Cárceles privadas, potenciales ganadoras de la reforma migratoria

Cárceles privadas, potenciales ganadoras de la reforma migratoria

A esta altura, el destino de la reforma migratoria es incierto. Fue aprobado en el Senado con 68 votos de los 100 miembros, luego de cambios que prácticamente cambiaron la naturaleza de la moción de ley. Ahora está en el umbral de la Cámara de Representantes, donde por lo general se operan modificaciones adicionales que luego son “reconciliadas” en un comité conjunto, vueltas a votar en una fórmula única en ambas partes del Congreso para finalmente llegar al despacho presidencial para la aprobación con la rúbrica del mandatario.

Si es que llega a eso.

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Para lograr el apoyo de un puñado de republicanos, los promotores – el grupo bipartidario de ocho senadores – hicieron más difícil “el camino a la ciudadanía”, que llevará a los candidatos hasta un cuarto de siglo. Condicionaron la legalización de los indocumentados al cierre hermético de la frontera, lo que significa que quien trate de cruzar ilegalmente sea, o bien disuadido por las dificultades, o atrapado de este lado. Si es que no perece de frío, calor, sed, hambre o violencia, como sucedió a cinco mil de ellos en la última década. Y contempla – antes de que llegue la legalización – una serie ininterrumpida de redadas migratorias.

Para ello, ya decidieron duplicar la cantidad de efectivos fronterizos, militarizando lo que hasta ahora era una operación civil. El número de efectivos de la Patrulla Fronteriza subirá a 40,000 agentes.

"El Senado duplicará a 40,000 la cifra de patrulleros fronterizos, autoriza 700 millas de barda en la franja sur, e intensifica los programas de seguridad al interior del país", explicó Maribel Hastings en estas páginas.

Aún después de tantos cambios y concesiones,la línea dura en la Cámara de Representantes podría dilatar, postergar, suspender, diluir y en última instancia, eliminar la reforma migratoria.

Pero si se aprueba, si pasa, si se concreta la reforma migratoria, sus potenciales ganadores serían las empresas que suministran tecnología fronteriza – para construir la cerca, armar a las tropas, suministrar aviones sin piloto. Ganarán las compañías tecnológicas que contratarán trabajadores extranjeros especializados gracias al incremento de sus visas, las granjas agrícolas que tendrán más acceso a mano de obra migrante barata.

Y las que operan cárceles privadas para inmigrantes.

Estas cárceles tienen un interés directo en que exista una población indocumentada, sujeta a detenciones. Las enmiendas hechas en el Senado – y las que potencialmente podrían agregarse en la Cámara Baja – balancearían la pérdida de “mercado” por parte de las carcelarias, según un análisis de Patrick O’Connor en The Wall Street Journal del 6 de julio

El Journal establece que “los planes de los legisladores de reprimir las violaciones fronterizas prometen un flujo constante de detenidos para dos contratistas federales”.

Enumera a los gigantes Corrections Corporation of America (GCA) y el GEO Group Inc, dueños de la mayor parte de las cárceles privadas del país. La legislación aprobada en el Senado “incrementará la población de cárceles federales… en 14,000 presos por año, según la Oficina de Presupuestos del Congreso”. Al tenor de 1,600 millones de dólares en 10 años.

“El sector privado se beneficiará primero, porque los federales dependen de ellos para cumplir sus necesidades migratorias”, cita la nota a Kevin Campbell un analista especializado: el 80 por ciento del aumento de reos – inmigrantes detenidos – fluirá a los establecimientos privados.

Por eso, el presidente de GEO Group dijo en febrero a analistas de Wall Street, dice el artículo, que no cree que la reforma “cambie el número de camas que llena cada día la agencia migratoria federal ICE”, un mínimo de 34,000 inmigrantes presos por día, según requerimientos del Congreso.

“Siempre habrá demanda para camas”, dijo también el jefe de CGA el mismo mes.

Agrega The Wall Street Journal que mientras que en 2000 había 13,000 presos que permanecieron por un año o más en cárceles federales por delitos migratorios, en 2011 – el tercer año de gobierno de Obama – el número saltó a 22,100. Y ambas empresas, que ese año poseían más de 200 cárceles, incrementaron sus ingresos provenientes, no de criminales comunes sino de inmigrantes, de 5 por ciento en 2005 a 40 por ciento el año pasado.

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