Un análisis de la frontera de Estados Unidos con México publicado esta semana en el Los Angeles Times arroja que las incertidumbres y oportunidades de manipulación son mayores que las posibilidades reales de satisfacer los requerimientos que los republicanos demandan para votar a favor de la reforma migratoria.
Además, incluso si se aprobase, estas imposibilidades podrían echar por tierra la implementación de la ley en su etapa crucial: la de ciudadanía para los hoy indocumentados.
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La propuesta de ley migratoria actualmente debatida en el Congreso establece que antes de otorgar residencia permanente y ciudadanía a los indocumentados, la frontera debe ser “segura”.
Pero mientras que en el terreno de los hechos el término varía de zona a zona, los números son imposibles de verificar y la situación fluctúa constantemente, para los legisladores eso no importa: insisten con las condiciones, bajo el título de “frontera segura”, aunque según la Secretaría de Seguridad Interna la “línea” es la más "segura" en 40 años.
Todo depende del cristal con que se mire...
Así, la primera de esas condiciones es que el gobierno debe certificar, cinco años después de ponerse en vigencia la ley, que el 90 por ciento de quienes tratan de cruzar son detenidos. El porcentaje es obviamente ridículo: los agentes no pueden saber a cuántos inmigrantes no detuvieron porque, precisamente, no lo hicieron, no los vieron, ni los detectaron, ni los contaron.
Para lograr el objetivo, el gobierno dedicará 4,500 millones de dólares adicionales, para cercas electrónicas, aviones sin piloto, radares y más agentes en el terreno. Si no se certifica, la responsabilidad pasará a un grupo mixto que incluirá a los gobernadores de estados fronterizos, con 3,000 millones de dólares más por tres años más.
Durante todo ese lapso, los indocumentados serán puestos en un limbo legal en donde no serán “ilegales” pero tampoco tendrán derechos de residencia permanente. Es fácil entrever entonces una situación en el futuro en la que incluso si el gobierno “certifica” esos resultados, los opositores de la reforma insistan en que los números no son genuinos. Y no habrá manera de demostrarlo.
La situación preocupa tanto a proponentes de los derechos de los inmigrantes como sus opositores. Ambos tienen razones para estarlo.
Además del fatídico número de 90 por ciento, el gobierno deberá implementar un sistema para detectar a indocumentados en aeropuertos y puertos marítimos y hacer nacional el uso del sistema “eVerify” para impedir que indocumentados trabajen legalmente.
La problemática se puede entender mejor si se considera que hasta 2010, la agencia utilizaba un parámetro llamado “control operativo” para medir su éxito en la frontera (reclamaba un 44 por ciento en toda la línea y 85 por ciento en la de California).
Luego pasaron a basarse en el descenso del número de arrestos como ejemplo de su éxito.
Pero ese parámetro tampoco sirve, porque la cantidad de inmigrantes que siquiera trataron de cruzar la frontera en los últimos años es un 80 por ciento menor que en el pasado: por la crisis laboral en Estados Unidos, por la prosperidad relativa en México, y también por el alto costo de cruzar con “coyotes”.
Por esa razón, la Patrulla Fronteriza está desarrollando un tercer patrón de medida, que llama "índice de condiciones de la frontera", y que incluye factores varios. Pero ya ha dicho que el propósito de la nueva vara de medir es ayudarles a decidir adónde enviar más agentes y no a dar un número en que el gobierno pueda basarse.
No debe sorprender entonces, que la incredulidad y desconfianza política, característica entre los opositores de la reforma, solamente crezca en estas circunstancias, dice la nota del Times. “Disculpen”, dijo la congresista republicana de Michigan Candice Miller, “pero estoy tratando de digerir todo esto que me están diciendo”.
FOTOS: LA MARCHA PROINMIGRANTE DE LOS ANGELES, 1 DE MAYO DE 2013:
Marcha proinmigrante en Los Angeles
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