de las mayorías populares; aunque se machuque más su fe en la ley, su confianza en las entidades responsables de asegurar que se respete y su esperanza en un cambio real para mejorar.
Y si eligieran a alguien distinto, ¿qué pasaría? Más allá de las promesas iniciales que siempre ofrece la persona agraciada, se estaría ante la posibilidad cierta de que las víctimas de antes, durante y después de la guerra pudieran ver realizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como lo está hace Claudia Paz en la vecina Guatemala. Porque el artículo 18 de la Ley orgánica de la Fiscalía salvadoreña, en su literal "g", manda a la institución y a su titular representar a todas las víctimas para garantizar todos sus derechos. De ocurrir eso, además, se enviaría un claro mensaje a los criminales comunes y a los de "altos vuelos": ¡Se acabó! No más impunidad!
También podría investigar, procesar y condenar a corruptos que manosean las licitaciones, roban a manos llenas en las arcas estatales o eluden y evaden el pago de enormes sumas de dinero que deberían ingresar como impuestos a la hacienda pública. Con un buen Fiscal General, ese saqueo debería comenzar a frenarse; además, los dineros apropiados indebidamente podrían regresar a su legítimo dueño: el pueblo. Y eso se traduciría -con un buen Gobierno central- en educación de calidad y servicios de salud incluyentes, eficientes y suficientes, así como en mejores condiciones para generar empleos decentes.
Se comenzaría a garantizar, asimismo, una seguridad ciudadana incuestionable. No sobre la base de "treguas" entre agrupaciones criminales, sino a partir de una inteligente investigación y una valiente represión a las cabezas del crimen organizado; esas tareas esenciales de la Fiscalía se podrían coordinar y complementar con la prevención oportuna de la delincuencia, la rehabilitación cierta de las personas privadas de libertad y su estable inserción o reinserción a la vida productiva. Así, la población más vulnerable comenzaría a sentirse aliviada por la baja de las extorsiones, los robos y demás delitos que -al día de hoy- incrementan sus angustias y sufrimientos.
¿A quién quiere Usted, pues, al frente de la Fiscalía General? ¿A alguien que responda al clamor de las mayorías populares o a una persona comprometida con ciertos grupos, minoritarios pero muy poderosos? Si es lo segundo, siga sin interesarse en este asunto. Pero si es lo primero, coméntelo con su familia y sus vecinos, en su trabajo, exija que se discuta en sus iglesias... En fin, hágalo con quien pueda de este pueblo que sigue sufriendo por las muerte lentas y violentas que lo mantienen crucificado; júntense con la gente que está igual o peor para lograr -con pasión, organización y acción- que ya no le arruinen la vida los "mesías" en el tercero y cuarto piso de este edificio que habitamos, llamado El Salvador.
(*) Defensor de Derechos Humanos y columnista de ContraPunto]]>Hablando de perdones y disculpastag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.18942522012-09-20T11:24:12-04:002012-11-20T05:12:01-05:00Benjamín Cuéllarhttp://www.huffingtonpost.com/benjamin-cuellar/
El 15 de abril de 1989, noventa y seis fanáticos de los "rojos" del Liverpool fallecieron en una avalancha humana dentro del estadio de Hillsborough, en la inglesa ciudad de Sheffield. Cuando esa tragedia ocurrió, en El Salvador faltaban menos de ocho meses para que la insurgencia lanzara su mayor operativo militar contra el Gobierno de la época; el 16 de noviembre, a cinco días del inicio de esa ofensiva llamada "Hasta el tope", fueron ejecutadas ocho personas civiles indefensas en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA): una mujer, su hija y seis sacerdotes. Ambos hechos conmovieron al mundo entero y tras los mismos se realizaron condenables esfuerzos oficiales por engañar a la opinión pública, a fin de ocultar la verdad y proteger a sus responsables. Pero el curso de los acontecimientos, a veintitrés años de distancia, marca una clara diferencia entre uno y otro.
En cuanto a las reprochables muertes ocurridas durante el encuentro futbolístico entre el mencionado equipo y el Nottingham Forest, el primer ministro británico acaba de ofrecer disculpas a las familias dolientes que nunca aceptaron se responsabilizara a las víctimas de semejante desastre. En efecto, con el informe final de una investigación seria en mano, David Cameron les dijo en la Cámara de los Comunes que habían sufrido una "doble injusticia". La primera: el fracaso estatal al no proteger a sus seres queridos; la segunda: haber tenido que soportar una "espera indefendible para obtener la verdad", así como el que sus muertos hayan sido denigrados.
Esa ansiada verdad para restaurar la dignidad de dichas víctimas, la estableció una comisión independiente que encabezó James Jones -obispo de Liverpool- tras revisar numerosos documentos oficiales secretos y descubrir, entre otras arbitrariedades, la alteración de más de cien declaraciones de policías que culpaban a su institución; también se reveló la falta de una rápida reacción de los servicios de emergencias, en auxilio de personas heridas que pudieron ser salvadas. Ahora, el equivalente a la figura del Fiscal General de la República salvadoreño examinará el informe final de la citada comisión investigadora; ello, para determinar si solicita a la justicia británica anular la investigación judicial anterior y se proceda como es debido.
