Mientras que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firmaba un acuerdo de colaboración con partidos de la oposición el pasado domingo, sicarios asesinaron a tres individuos en una fiesta en Monterrey. El mismo día, seis cuerpos mutilados fueron arrojados en Coahuila y dos policías ejecutados en Jalisco.
Se inició así el macabro conteo de víctimas de la violencia en el sexenio de Peña Nieto. Su antecesor, Felipe Calderón, dejó un legado horripilante de más de 80,000 muertos y 25,000 desaparecidos.
Por otra parte, la toma de posesión de Peña Nieto estuvo marcada por protestas violentas en las que los manifestantes acusaron al nuevo presidente y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber ganado las elecciones a través de fraude. Decenas de supuestos "anarquistas" se enfrentaron a la policía anti motines en el centro de la capital mexicana.
Han surgido serias preguntas sobre quién financió y planeó los destrozos que provocaron los "anarquistas". El aparente uso de grupos de choque ha revivido el fantasma de las tácticas utilizadas por el PRI para aniquilar o desacreditar a la oposición. Basta recordar a los francotiradores de guante blanco y a los "halcones" en las masacres estudiantiles del 68 y 71 respectivamente.
Este terrible suceso, ocurrido el mismo día de la toma de posesión de Peña Nieto, siembra dudas sobre si su gobierno usará la estrategia clásica de los dinosaurios priístas de hablar de transparencia, democracia y justicia mientras hace uso de los más turbios métodos para acallar las críticas y aplacar a la oposición.
Ésta no es precisamente la imagen que Peña Nieto buscaba proyectar al mundo en su toma de posesión. Poco antes, el nuevo presidente mexicano se reunió con el mandatario estadounidense Barack Obama para tratar de reenfocar la relación bilateral en la emergente economía mexicana en lugar de la violencia.
El nuevo presidente mexicano todavía no da a conocer totalmente su estrategia para combatir a los cárteles de la droga. En su discurso de toma de posesión, afirmó que "el delito no se combate sólo con la fuerza" refiriéndose a reformas judiciales y sociales necesarias para reducir el crimen. Sin embargo, no ha aclarado cómo su gobierno lidiará con los narcos. De hecho, curiosamente, ha evitado pronunciar las palabras "guerra contra el narcotráfico" así como "cárteles de la droga".
Peña Nieto ha dicho que el enfoque de su gobierno será combatir el crimen y ha prometido reducir el número de víctimas de la violencia en su primer año. El problema es que los cárteles son también responsables de crímenes como homicidio, secuestro, robo, extorsión, tráfico humano y prostitución.
Es claro que la estrategia de Peña Nieto no será combatir frontalmente a los cárteles como lo hizo Calderón ni tampoco ir tras los capos. Ha hablado de reemplazar a la Policía Federal con un nuevo organismo para combatir el crimen. El martes pasado, ordenó al Ejército y la Marina seguir patrullando las calles hasta nuevo aviso.
La interrogante clave es si Peña Nieto volverá a la estrategia priísta de antaño de acuerdos secretos con los narcos. En el pasado, los gobiernos priístas controlaban a las organizaciones criminales. Estos vínculos no han desaparecido. Basta mencionar que recientemente fue detenido el priísta sonorense Rafael Humberto Celaya Valenzuela en España acusado de ser miembro del cártel de Sinaloa. Celaya Valenzuela tenía nexos con Peña Nieto a pesar de que éste se desligó apresuradamente del presunto narcotraficante.
La coeditora del prestigiado semanario Zeta, Adela Navarro Bello, me dijo recientemente que cree que Peña Nieto negociará con los cárteles de la droga.
"¿Con cuáles?", le pregunté.
"Con todos", afirmó categóricamente Navarro Bello.
El narcotráfico es un negocio de unos 30 mil millones de dólares anuales que no va a desaparecer pronto. Según la experta en narcotráfico Sylvia Longmire, los cárteles son ahora mucho más poderosos que cuando el PRI gobernaba México hace 12 años por lo que un pacto secreto con el gobierno de Peña Nieto sería difícil incluso si éste lo busca.
"Cuando esos pactos estaban vigentes, antes de 2000, el gobierno estaba a cargo de las organizaciones criminales y les ordenaba qué hacer cuando cruzan la línea. Ahora, ocurre lo contrario", señaló Longmire, autora del libro "Cartel".
A pesar de seis años de guerra, los cárteles han logrado extender su red de distribución a todo el territorio estadounidense. Según reportes del Departamento de Justicia, los cárteles operan en más de 1,000 ciudades norteamericanas.
La demanda de narcóticos continúa aumentando. El contrabando anual de marihuana se ha duplicado desde 2004 a una cantidad estimada de 23,700 toneladas. La producción de heroína se ha cuadruplicado hasta alcanzar unas 41,000 toneladas. Mientras que el consumo de metanfetaminas ha roto récord en los últimos cinco años.
Peña Nieto no puede ignorar la pregunta de cómo va a lidiar con los cárteles. Es de interés binacional saber cuál es la estrategia de su gobierno en este sentido.
Mirar hacia el otro lado, como lo hicieron gobiernos priístas en el pasado, ya no es una opción y traería terribles consecuencias para ambos países.