Ejecutaron a Edgar Tamayo en medio del repudio y la polémica

Ejecutaron a Tamayo Arias: Familia desconsolada en México
This handout image provided by the Texas Department of Criminal Justice shows Edgar Tamayo. Attorneys for the Mexican national on Texas death row for the slaying of a Houston police officer hoped a civil suit, challenging what they argued is an unfair and secretive clemency process in the nation?s most active capital punishment state would block the inmate?s scheduled execution this week. Tamayo, 46, was set for lethal injection Wednesday evening, Jan. 22, 2014, in Huntsville. (AP Photo/Texas Department of Criminal Justice)
This handout image provided by the Texas Department of Criminal Justice shows Edgar Tamayo. Attorneys for the Mexican national on Texas death row for the slaying of a Houston police officer hoped a civil suit, challenging what they argued is an unfair and secretive clemency process in the nation?s most active capital punishment state would block the inmate?s scheduled execution this week. Tamayo, 46, was set for lethal injection Wednesday evening, Jan. 22, 2014, in Huntsville. (AP Photo/Texas Department of Criminal Justice)

Este miércoles en la noche fue ejecutado el mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de otros organismos internacionales de detener la aplicación de la pena capital.

El reo mexicano recibió la inyección letal en un centro penitenciario de Huntsville a las 9:32 p.m (Tiempo del Centro), de acuerdo con Jason Clark, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Tamayo no dio declaración antes de morir.

Esta ejecución se llevó a cabo en medio de una gran polémica que provocó el caso y el desacuerdo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Tamayo fue acusado por el asesinato de un policía en Houston hace 24 años. El prisionero, cuya familia vive en México, supuestamente fue víctima de múltiples violaciones durante todo el proceso criminal, según Sanda Babcok, la abogada quien lo representaba.

Pese a las protestas, cartas de clemencia, gestión de las autoridades consulares mexicanas en Estados Unidos, Tamayo recibió la inyección letal como lo había confirmado la oficina del gobernador de Texas, Rick Perry.

Huntsville, Texas, donde fue ejecutado (La historia continúa después de la foto)

death row texas

El pasado 19 de enero, el gobierno de México reiteró una vez más su "fuerte oposición" a la sentencia de la pena de capital de Edgar Tamayo Arias.

"En el 2004, en una decisión de los Acuerdos de Viena y la Corte Internacional de Justicia (ICJ) se determinó que Estados Unidos estaba obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, incluyendo a la de Edgar Tamayo, quien fue sentenciado a muerte sin que se le fuera notificado que tenía derechos a recibir asistencia y protección de las autoridades consulares mexicanas como estable el artículo 36 de la Convención de Viena".

"En coordinación con los abogados del Sr. Tamayo, el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho uso de todos los poderes políticos, legales y administrativos para prevenir la ejecución", explicaron las autoridades mexicanas.

Cientos de cartas habían sido enviadas a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Amnistía Internacional también envió un paquete de 17 mil 500 cartas, provenientes de 52 países, en las que se pide detener la ejecución.

Desde 1976 hasta la fecha se han ejecutado 28 reos de nacionalidad mexicana en los 32 estados donde está permitida la pena capital, de acuerdo con el Centro de Información para la Pena de Muerte con base en Washington D.C, organización que se opone a la misma.

NOTA DE AP: PREVIO A LA EJECUCIÓN

HUNTSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Funcionarios mexicanos están furiosos porque Texas se ha opuesto a medidas jurídicas y rechazado la presión diplomática para salvarle la vida a un prisionero que estaba sin autorización en Estados Unidos cuando fue condenado por matar a tiros a un policía de Houston hace dos decenios.

Edgar Arias Tamayo, de 46 años, debe ser ejecutado por inyección letal el miércoles por el asesinato en 1994 del agente Guy Gaddis, de 24 años.

Gaddis, que sólo llevaba dos años en la policía, trasladaba a Tamayo y a otro hombre desde el lugar de un robo cuando, según las pruebas, recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello de una pistola que Tamayo tenía oculta en los pantalones. El carro patrullero se estrelló y Tamayo huyó a pie pero fue capturado a pocas cuadras de distancia, todavía con las esposas puestas, con el reloj de la víctima y su cadena el cuello.

Los abogados de Tamayo estudiaban medidas de última hora para evitar que sea ejecutado después de que un juez federal de distrito rechazó el martes una demanda que impugnaba lo que según ellos es el injusto y secreto proceso de clemencia en Texas.

Los abogados y el gobierno mexicano han alegado también que el caso de Tamayo no se desarrolló debidamente porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.

El secretario de Estado había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, que demorara la ejecución, diciendo que "pudiera impactar la forma que los ciudadanos norteamericanos son tratados en otros país". El Departamento de Estado repitió esa postura el martes.

Pero el despacho de Abbott y la fiscalía de distrito del Condado Harris se opusieron a posponer lo que sería la primera ejecución este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados: Texas ejecutó a 16 personas en 2013.

El gobierno mexicano expresó en un comunicado esta semana que "se opone con fuerza" a la ejecución y recordó que no revisar y reconsiderar la sentencia sería "una clara violación de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales".

Funcionarios mexicanos y los abogados de Tamayo dijeron que estaba protegido por una cláusula de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La asistencia jurídica que garantiza ese tratado pudiera haber descubierto pruebas para impugnar el cargo de asesinato o que evitaran que Tamayo fuese condenado a la pena de muerte, dijeron.

"Seguimos estudiando nuestras opciones de apelación y la vindicación del derecho del señor Tamayo a la revisión de la infracción de sus derechos consulares", dijo Maurie Levin, uno de los abogados de Tamayo.

La apelación de Tamayo a un tribunal federal en Austin solicitaba una orden judicial contra el gobernador de Texas, Rick Perry, y la Junta de Perdón y Libertad Condicional, que Perry nombra. La junta puede recomendar a Perry que otorgue clemencia, pero esa decisión se toma muy pocas veces.

Levin y la abogada Sandra Babcock alegaron que los procedimientos de clemencia del estado son "una afrenta a lo que debe ser la clemencia, una 'protección' en nuestro sistema judicial".

El despacho de Abbott respondió que los procedimientos cumplieron las directrices de la Corte Suprema.

"No importa de dónde sea la persona", dijo Lucy Nashed, portavoz de Perry. "El que cometa un crimen despreciable como este en Texas, queda sujeto a nuestras leyes estatales, como un juicio justo con jurado, y la sentencia máxima".

Tamayo estaba en Estados Unidos sin autorización y tenía antecedentes penales en California, donde cumplió una pena de prisión por robo y recibió la libertad condicional, según registros de la prisión.

"Nadie alega que no mató a Guy Gaddis", dijo Ray Hunt, presidente del Sindicato de Policías de Houston. "El disfrutó los mismos derechos que tenemos todos.

"Esto se ha estudiado, escuchado, examinado y es hora de que se cumpla el veredicto del jurado".

Los retos jurídicos a la notificación consular y los ciudadanos mexicanos en la galera de la muerte en Texas no son nada nuevo. Por lo menos otros dos reos en circunstancias similares fueron ejecutados en Texas en años recientes.

Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos sólo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.

"Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó", reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Before You Go

Pena de muerte en Estados Unidos

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