El mexicano Edgar Tamayo está condenado a muerte en Texas, la sentencia está programada para cumplirse este miércoles pero abogados del implicado y el gobierno de su país han rechazado el veredicto.
Tamayo fue apresado por el asesinato de un policía en Houston hace 24 años. Un jurado dictó la pena de muerte aunque según su abogada Sandra Babcock se ha violado el debido proceso durante su proceso.
"Aún las personas que apoyan la pena capital reconocen que antes de extinguir la vida se deben garantizar todos los derechos del debido proceso y un juicio justo a las personas y esto no pasó en el caso de Edgar Tamayo", dijo la defensora a Jorge Ramos, periodista de Univisión.
"Edgar es una personas con grandes incapacidades mentales. Cuando crecía en México sufrió daños por un accidente en un rodeo y como consecuencia nunca recibió ningún tratamiento psicológico, además tiene retraso mental", agregó.
"Cuando fue detenido él tenía el derecho de tener la ayuda del Consulado Mexicano, bajo tratado internacional que firmaron los Estados Unidos, pero las autoridades texanas no le avisaron. Él no hablaba inglés", explicó Babcock.
"Esto no es sobre si la persona es culpable o no", concluyó.
La oficina del gobernador de Texas, Rick Perry, ha confirmado que la sentencia se cumplirá esta semana, pese a las cartas de clemencia.
MÉXICO RECHAZA LA SENTENCIA
AP - El gobierno mexicano anunció el domingo que "rechaza firmemente" la ejecución prevista esta semana en Texas de un mexicano condenado por matar a un policía.
La programada ejecución de Edgar Tamayo sería una violación más de un tratado internacional por parte de Estados Unidos, sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores en una declaración difundida el domingo.
Está previsto que Tamayo sea ejecutado mediante una inyección letal el miércoles próximo por la muerte a tiros de un policía en 1994, quien lo había detenido por un robo.
"El gobierno de México reitera su firme rechazo a la ejecución del connacional programada para el 22 de enero de 2014", agregó.
De acuerdo con la cancillería mexicana, la Corte Internacional de Justicia resolvió en 2004 que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, entre ellos Tamayo, quienes fueron condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas, tal y como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Esa sentencia es conocida como el Fallo Avena.
"De tener lugar la ejecución de Edgar Tamayo sin que su proceso penal sea revisado y su sentencia reconsiderada, de conformidad con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia, constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, así como una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena, cuya observancia es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo los nacionales de Estados Unidos, mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero", agregó la cancillería mexicana.
Los abogados de Tamayo han dicho que si Tamayo hubiese recibido ayuda del consulado mexicano, podría haber obtenido pruebas atenuantes que permitiesen haber convencido al jurado de que una sentencia que no fuera la muerte.
No es la primera vez que se denuncia una violación a la convención internacional en relación con ciudadanos extranjeros condenados a muerte en Texas. Por lo menos otros dos presos en Texas en circunstancias similares fueron ejecutados en los últimos años.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya concluyó que Tamayo y más de cuatro decenas de presos mexicanos cuya ejecución está pendiente en Estados Unidos no fueron informados de sus derechos consulares cuando fueron arrestados, de acuerdo con la Convención de Viena. La Corte instó a nuevas audiencias en los tribunales, donde se determine si el acceso consular habría afectado los casos de esas personas condenadas.
Un año después, el presidente George W. Bush estuvo de acuerdo con el tribunal internacional e instó a que se celebraran nuevas audiencias. La Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo, rechazó el pedido de Bush y el impacto de la decisión de la corte internacional en una apelación interpuesta por el recluso mexicano José Medellín, preso en Texas y condenado a muerte. La mayoría de la Corte Suprema determinó que sólo el Congreso podía exigir a los estados obedecer la decisión del tribunal internacional.
El Congreso nunca ha aprobado una legislación con ese objetivo.
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