Cuando los funcionarios electos establecen diferentes normas para sí mientras limitan los derechos constitucionales del resto de los estadounidenses, la credibilidad de las instituciones democráticas se erosiona.
Ese es el caso del Senador Marco Rubio y la congresista Ileana Ros-Lehtinen, quienes se han erigido en principales oponentes a la reciente apertura del presidente Obama hacia Cuba, olvidando que en el pasado verano enviaron a sus asistentes en una visita a China, organizada por el partido-estado comunista en ese país.
Durante décadas, los legisladores cubanoamericanos han amonestado ferozmente a cualquier colega o sus asistentes que viajen a Cuba. Rubio y Ros-Lehtinen han hecho del tema una prueba de integridad política y de fidelidad a los derechos humanos.
Rubio ha dicho en el Senado que cada dólar que se gasta en un viaje a un país comunista financia directamente la represión. Cada dólar, excepto los gastados por sus asistentes en la Gran Muralla y Tiananmen mientras escuchaban los méritos del presidente Mao.
Alguien puede decir que Cuba, China y Vietnam son casos diferentes, y estaría en lo correcto. El tema es que los valores son lo que se promueve sin importar la diferencia de circunstancias. El viaje de los asistentes de los congresistas a China demuestra que ni para ellos ni para nadie con un mínimo de racionalidad en Washington, viajar a países con sistemas políticos unipartidistas es una cuestión de valores, sino de metodo. Así debe ser discutido.
La hipocresía debe ser expuesta. La integridad marca la principal diferencia entre los que creen que los viajeros estadounidenses son -como Hillary Clinton lo expresa- "anuncios andantes" a favor de una sociedad abierta, en Cuba y en China; de quienes viajan a Pekín, mientras predican sus políticas anti-Castro restringiendo el derecho de los estadounidenses a viajar.
Cada vez que el senador Rubio y la congresista Ros-Lehtinen cuestionen la moral de las decisiones de Obama para expandir los viajes pueblo-a-pueblo, la administración debe acelerar la implementación de la nueva política de viajes, remesas y contactos, creando nuevos grupos que respalden la nueva política al beneficiarse de ella.
El presidente Obama y la sociedad norteamericana deben prestarle especial atención al debate de valores que tiene lugar dentro de la comunidad cubano-americana. Entre los adversarios de liberar los viajes a Cuba hay herederos orgullosos de la dictadura batistiana como los hermanos Díaz-Balart, que curiosamente al criticar a Obama y evocar el pasado apoyo estadounidense a las dictaduras latinoamericanas de Somoza y Trujillo se les olvidó mencionar aquella a la que sirvieron su padre y su abuelo.
Pero entre aquellos cubano-americanos que se oponen a las medidas del presidente Obama hay personas honestas, incluyendo miembros de mi familia, que sufren las secuelas de las injusticias y traumas creados por la revolución cubana. Fueron despojadas de sus propiedades y derechos por el comunismo cubano y sienten. A sus agravios apela la manipulación de los políticos cubano-americanos.
La política norteamericana hacia Cuba no es para hacer terapia, canalizando catarsis por pasadas injusticias, pero el presidente y los partidarios del nuevo rumbo deben encontrar formas de apelar a los mejores valores de este sector, de familia, religión, y comunidad.
La Casa Blanca debe conversar con el gobierno cubano acciones de conjunto que puedan tomar para facilitar aún más los viajes de cubano-americanos a la isla, como garantizar que todo cubano-americano que quiera regresar a vivir o visitar su país de origen pueda hacerlo, y que se reduzcan los precios abusivos por concepto de pago de pasaporte cubano, pasajes y otros servicios asociados a los movimientos entre los dos países.
Si algún cubano-americano emigrado después de 1970 (es una fecha que el gobierno cubano estableció) quiere renunciar a la ciudadanía cubana y viajar como norteamericano, el gobierno cubano debe analizar su caso en sus méritos individuales, no prohibirlo de antemano como sucede actualmente.
Washington debe eliminar las incoherencias flagrantes entre los valores que predica y las prácticas de sus políticos. Todos los estadounidenses deberían gozar de igualdad ante la ley en el ejercicio de su derecho constitucional a viajar.
Después de la reforma migratoria cubana bajo Raúl Castro, es más fácil para un cubano, que vive bajo un gobierno comunista, viajar a Estados Unidos que para un ciudadano estadounidense, que vive en democracia, viajar a Cuba. Esta es una grave contradicción que pone a los que abogan por una Cuba democrática, con buenas relaciones con Estados Unidos, en seria desventaja.
El senador Rubio y la congresista Ros-Lehtinen no deben pontificar contra los viajes a Cuba después de que sus empleados visitaron Pekín y la Gran Muralla de la mano del partido-estado chino. Sus electores cubanoamericanos están desmintiendo sus posturas al ritmo de casi 400,000 visitas a Cuba cada año. No es coherente con la forma de vida estadounidense que un grupo disfrute de un derecho que sus representantes niegan al resto de la población.
El próximo paso del presidente Obama es sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y en septiembre no renovar la clasificación de Cuba como amenaza bajo la ley de comercio con el enemigo de 1917. Tal paso abriría las puertas de las cortes para cuestionar la constitucionalidad de la prohibición de viajar a los estadounidenses. La Corte Suprema en Wald versus Regan (1982) y varios otros casos ratificó la autoridad del presidente para regular los viajes a países adversarios como parte de sus funciones de política exterior. Ningún fallo de la Corte Suprema ha ratificado la autoridad del congreso para limitar los derechos constitucionales a viajar de los norteamericanos por razones menos urgentes.
EE.UU. se fundó sobre la idea libertaria de gobierno mínimo. No hay precedentes legales en los que la Corte Suprema, sin una lógica de seguridad nacional, acepte que el Congreso limite la libertad de viajar, por razones tan sujetas a interpretación como "promover la democracia" o evitar que un gobierno del desagrado del congreso de turno reciba dólares por concepto de turismo. Las limitaciones a la libertad de viajar a Cuba impuestas por el Congreso podrían ser inconstitucionales sin la definición presidencial de Cuba como país enemigo.
Los ataques de Rubio al Senador republicano Rand Paul (R-Kentucky), quien ha criticado al embargo a Cuba como ejemplo de intervención gubernamental anticapitalista son salvos en la lucha por la identidad del partido republicano de cara a la contienda presidencial de 2016. La respuesta de Paul ofrece una oportunidad a Obama de usar los argumentos del senador de Kentucky, para presentar la nueva política hacia Cuba desde una óptica no-partidista. La libertad de viaje como un derecho humano es fundamental tanto en la política de Estados Unidos hacia Cuba como hacia China.