Lo que sucedió el jueves 31 de agosto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dio a Enrique Peña Nieto la certeza jurídica que necesitaba para ser declarado Presidente de la República Electo, y a la vez le dio a una parte de la sociedad mexicana un motivo más para desconfiar de las instituciones.
Dos momentos resaltaron la noche de ese día cuando Salvador Nava, Flavio Galván, Pedro Penagos, María Alanís, Manuel González y Constancio Carrasco desecharon de manera unánime los recursos de impugnación para invalidar la elección que la izquierda mexicana interpuso apoyada por cientos de mexicanos: la euforia priísta por la inmediata validación de la elección y la indignación de la sociedad que vio la irregularidad en la jornada electoral.
Los priístas se apresuraron en apoderarse legalmente de lo que pocos podrán estar en posición de arrebatarles de nueva cuenta, la presidencia, y la sociedad indignada hizo lo único que en estas condiciones puede hacer: alzar la voz y tomar la calle.
Representan estos dos escenarios la nueva división política de México: los que tienen la razón legal en las manos y los que ostentan la verdad popular en sus conciencias. El PRI no está solo, rápidamente las instituciones, los políticos y la mayoría de los partidos se han postrado ante la alfombra tricolor argumentando el respeto a las instituciones y a las decisiones inapelables e inatacables de una corte, que para el sector inconforme, sólo representa una farsa, el final de una elección manipulada de origen.
Encabezando Enrique Peña Nieto al primer bloque, el del poder, encarará dos frentes enraizados en la sociedad. Uno político, liderado por el representante de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, y otro encallado en la juventud pero apoyado por innumerables organizaciones de la sociedad civil que en la individualidad no son escuchadas, pero que en acompañamiento del Movimiento #YoSoy132, adquieren otra dimensión.
En este contexto la decisión tomada por los colegiados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para primero desechar las impugnaciones y luego validar la elección y determinar al Presidente Electo, fue el combustible que avivó la llama de la indignación social que acompañará a Enrique Peña Nieto en el inicio de su presidencia y hasta el hartazgo de quienes hoy se muestran aguerridos y olvidados por las instituciones.
Si tan sólo uno o dos de los magistrados hubiese consideradas válidas las pruebas presentadas por la izquierda, si tan sólo uno o dos magistrados hubiesen votado contra el análisis de desechar las impugnaciones, sin tan sólo la decisión del Tribunal no hubiese sido unánime y en extremo parecida en el discurso individual, la duda de una actuación pobre por parte de los abogados de la izquierda al momento de probar lo que señalan, hubiese calmado algunos ánimos bajo la percepción de una decisión controvertida que ponderó los reclamos sociales concentrados en la denuncia de un movimiento político, pero eso no sucedió. No hubo en la individualidad de los magistrados un criterio distinto, actuaron como uno sólo. Bajo una misma norma, con sinónimos de una misma palabra en la negación, y ello es de por si en suma sospechoso. Se presta a la confirmación de la hipótesis de una buena parte de la sociedad que cree que como en el pasado, las instituciones, el poder judicial, están supeditados al poder ejecutivo, a la concentración del poder en un partido político como lo es el PRI.
Los magistrados desecharon del todo las pruebas de la izquierda para probar que la elección no fue ni transparente, ni limpia, ni pulcra, ni inequitativa; un magistrado incluso adelantó en su exposición lo que todos debían votar al día siguiente, Salvador Nava dijo la noche del jueves 31 de agosto, "...México tiene un presidente electo por el pueblo: Enrique Peña Nieto".
El resto de los ocupantes del TRIFE manejaron un discurso harto similar en defensa de Peña y del PRI, y en detrimento de López y la izquierda: Flavio Galván: "Las pruebas son indicios leves, no hay prueba y por ello consideramos infundados los concepto de agravio". Penagos, "No se portaron pruebas idóneas, eficaces y suficientes. Ni de tal magnitud que deben tener por efecto invalidar la voluntad ciudadana expresada por más de 50 millones de electores". María Alanís: "No se comprobó financiamiento paralelo y por tanto no se vulneró principio de equidad en contienda". Manuel González, "Lo coalición (progresista) considera que electores son autómatas". Constancio Carrasco, "No hay forma de comprobar que presuntamente pactó con priístas esa difusión... Lo mismo sucede con Tarjetas Monex y Soriana".
El unánime pensamiento en las personas que para el Poder Judicial representan lo más letrado, maduro y sabio del sistema, es de suyo una actitud que refleja pobreza intelectual y un impresionante alejamiento del sentir social. Resulta entonces que todo lo que se vio, las tarjetas, el dinero, el excesivo despliegue de parafernalia, los anuncios, los miles de espectaculares, la evidente inequidad en las campañas de los cuatro candidatos, fue una ilusión óptima social; eso, o que ciertamente los abogados de la izquierda no estuvieron a la altura de la circunstancia para acercar al Tribunal pruebas fehacientes, contundentes e irrevocables de lo que señalaron a partir de la denuncia de los electores.
Tenemos pues que ante la "insuficiencia" de las pruebas del Movimiento Progresista, los Magistrados encontraron su caldo de cultivo para fallar como lo hicieron -literal y metafóricamente- y entonces tenemos un Presidente Electo cuyo partido y equipo de campaña son responsables de una serie de irregularidades durante la elección del 1 de julio, pero no son culpables porque no se pudo comprobar correctamente el abuso, porque los argumentos fueron débiles, insuficientes.
Eso ya nada lo cambia. Ciertamente la decisión del Tribunal Electoral es inapelable, pero también es verdad que la indignación de la sociedad es inaplazable, que Enrique Peña Nieto tendrá dos frentes abiertos de indignación, de repudio social e inconformidad, que le seguirán en su administración.
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