NUEVA YORK – La protección de los derechos civiles tanto como la justicia económica y seguridad pública de los contribuyentes neoyorquinos goza de buena salud a juzgar del balance 2012 de la fiscalía general del estado.
"Hemos trabajado diligentemente este año para restaurar la fe de los neoyorquinos en los sectores público y privado. Me siento orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de la gente de este estado", dijo el fiscal general Eric T.Schneiderman, en respuesta a una consulta del HuffPost Voces.
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Schneiderman ha sido uno de los funcionarios más visibles en el escenario de la función pública en el transcurso del presente año. Apenas empezaba el 2012 fue designado para presidir el grupo de trabajo creado por el presidente Barack Obama y el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder, para investigar las ilegalidades que contribuyeron al colapso financiero producido por la crisis de las hipotecas.
“Nos estamos acercando a cumplir el objetivo de establecer la mejor firma de abogados a servicio del público en el país, para servir y proteger a todos los neoyorquinos", expresó el fiscal al hacer un balance de su gestión.
La función de fiscal general en Estados Unidos en un cargo de elección equivalente a las de procurador de justicia en Latinoamérica y tiene entre otras misiones, precautelar la acción penal de los estamentos de justicia, vigilar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades, cesar y castigar la comisión de delitos e instrumentar acciones para el respeto a los derechos civiles y humanos.
"Hemos trabajado desde el sometimiento de los fraudes financieros que fueron el motor de la crisis económica, la lucha contra la corrupción en el gobierno, erradicar el fraude en contra de los contribuyentes, proteger a los consumidores hasta mantener nuestras calles seguras”, agregó Schneiderman.
El fiscal libró una crucial lucha para garantizar la seguridad pública no sólo de Nueva York sino a nivel nacional al encabezar una coalición de diez fiscales generales que instó al Senado de Estados Unidos a rechazar dos proyectos de ley de armas que obligarían a los estados como Nueva York a reconocer permisos de portación oculta emitidas por otros estados, incluso aquellos con mala supervisión y débiles normas de concesión de permisos.
La iniciativa nacional de los fiscales liderados por Schneiderman fue presentada el 30 de noviembre, dos semanas después, el 14 de diciembre, se produjo la matanza en la escuela de Newton, Connecticut en la que murieron 26 personas, 20 niños entre ellos.
La fiscalía obtuvo una victoria en la defensa judicial de las leyes de seguridad de armas de fuego del Estado de Nueva York al lograr una decisión unánime de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos que dictaminó que la ley que obliga a las personas a demostrar "causa justificada" para obtener una licencia para portar armas ocultas en público, no viola la Segunda Enmienda de la Constitución.
El fiscal neoyorquino fue quien presentó una demanda contra varios de los mayores bancos del país, incluyendo Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo por las prácticas fraudulentas y engañosas que socavaron la integridad del proceso judicial de ejecución hipotecaria y perjudicaron a los propietarios de viviendas.
Schneiderman lideró una iniciativa nacional para buscar un acuerdo hipotecario que haga rendir cuentas a los bancos. El fiscal logró un arreglo de más de 130 millones de dólares para Nueva York con los cinco administradores de hipotecas más grandes de la nación sobre los abusos de ejecución hipotecaria. Nueva York es el estado con más prestatarios cuyas viviendas cuestan menos que lo que deben al banco de todos los estados involucrados en el acuerdo federal-estatal.
En el área de la defensa a los consumidores e inversionistas la fiscalía general logró varias acciones que lograron recuperar millones de dólares. El más importante, por 620 millones de dólares con J. Ezra Merkin e Ivy Asset Management, firmas que controlaban los fondos y asesoraban a Bernard Madoff, el responsable del “fraude del siglo” bajo el esquema Ponzi que afectó a cientos de inversionistas de Nueva York y otros estados.
En otro frente, varios gigantes de la industria farmacéutica fueron llevados ante la justicia y obligados a firmar acuerdos para pagar miles de millones de dólares por promover la venta de medicamentos para usos no aprobados o de forma indebida. Las firmas fueron entre otras: Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., McKesson Corporation y Merck Sharp & Dohme Corp.
Por ejemplo, sólo la firma de biotecnología Amgen tuvo que devolver 612 millones de dólares por participar en diversas prácticas de marketing ilegales incluyendo sobornos a doctores y la presentación de reclamaciones falsas de Medicaid para promover la venta de medicamentos.
En el esfuerzo por mantener las calles seguras, la fiscalía impulsó la ley I-STOP la misma que permite rastrear por internet la sobre prescripción de medicamentos recetados. La legislatura aprobó la ley por unanimidad, diseñada para frenar el tráfico de drogas con recetas, un flagelo que ha causado ya graves consecuencias en algunos estados.
En el mismo ámbito, combatió la creciente crisis de drogas sintéticas de Nueva York mediante la presentación de demandas en contra de un total de 23 tiendas head shop a nivel estatal por vender ilegalmente ese tipo de drogas etiquetadas de forma ambigua.
En cuanto a la prevención de los crímenes sexuales, la fiscalía impulsó la operación “Game Over” una iniciativa en curso que hasta ahora ha purgado a más de 5.600 delincuentes sexuales registrados en las cuentas de sus correspondientes plataformas en línea.
Operaciones encubiertas de la fiscalía apoyadas por la policía y los organismos de inteligencia de lucha contra el crimen lograron desarticular a través del estado, varias bandas dedicadas al tráfico de cocaína y otras drogas fuertes, lo mismo que mafias dedicadas a promover la prostitución.
A mediados de diciembre, el fiscal Schneiderman anunció el arresto y acusación de Miguel A. Rodríguez, de 53 años, del condado de Dutchess, por estafar con miles de dólares a inmigrantes, a quienes engañaba con falsas promesas de conseguirles de licencias de conducir y asistencia de inmigración. Rodríguez, un ex oficial de policía de Nueva York, llevó a cabo el plan mientras era oficial de policía y era el enlace con la comunidad latina en la localidad de Wappingers Falls.
En cuanto a fomentar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, la fiscalía propuso nuevas regulaciones a los grupos sin fines de lucro y organizaciones 501 (c), las que deberán informar el porcentaje de sus gastos destinados a procesos electorales federales, a nivel del estado y local. La información debe ser accesible al público.
En la actualidad, estos grupos han gastado más dinero en publicidad política en los dos últimos ciclos electorales que los comités de acción política, pero no han sido obligados a revelar sus donantes, como tienen que hacerlo los PAC.
En agosto, el fiscal Schneiderman anunció la acusación que condujo al arresto de la senadora estatal de Nueva York Shirley L. Huntley por cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales, conspiración y la manipulación de su investigación sobre el esquema fraudulento que utilizaba en una organización no lucrativa creada por ella. La investigación fue parte de una iniciativa pionera de integridad pública entre las oficinas de la fiscalía y contraloría del Estado.