Lucharon contra la ley y la vencieron.
La organización activista de Texas conocida como Librotraficante celebró el fin de semana una victoria contra legisladores estatales que querían evitar que se impartiesen estudios étnicos.
El senador estatal conservador Dan Patrick, un republicano de Houston, causó ira tanto entre activistas latinos como en el cuerpo docente con su moción de ley para que los estudios étnicos - y otras clases universitarias - no sean considerados parte de los requerimientos necesarios para un título de historia estatal.
La propuesta logró poco apoyo. Faltando solo dos semanas antes de que lleguen a su fin las sesiones de la Legislatura de Texas, la Propuesta de Ley del Senado 1128 todavía no ha sido sometida a votación en el Comité de Educación Superior en esa cámara.
“Desde el punto de vista logístico, será sumamente difícil que la moción sea aprobada en estos momentos”, dijo este lunes Logan Spence, portavoz de la oficina de Patrick, al Huffington Post.
Los oponentes de la ley la comparan con una similar en Arizona que fue utilizada para eliminar un programa de estudios mexicoamericanos en Tucson.
“Esta es una advertencia para todos los legisladores de la extrema derecha en cualquier estado de la Unión: si atacan nuestra historia, nuestra cultura, o nuestros libros, los confrontaremos”, dijo Tony Díaz, uno de los líderes del movimiento Librotraficante, en una declaración el jueves. “Y venceremos”, agregó.
Patrick presentó la moción de ley SB 1128 como respuesta a un informe de la Academia Nacional de Estudiosos (NAS), un grupo de académicos que algunos de sus colegas latinos decriben como conservador, de acuerdo con el San Antonio Express-News.
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El estudio, llamado “Redefiniendo la historia” (Recasting History), afirma que el énfasis en la enseñanza de historia de Estados Unidos en la Universidad de Texas en Austin (UT) y en la Universidad A&M en Texas cambió, de temas de tradicional interés universitario como historia militar e intelectual a otros como raza, género y clase.
La Universidad de Texas en Austin se opuso a esa interpretación, y en enero, publicó una declaración en la que afirmaba que si bien el estudio “plantea cuestiones importantes”, también describe un cuadro estrecho y mayormente incorrecto sobre la calidad, profundidad y amplitud de la enseñanza e investigación de la historia en la Universidad de Texas en Austin”.
La respuesta de la universidad agrega que hasta la década de 1960 los estudiosos prestaban poca atención a los temas de raza, clase y género, y ahora, “lejos de disminuir la atención hacia otros áreas como sugiere el estudio de NAS, estas áreas de estudio ampliaron el enfoque de eventos y personalidades históricas”.
Confrontando la crítica a su propuesta de ley, Patric escribió un mensaje en su cuenta de Facebook en marzo, diciendo:
“El motivo por el cual presenté esta moción es porque el año pasado, la Academia Nacional de Estudiosos escribió que ni UT ni A&M enseñan una visión amplia de la historia de nuestra nación, sino que se enfocan en tópicos individuales como raza, género y temas tales como la cultura del alcohol y las drogas, la historia de la música popular e incluso algo tan estrecho como la historia del poder marítimo. Estos cursos son buenos y pueden ser elegidos por los estudiantes si así lo desean, pero no deben ser parte de los créditos requeridos para graduarse con un título en historia, en opinión de los estudiosos y en la mía también.
Los académicos latinos no están de acuerdo.
“La gente en los departamentos universitarios de historia está preocupada, porque esta propuesta tiene como propósito debilitar nuestra autonomía facultativa, nuestra libertad académica y la enseñanza de la historia en los departamentos”, dijo el profesor de historia mexicoamericana Emilio Zamora al San Antonio Express-News en marzo.
El movimiento Librotraficante comenzó como una protesta contra la prohibición de un programa controversial de estudios mexicoamericanos en la enseñanza pública en Tucson, Arizona.
Díaz, conjuntamente con la periodista independiente Liana López y el artista multimedia Bryan Parras lanzaron en marzo de 2012 una caravana que promocionaba el establecimiento de bibliotecas comunitarias de “wetbooks”, o libros de indocumentados, basados en los libros prohibidos en Tucson y otras ciudades del Suroeste.
Una investigación independiente halló que las clases de estudios mexicoamericanos incrementaban los índices de graduación y mejoraron los resultados en exámenes estatales. Y una revisación ordenada por el estado dedujo que las clases mejoraban el pensamiento crítico y recomendó expandirlas.
Sin embargo legisladores conservadores en arizona acusaron a los docentes de politizar el aula de clases y de incitar al resentimiento racial de los estudiantes latinos al enseñarles acerca de la historia y política de la opresión racial. Los maestros rechazan estos alegatos.
Ante la posibilidad de perder el 10 por ciento de su presupuesto - unos 14 millones de dólares durante el año fiscal - si no lo hacía, la Junta Escolar de Tucson decidió en un voto de cuatro contra uno clausurar esas clases el 10 de enero.
Una demanda judicial contra esta decisión está en manos de los tribunales. Un juez federal declaró legal la mayor parte de esta ley en marzo, pero los demandantes apelaron ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Y mientras los activistas todavía luchan por eliminar la ley de Arizona, Díaz tiene esperanzas en el futuro.
“Como activistas, parecería que estamos siempre a la defensiva”, dice la declaración de Librotraficante. “Esto tiene que terminar. Tenemos el propósito de presentar candidato a varios puestos electivos este otoño, para cambiarlo”.
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