Mientras eso ocurre allá, acá se mantiene la conspiración estatal para continuar protegiendo a los principales responsables de la masacre en la UCA, sin importar los costos. El año pasado, el 7 de agosto les brindaron un escondite seguro a nueve militares señalados por la justicia universal como partícipes en la misma; luego, con las excepciones de rigor, la mayoría de integrantes de una infame Corte Suprema de Justicia decidió -sin vergüenza alguna- que las órdenes de captura internacionales conocidas como "alertas roja" no eran para eso, sino simplemente para su "localización". Al siguiente mes, la Policía Nacional Civil recibió cinco "alertas rojas" más; al igual que lo ocurrido con las anteriores, la corporación policial no detuvo a los imputados y la Corte repitió su indebida actuación.
¿Quién era entonces el ministro de la Defensa Nacional en esa época? El general David Murguía Payés. ¿Y quién era su jefe? Mauricio Funes, cual flamante comandante general de la Fuerza Armada. Además, Funes era jefe del director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y tuvo la posibilidad cierta de honrar su palabra, pero no lo hizo. En esos días, cuatro después de haberse refugiado en la sede de la antigua Guardia Nacional los nueve dichosos militares, el diario digital ContraPunto publicó una entrevista en la cual Víctor Flores -periodista salvadoreño radicado en México- le formuló la siguiente interrogante: "¿Usted extraditaría a los militares que son procesados en la España por el caso de los jesuitas?"
La respuesta de Funes fue: "Con o sin amnistía, si la orden de detención decretada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Española se hace efectiva en el país, esos jefes miliares van a tener que ser detenidos por la Policía, siguiendo un procedimiento que viene desde la Interpol y vamos a tener que solicitar la autorización de la Corte Suprema de Justicia para decidir si se pueden o no extraditar. Así es". ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde nos perdimos? ¿Por qué no los capturó la PNC, independientemente de lo que luego decidieran en una Corte a la cual lo de "suprema" y de "justicia" le queda demasiado grande?
Cabe recordar que en el veinte aniversario de la masacre en la UCA, en Casa Presidencial entregó seis condecoraciones a los sacerdotes asesinados; no así a Julia Elba Ramos y su hija Celina, de quienes dijo que reconocía su trabajo humilde y sencillo "de acompañamiento a las victimas". Tanto o más fueron víctimas estas dos mujeres cuyas ejecuciones, junto a las de los seis jesuitas, son crímenes atroces que siguen sin que la verdad oficial se haya establecido y mucho menos se haya sancionado a sus principales responsables.
Pero al tiempo que el premier inglés ofrecía unas disculpas oficiales, el coronel Inocente Orlando Montano aceptaba ante un juez estadounidense ser culpable de seis delitos: tres de fraude inmigratorio y tres de perjurio. Simple y sencillamente negó haber pertenecido a la Fuerza Armada de El Salvador, ocultando así su responsabilidad en la masacre ocurrida en la UCA y también en otros hechos. El 18 de diciembre próximo, Montano comparecerá ante el mismo funcionario judicial para escuchar la sentencia. Y todo indica que se iniciarán los trámites para su extradición y comparecencia ante la Audiencia Nacional de España, donde están siendo procesados él y algunos de sus compañeros en el alto mando castrense.
¿Estará dispuesto Funes a exigir dicha extradición a las autoridades estadounidenses? ¿O solo se quedará con lo que dijo en su discurso el pasado sábado 15 de septiembre: que pidió perdón "por el crimen de los sacerdotes jesuitas", cuando durante la entrega de las condecoraciones nunca mencionó ni esa palabra ni ofreció disculpas, más que por la ausencia de su esposa en el evento? Dejando atrás la retórica abundante con la que se ha manejado ante estas deudas históricas para con las víctimas, ¿dará ese paso? ¿O creerá que con su palabrería logra que perdamos la memoria?
Porque, además, presumió el día de la "independencia" de haberle mostrado "al mundo que El Salvador ya no era el país que violaba los derechos humanos y se negaba a reconocerlo. Todo lo contrario: El Estado salvadoreño reestablecería la democracia plena y reconocía sus crímenes del pasado para no volver nunca más a transitar por ese camino". Simpáticos conceptos maneja en estos ámbitos cuando a las víctimas les negó la posibilidad de obtener justicia, incluso teniendo en sus manos las órdenes de captura internacionales de un grupo de imputados por hechos criminales. ¿O debe entenderse que reconocer lo ocurrido hace casi veintitrés años, permite esconder a sus responsables en lugar de detenerlos? ¿Es así como se respetan los derechos humanos y la democracia?
Por esos antecedentes, ¿estará dispuesto a hacer, en el caso de la extradición de Montano a España, lo que con el pretexto de una amnistía que ya va a cumplir dos décadas nadie ha hecho: enfrentar con valentía una impunidad fortalecida después del fin de la guerra? Y es que con ese coronel puesto ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional de España, el proceso continuará hasta culminar con una probable condena que alcanzaría para el resto de imputados y, quizás, hasta para otros que aún no lo son. Porque es la justicia para las víctimas de antes, durante y después de la guerra -tanto de violaciones de derechos humanos como de la corrupción y el crimen organizado- lo que nunca se ha intentado en serio y lo que es en definitiva el camino para salvar a El Salvador.
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