Este proceso tiene todas las características de un hecho justiciero. De que no importa cuán poderoso uno es, la ley es la ley y su largo brazo finalmente alcanzará a los culpables.
Pero quizás sea otra cosa.
Esta semana inició en la gigantesca base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, el juicio del brigadier general Jeffrey Sinclair por crímenes sexuales. Es acusado de asalto sexual - lo cual es "es presionar o forzar a alguien a tocar o ser tocado aunque no quiere" como explica la línea de ayuda a los violados Saving Grace contra una oficial y de haber amenazado con matar a la familia de ésta si ella revelaba lo sucedido.
Es acusado de obligarla a realizar sexo oral contra su voluntad después de que ella diera punto final a la relación.
También lo acusan de sodomía forzada, de solicitar fotos desnudas de otras soldadas y de poseer pornografía... en el campo de batalla en Afganistán.
El juicio es de alta visibilidad.
Llega en un momento preciso.
Pero quizás el momento sea demasiado preciso.
Si atendemos lo que afirma la defensa del general, encabezada por el abogado Richard Scheff, del bufete Montgomery-McCracken en Filadelfia, las más altas esferas militares en el Pentágono han confabulado para que Sinclair - a quien definen como "un héroe" de la guerra de Afganistán, pague por delitos que no cometió, simplemente porque la administración Obama quiere crear la percepción de que no tolerará los crímenes sexuales en uniforme. Porque hay mucha gente que se queja de que los abusos sexuales por parte de oficiales contra personas a su mando son impunes.
Pero es cierto: la cantidad de delitos sexuales en las Fuerzas Armadas ha aumentado de 19,000 casos en 2011 a 26,000 casos en 2013, según un estudio del mismo Pentágono de mayo 2013. Un aumento del 37 por ciento. Pero el número de demandas interpuestas solamente subió en 7 por ciento. La enorme mayoría de los delitos no se denuncian.
Entonces, siguen afirmando los defensores, este caso viene como un guante a los procuradores, la fiscalía, los oficiales, todos los conspiradores, porque muestra que hasta un general puede ser sometido a una corte marcial por abuso sexual.
Hay un pequeño problema, sin embargo, continúa Scheff: no hay crimen, no hay delito. La acusadora es mentirosa, es manipuladora. Todo fue consensuado. ¿Mayor prueba? Aunque el general admitió que cometió adulterio, la acusación es tan falta de méritos que hasta su esposa y madre de sus dos hijos varones, Rebecca, está a su lado y lo apoya.
Y para ello traen a colación que durante el proceso de investigación y determinación de faltas, la supuesta víctima, una capitana hoy de 34 años de edad - él tiene 50 - dijo haber hallado ya poco antes del inicio del juicio un teléfono celular de su propiedad y que había extraviado y que contenía mensajes de texto de contenido sexual entre ambos, pero en realidad mintió, porque el teléfono lo tenía todo el tiempo.
Pero según Anita Gorecki, una exoficial judicial que hoy representa a abusados, es imposible que una relación entre jefe y subalterno sea consensuada.
Scheff pide que la fiscalía anule todos los cargos contra Sinclair.
Sinclair ha servido en las Fuerzas Armadas por 27 años, llegando a ser el vicecomandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La relación extramatrimonial duró tres años. Fue apasionada. Incluyó sexo en un automóvil, en una oficina, en bases miltares, a campo traviesa. En Estados Unidos y en Afganistán. En Alemania y en Irak. Juntos servían en las mismas bases. Y la mujer hizo la denuncia en marzo de 2012, dos años atrás.
Según la defensa, lo hizo porque había decidido vengarse de que el general tenía relaciones con una soldada más.
La defensa hace uso de todos los artilugios legales que en el derecho civil ya son utilizados por décadas. El abuso sexual entre dos adultos generalmente no tiene testigos. Se trata de un testimonio contra otro. Pero las violadas y abusadas sufren
de traumas, heridas internas, más profundas que las físicas. De miedos y verguenzas. Del qué dirán. De la humillación y vejación que duran una vida entera. Cuando prestan testimonio el acusado está otra vez frente a ellas. La defensa les trata de hacer preguntas aún más humillantes - algo prohibido en el derecho civil pero no en el militar.
En un juicio por violación al que sometieron a varios cadetes militares, la defensa preguntó a la víctima cuántas veces tuvo que abrir la boca, relata David Zuchino del Los Angeles Times.
La defensa ha declarado que tiene un as en la mano, un naipe de la victoria: alega que quien encabezaba la fiscalía del caso, el teniente coronel William Helixon renunció el 10 de febrero al cargo porque no pudo convencer a sus superiores de que la acusación carecía de méritos. Y Helixon está en la lista de los testigos de la defensa.
El nuevo fiscal, teniente coronel Robert Stelle, niega que la renuncia de Helixon se deba a que dude de la veracidad de las acusaciones. Fue por motivos personales, dice.
Y afirma que el hecho de que el testimonio de la acusadora, presentado en el antejuicio en el que los jueces decidieron si había méritos para una corte marcial, contenga imprecisiones e inconsistencias, "no significa automáticamente que miente al respecto, y mucho menos que miente sobre todo el caso". Agrega que no hubo presión de los superiores para proceder al caso y que toda afirmación en ese sentido son "conclusiones tomadas al apuro, especulativas".
Pero el juicio ya está manchado irremediablemente de política. Cualquier sea el veredicto, habrá muchos que lo verán como una injusticia. Si el juicio se anula o el general sale inocente, serán aún más pocas las que reclamen justicia. Si sale culpable, serán muchas las familias de militares que hablarán de cacería de brujas, de persecución política, de injusticia hacia su ser querido. Y muchos que saldrán a la defensa de "nuestros héroes".
El hecho de que la familia Sinclair contrató a una firma de relaciones públicas de Nueva York para difundir su mensaje - algo que es su derecho - politiza el caso aún más. Si es hallado culpable, Sinclair podría ser condenado a cadena perpetua, dice el Chicago Tribune.
Agrega al drama el hecho que en las Fuerzas Armadas de todo el mundo, las acusaciones no las formulan investigadores y abogados, sino los superiores del acusado, algo que el Congreso actualmente está analizando. Más aún, la defensa se opone a que el jurado esté compuesto por oficiales de mayor rango que el acusado, es decir, cinco generales, porque, afirma, el presidente Obama ha determinado ya culpabilidad al decir que "quien cometa ese tipo de cosas" debe ser despedido, bajado de rango y sometido a juicio.