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En Costa Rica pueden apresar periodistas por informar secretos públicos

Publicado: 14/11/2012 14:03

laura chinchilla

En Costa Rica la prensa está que arde con el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla debido a una legislación aprobada hace una semana y conocida como "ley mordaza" que busca sancionar delitos informáticos pero que también contempla el "arresto y prisión" a los periodistas que obtengan informaciones de carácter secreto.

"Esta ley va a coartar la libertad" dicen en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, moción que a la vez ha llevado al Colegio de Periodistas latinoamericanos (Colaper) a rechazar de plano la medida expresando su disconformidad. "Todo esto es una maniobra para evitar que la prensa pueda analizar casos de corrupción" afirman los periodistas de Costa Rica agrupados en la entidad que los agrupa, la cual siempre ha defendido el rol que le ha tocado a la prensa regional por décadas, o sea el poder fiscalizar y relatar las actividades de los gobiernos sin sentir presión alguna.

"Quienes informen detalles o informaciones secretas serán condenados a 10 años de prisión" dice la nueva ley en su artículo 288, uno de los más polémicos. Costa Rica siempre se ha caracterizado por la Defensa de los Derechos Humanos y este nuevo esquema legal ha sorprendido. Inclusive desde la oposición al gobierno de Chinchilla han dicho que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Es tan grave el nuevo marco legal que en Costa Rica conseguir información secreta en forma digital usando los correos electrónicos o vía las redes sociales podría ser objeto de una pena, algo que los medios ven como una tremenda maniobra para limitar "la prensa libre".

Pero rápidamente y ante las críticas generalizadas, el gobierno de la presidenta Chinchilla se comprometió a "no aplicar la ley a los periodistas" y hasta anticipó un proyecto de urgencia para reformular dicho artículo. Nadie entiende en la prensa costarricense como una ley así pudo haber sido aprobada en el país, sin considerar el efecto que generaría su publicación.

"La ley la publicaron a las apuradas, ni siquiera consultaron a los directores de medios, ni a los periodistas ni al mismo círculo de la prensa" afirman las entidades asociadas en el Círculo de periodistas de Costa Rica. Inclusive la organización de Reporteros sin Fronteras opinó que la ley debe ser vetada. El proyecto en sí fue confeccionado en el 2009 durante la presidencia de Oscar Arias, y fue aprobado pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso analizaba un texto sustitutivo. "Lo que pasa es que en el gobierno ni se hablan los diputados con el ejecutivo" afirman en la oposición costarricense.

Sin dudas esta nueva situación ha sensibilizado al gobierno de Laura Chinchilla, exponiéndola junto a otros presidentes regionales fuertemente criticados por maniobras contra la libertad de expresión. La presidenta no pudo detener la ley y permitió su publicación para luego arrepentirse, algo que marca cierta falta de institucionalidad o al menos de orden en los pasillos del poder de San José.

El marco también se da en momentos en que en otros países latinos se debaten aspectos del control a la libertad de prensa, como se ha visto en recientes casos en Ecuador y Venezuela, o por ejemplo ciertas batallas legales que se están sucediendo también contra grupos de medios en Argentina. Costa Rica no debió ni por lejos sumarse dicen los analistas internacionales. Chinchilla ahora busca a las corridas volver un paso atrás, en un mar de críticas.

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