Jesse Ryan Loskarn, exayudante de campaña del senador Lamar Alexander fue hallado muerto el jueves en una casa de Maryland en la que vivía con algunos familiares, anunciaron las autoridades.
Los investigadores suponen que Loskarn puede haberse quitado la vida.
Loskarn fue arrestado en diciembre por cargos de poseer pornografía infantil mientras era el jefe de oficina del senador republicano de Tennessee Lamar Alexander, quien lo reemplazó inmediatamente.
Según CNN, Loskarn fue acusado por un inspector del servicio postal de Estados Unidos de adquirir entre 2010 y 2011 DVD y videos por internet de sexo explícito en escenas en las que participaban niños desnudos. La adquisición fue de una empresa con sede en Canadá. Entre los videos mostrados como evidencia había uno de 28 minutos de sexo explícito con la participación de niños de hasta seis años de edad.
El 12 de enero, Loskarn compareció en corte para la presentación de cargos, pero no se declaró ni culpable ni inocente en ese momento.
Según la cadena FoxNews, los familiares del occiso habrían hallado su cuerpo sin vida en el sótano de la vivienda e inmediatamente llamaron a las autoridades, que anunciaron la realización de una autopsia. Todavía no hay resultados de la misma.
Un juez permitió a Loskarn vivir con sus padres hasta el final de su juicio y le ordenó portar un grillete electrónico en todo momento.
"Para todos nosotros, se tata de una trágica historia desde el comienzo hasta el final", dijo el senador Alexander en una declaración escrita. Los abogados de Loskarn no respondieron mensajes pidiendo su comentario, todo según FoxNews.
Uno de los agravantes en la acusación es que según la misma Loskarn no solamente había adquirido los videos sino que los había puesto a la venta desde su computadora. Según los documentos del tribunal, cuando la policía llegó a requisar su casa, Loskarn arrojó un objeto de la ventana, que una vez hallado por los agentes, resultó ser un disco duro con por lo menos 200 videos de pornografía infantil.
La adquisición de los videos le hubiese llevado a hasta 10 años de cárcel si hubiera sido hallado culpable; la venta o distribución de los mismos hubieran significado entre cinco y 20 años de prisión.