Hispano condenado por muerte de bebé libra la pena capital

Condenado por muerte de bebé libra la pena capital

En el 2005, Manuel Vélez, un trabajador en el ramo de la construcción en Brownsville, Texas, se mudó con su novia, Acela Moreno. Dos semanas después, Vélez se percató de que Ángel, el bebé de Moreno, de apenas 11 meses, tenía problemas para respirar. Vélez despertó a Moreno y fue en busca de ayuda a la puerta de al lado, pero cuando finalmente los paramédicos llegaron, el pequeño ya estaba inconsciente y posteriormente falleció en el hospital.

En las semanas siguientes, los investigadores forenses encontraron evidencias de heridas y traumas en la cabecita del bebé, que apuntaban a que alguien había golpeado mortalmente a la criatura. Los fiscales declararon culpable a Vélez, de 40 años. El acusado no tenía historial de violencia, más que una pelea en un bar cuando tenía 20 años. Vélez fue encontrado culpable de asesinato y sentenciado a la pena de muerte.

Vélez sostenía su inocencia, pero había pocas razones para creer que podía ganar las apelaciones. De más de 500 prisioneros que han sido sentenciados a la pena capital, desde que fue reinstaurada en Texas en 1982, sólo 12 han sido exonerados, de acuerdo con estadísticas de Death Penalty Information Center.

Sin embargo, un grupo de abogados de oficio unió esfuerzos y comenzó a trabajar en el caso de Vélez, en conjunto con ACLU Capital Punishment Project (CPP). La historia tejida por los fiscales con anterioridad comenzaba a desmoronarse. El año pasado un juez revisó el caso y encontró que los defensores públicos de Vélez no habían presentado suficientes pruebas que demostraran la inocencia de su cliente. Este pasado miércoles a las 11:32 p.m., después de cinco años esperando en el corredor de la muerte, Vélez se convirtió en uno de los pocos condenados en la historia de Texas de librarse de la pena capital.

"Manuel nunca perteneció a prisión, y mucho menos al corredor de la muerte en espera de ser ejecutado", dijo el abogado de Vélez, Brian Stull de American Civil Liberties Union's Capital Punishment Project en un comunicado de prensa. "Es indiscutiblemente inocente".

Para los simpatizantes del condenado, la puesta en libertad este pasado miércoles fue la culminación de un drama legal que expone los amplios problemas del sistema de justicia en Texas y más allá. El caso "contenía una larga lista de injusticias, en la que se incluía mala conducta policial, engaño de la fiscalía, ineficacia de los abogados defensores, así como testigos falsos", dijo Richard Dieter, director del Centro de Información sobres la Pena de Muerte en un comunicado.

"Ésta es la historia de un hombre inocente que fue condenado a muerte porque todo el sistema había fallado", dijo Stull a HuffPost.

Si el sistema hubiera trabajado mejor, argumentan Stull y simpatizantes de Vélez, la corte se hubiera percatado que éste no pudo haber propiciado los golpes al bebé. De acuerdo con los registros que llevó el médico forense a la fiscalía, había pruebas claras de que el niño había sido sufrido las lesiones cuando Vélez se encontraba a millas de distancia mientras trabajaba en una construcción en Tennessee. Héctor Villarreal y René Flores, los abogados que lo representaban en ese momento, escondieron o no presentaron las pruebas ante el jurado.

También había evidencias de que la madre del bebé acostumbraba a pegarle a sus niños y que en esa oportunidad ella habría tirado a Ángel a un sofá desde cinco pies de distancia, pero los abogados nunca solicitaron el testimonio de ningún testigo sobre este hecho.

Villarreal, uno de los abogados, murió, y Flores no respondió a las llamadas de HuffPost.

Por otra parte, Moreno fue arrestada después de la muerte de Ángel. Ella testificó en contra de Vélez a cambio de declararse culpable de un cargo por causarle heridas al infante, un crimen que puede enfrentar una pena máxima de 10 años. La madre salió de prisión en el 2010 y fue deportada a México, ya que se encontraba indocumentada en Estados Unidos.

Pero los abogados de Vélez no fueron los únicos que no hicieron bien su trabajo, de acuerdo con Stull. Después de su arresto, Vélez firmó una documento policial en que confesaba que él había herido al bebé. Esta escritura se caracterizaba por un "lenguaje curiosamente sofisticado", de acuerdo con Texas Monthly, imposible de entender por Vélez, un hombre analfabeto, tanto en inglés como en español, y con un bajo coeficiente de inteligencia.

Tan pronto Vélez llegó al corredor de la muerte, Maurie Levin, un profesor de leyes de la Universidad de Texas, especializado en pena capital, presentó la situación de Vélez a la ACLU y al American Bar Association's Capital Representation Project. Ellos pidieron ayuda a las firmas de abogados Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal, LLP y Lewis, Roca, Rothberger LLP, que tomaron la defensa como trabajo probono.

En un juicio celebrado en el 2012, los nuevos abogados de Vélez argumentaron que los magistrados previos habían fallado en su labor. Tanto Flores como Villarreal presentaron un argumento poco convencional al exponer que en áreas pobres del sur de Texas los parámetros de defensa de los acusados eran de menor calidad en comparación con otros recintos más prósperos del estado.

El juez, Elia Cornejo López, no apoyó ese argumento. "La vida en el condado de Cameron vale lo mismo que en cualquier otra parte del país", aseguró el letrado.

Vélez y su familia no estaban disponibles para entrevistas. Stull dijo que la felicidad de su cliente está un poco empañada por saber que hay mucha otra gente inocente en el corredor de la muerte que tal vez nunca pueda obtener su libertad.

La versión original de este artículo fue publicada en HuffPost Politics por Saki Knafo. La traducción es de Hirania Luzardo.

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