Nota en desarrollo
En uno de sus fallos más importantes de los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió anular partes de la Ley de Derecho al Voto, que a su vez fue el resultado de muchos años de lucha por derechos de las minorías y contra la supresión de sus derechos ciudadanos en los estados exesclavistas del sur.
El veredicto indudablemente llevará a encendidas reacciones a favor y en contra y a una ola de nuevas leyes que pongan escollos para el ejercicio del voto de diversos grupos de la población.
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La decisión fue adoptada por el menor de las márgenes, 5 contra 4, en una repetición de otras que contrapusieron la actual mayoría conservadora contra la minoría liberal. También continúa la línea activista del tribunal presidido por John Roberts, que invalida acciones pretéritas del Congreso adaptándolas a su línea ideológica y partidista.
Los 5 de la mayoría fueron, además de Roberts, los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Samuel Alito, En contra votaron las tres mujeres en el tribunal, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, junto con Stephen Breyer.
En dictamen, cuyo texto se puede hallar aquí, es el caso del condado Shelby de Alabama contra el secretario de Justicia Erik Holder, apelando la constitucionalidad de la parte de la ley - su sección 4 - adoptada en 1965 que da al gobierno federal el derecho de anular – en ciertos estados y condados - leyes de votación que considera discriminatorias para grupos minoritarios. Los estados, generalmente del sur, son aquellos que en el pasado insistieron en segregación y negación de derechos para los afroamericanos .
Durante la década de los setenta, con el incremento de la población latina y los intentos para limitar su voto, el alcance de la ley fue extendido a partes de California, Florida, Nueva York y Texas.
A pesar de que la ley fue reautorizada por el Congreso en 2009, la Corte declaró que la situación en los estados implicados cambió sustancialmente en los 50 años desde que se legisló, siguiendo la lógica que ya impuso en un dictamen anterior en 2009.
En el plano inmediato, la decisión abre el camino para que el estado de Texas implemente una ley que exige a los votantes presentar documentos de identidad oficiales en la casilla de votación - algo inusual en Estados Unidos - y que fue anulada poco antes de los recientes comicios presidenciales de noviembre pasado por el gobierno federal, haciendo uso, precisamente, de la cláusula 4 ahora declarada ilegal. El efecto de la ley en Texas sería limitar el voto por parte de minorías - la mayor es la hispana - y personas de bajos recursos.
Otro efecto pernicioso para los latinos sucederá seguramente en el estado de Florida. Allí, el gobierno federal impidió un intento de limitar los horarios de votación, lo que llevaría a reducir el caudal de votantes y aumentar la problemática de aquellos que poblaron interminables líneas en varios centros de votación recientemente. El intento fue una iniciativa del gobierno estatal pocos días antes de los últimos comicios. Sin la sección 4, no existirá impedimento para los gobiernos estatales para diseñar a su voluntad el mapa de votantes en sus respectivos distritos.
Una ley similar, también anteriormente anulada por el gobierno federal, se pondrá seguramente en efecto en Carolina del Sur.
El Presidente Obama inmediatamente declaró su profunda desilusión por la decisión de la Corte.
"Exhorto al Congreso a que apruebe una legislación que asegure acceso igualitario al voto para todos los estadounidenses. Mi administración seguirá haciendo todo lo posible para asegurar un proceso de votación justo e igualitario", dijo el mandatario.
El Presidente de la Corte, Roberts, dijo que la ley extendida en 2009 por el Congreso se basaba en "estadísticas obsoletas" que hacían que la fórmula que definía cuáles estados y condados estarían sujetos a jurisdicción federal fuese "inconstitucional".
En consecuencia, el tribunal opinó que el Congreso "debería decidir otra formula, basada en las condiciones actuales".
Los disidentes, de la pluma de Ginsburg, dijeron que "la triste ironía de la decisión de la mayoría es su total fracaso en comprender el porqué del éxito de VRA" - Voting Rights Act, o Ley de Derecho al Voto. "El tribunal parece creer que el éxito de VRA... significa que ya no se necesita".