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Pese a los intentos, las armas de fuego parecen intocables

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SEEVAKUMARAN
James Oliver Seevakumaran | AP

Este lunes, en la Universidad de Florida Central, un estudiante se quitó la vida. La policía halló junto a su cuerpo armas de fuego y municiones, y detalles de un plan.

El fallido joven se proponía ir a un bar cercano al campo universitario, beber hasta emborracharse, activar la alarma e iniciar una matanza de sus compañeros y compañeras de clases.

Algo funcionó mal y en lugar de ello, James Oliver Seevakumaran fue la única víctima de su propio complot.

Pero el trágico incidente apuntó, una vez más, al furioso debate sobre la limitación del derecho civil a poseer armas de fuego y municiones. El debate es ardiente, sí, porque ambas partes sienten desesperación.

Es que los ataques asesinos contra civiles por parte de quienes compran libremente armas se multiplicaron en los últimos meses. En enero de 2011, fue la masacre de Tucson, un atentado contra la congresista demócrata Gabrielle Gifford, con seis muertos y 12 heridos. Gifford tuvo que renunciar a su puesto en el Congreso.

En julio de 2012 un asesino entró a un cine en la localidad de Aurora, Colorado, con armas compradas en el libre mercado, matando a 12 e hiriendo a 58. El sospechoso compró legalmente seis mil balas antes de emprender su fechoría.

Finalmente, en diciembre otro asesino ingresó a la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, disparando. Mató a 20 niños y seis adultos. Anteriormente había asesinado a su propia madre.

Frente a ésto, la gente grita sin escuchar. Considera que el otro no tiene sentido común.

Para unos, hay que limitar lo más posible que personas capaces de matar puedan hacerlo. Para otros, hay que armar fuertemente al resto para que cuando ello suceda el autor del atentado fracase.

Pero estos otros tienen detrás a la gigantesca industria armamentista.

Después de la masacre de Newtown, Barack Obama lloró públicamente, como padre y presidente, y prometió dedicarse personalmente a enmendar las leyes para que personas desequilibradas como los asesinos culpables de estas matanzas no puedan comprar libre y legalmente armas de fuego.

Obama encargó al vicepresidente Joe Biden encabezar un comité que proponga las reformas necesarias “para que nunca más vuelva a suceder”.

La oposición, centrada en la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), un organismo que representa a los fabricantes de armas y cuenta con el apoyo de millones de dueños de éstas entre sus miembros, presentó batalla. Propuso que en lugar de impedir que haya tanta arma en manos de locos sueltos, cada escuela tenga su plan de resistencia armada, de manera tal que se armen a maestros y otros empleados o se empleen guardias armados para mantener la seguridad.

El debate se estancó. Las negociaciones en el Congreso siguieron pero detrás de las bambalinas y como ahora se ve, sin éxito.

De las promesas de limitar el acceso a armas, de expandir la obligación de una revisación de antecedentes criminales a quienes adquieren armas en ferias privadas, de impedir que se vendan fusiles ametralladoras, de limitar el tamaño de los cargadores a un máximo de 10 balas – contra hasta 50 que usan los criminales y asesinos – poco ha quedado. El avance, si sucede, será mínimo.

Eso, a pesar de que "una mayoría aplastante del 84% de los adultos desea que se establezcan normas federales para revisar los antecedentes de las personas que compran armas en las ferias de armas," de acuerdo con una reciente encuesta.

El Senado anunció este martes, al cabo de meses debatiendo, que en abril comenzará a debatir finalmente una ley que incrementará las penas para quienes compran y venden armas ilegales. Eso es todo. De la agenda de seguridad en las armas hecha pública por Obama no ha quedado mucho.

Como lo explica este martes el New York Times, la propuesta de ley no incluye la reinstalación de la ley que prohíbe las llamadas armas de asalto – que son fusiles, pistolas y revólveres semiautomáticos y con cargadores.

Durante años, la senadora de California Dianne Feinstein ha tratado de que esta ley – que debió ser reautorizada por el Congreso en 2004 y la cual el expresidente George W. Bush dejó expirar – vuelva a ser parte del código penal. Ella misma es la autora de la ley, aprobada en 1994 y promulgada por el entonces presidente Bill Clinton.

“Hice lo mejor que pude”, dijo Feinstein, “pero lo mejor que pude no fue suficiente”.

¿Cuál es entonces el logro de estos meses de negociaciones?

Lo siguiente: comprar un arma destinado a quien tiene prohibido hacerlo será considerado - si se aprueba - un delito grave en lugar de delito severo.

Y quizás ni siquiera eso. Gracias al sistema de debate del congreso, los senadores que favorecen el derecho irrestricto a comprar y portar armas de fuego, podrán proponer enmiendas a la moción y convertirla de una ley antiarmas en todo lo contrario.

“Los enemigos de esta ley son muy poderosos”, dijo Fesintein refiriéndose a la NRA. “Lo he sabido por toda mi vida”.

Sin embargo, y curiosamente, la ayuda a quienes proponen limitar el acceso a las armas de fuego para toda la población podría llegar de los estados, como Colorado, que hasta ahora ha sido de los más ardientes simpatizantes de la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite la libre compra y venta de las mismas.

Allí, el gobernador demócrata John Hickenlooper se apresta a rubricar con su firma y así promulgar una serie de leyes que, precisamente, limita el tamaño de los cargadores a 15 balas e impone exámenes de antecedentes para quienes quieren comprar fusiles.

Para los republicanos que batallaron las propuestas aprobadas por la legislatura estatal, las nuevas leyes que entrarán en vigor el 1 de julio no reducirán el crimen, pero limitarán el derecho de los ciudadanos a portar armas.

Entre otras leyes que avanzan por el proceso legislativo en Colorado, propuestas por los demócratas, una prohibiría poseer armas a quienes fueran acusados de crímenes de violencia doméstica y otra prohibiría que los cursos de seguridad en el uso de armas se puedan tomar por internet. Otra moción que prohibiría llevar armas en las universidades no llegó a votación, según FoxNews.

Por su parte, el estado de Nueva York prohibió en enero usar cargadores con más de siete balas. Como la industria no produce cargadores con menos de 10 balas, una enmienda a la ley, considerada por el gobernador Andrew Cuomo, permitiría comprar cargadores de 10 balas pero ponerle sólo siete, según el Wall Street Journal.

En suma: pese a los intentos, las armas de fuego parecen intocables. Las continuas masacres e intentos de asesinato insensatos a manos de lunáticos llenos de películas de violencia ya no sacuden a la clase política ni le hacen temer.

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