CARUTHERS, California — El pasado 26 de noviembre, Modesta Ramírez manejaba a su casa desde su trabajo al caer la tarde. En su espejo retrovisor vió a un patrullero. "Al señalizar para doblar, me dí cuenta que el patrullero aceleró . Prendió su luz roja cuando yo estaba estacionando frente a mi casa", explica Modesta Ramírez, una jóven madre mexicana. "Me pidió la licencia de conducir y el registro del carro".
Según el testimonio de Ramírez, cuando le preguntó al policía porqué la había detenido, la respuesta la sorprendió: "Porque llevabas luces altas". Pero ella replicó que no tenía las luces prendidas.
El oficial entonces abrió la puerta del carro y dijo, satisfecho: "el niño no está en su asiento de acuerdo a la ley del estado". Sin embargo, Ramírez dijo que ella y su esposo sientan a su pequeño hijo "de acuerdo a lo que nos enseñaron en los talleres que patrocina la Patrulla de Caminos!".
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Su esposo, que había salido de la casa alertado por uno de los hijos de la pareja, le dijo al agente que no podia detener a alguien en su casa, pero de acuerdo con Ramírez, el agente del orden le respondió con una amenaza de arresto "por obstruir su trabajo".
El resultado fue que que el carro de Ramírez fue confiscado porque ella carecía de licencia de conducir, algo común entre los trabajadores indocumentados. Según un reglamento estatal, el vehículo puede ser retenido "a discreción del oficial" hasta 30 días. El conductor es responsable de los costos de la grúa y del depósito donde queda el vehículo durante ese tiempo.
En terminos generales, el monto suele superar los 1,300 dólares. A esto hay que sumarle gastos adicionales cuando una persona pierde su vehículo en una comunidad rural, que incluye el pago a "raiteros" para poder llegar al trabajo.
Lo que llama la atención de este caso es que decenas de personas reportaron situaciones similares en la pequeña comunidad de Caruthers, o Corrales, como prefiere llamarle la mayoría de los jornaleros que viven en esta comunidad agrícola a 20 millas al suroeste de Fresno.
Según varios testimonios, desde hace algunos meses oficiales de la Patrulla de Caminos (CHP, por su sigla en ingles) acechan a residentes de esa comunidad, los detienen con cualquier excusa para pedirles la licencia y, al comprobar que no la tienen le confiscan el vehículo.
Caruthers tiene solo 2,497 habitantes, de los cuales 63.7 por ciento son latinos. La mitad de la población es menor de 29 años (datos del Censo 2010) y la ocupación principal es la agricultura. Y aunque según el censo 2000 el ingreso familiar es de 35,351 dolares anuales en esta comunidad, las familias que trabajan en los campos de cultivo — marido y mujer— dificilmente superan los 20,000 dólares por año.
En este contexto, el pago de 1,300 dólares o más por recuperar un vehículo afecta seriamente la economía familiar.
Martin Contreras, veterano residente de Caruthers, describe cuando una joven pareja, con su bebé recién nacido es detenida por "obstruir el tráfico", a pesar, asegura Contreras, de que no había tráfico en ese momento. Por no tener licencia, el oficial de policía ordena la confiscación del vehículo por 30 días, por lo que la pareja con su bebé es dejada en medio del camino —y pensando cómo reunir los más de 1,300 dólares para recurar el vehículo en 30 días.
"Todo esto me hace pensar que los agentes de la CHP solo se interesan por detener personas que saben que no tienen licencia y así poder quitarles el carro", afirma Contreras. "Pienso esto porque las excusas para detener a nuestra gente son insignificantes… Hay personas que perdieron sus trabajos porque no tienen cómo trasladarse".
Debido a la frecuencia de esta situación, los vecinos de Caruthers decidieron buscar ayuda. En Fresno se contactaron con el Instituto Pan Valley del Comite de Servicios de los Amigos Americanos (PVI-AFSC, por sus siglas en ingles) que inició una serie de reuniones con los vecinos de Caruthers para poder escuchar las quejas y conocer otros detalles.
El primer paso fue documentar los casos. En poco tiempo se reunieron más de 30 declaraciones de personas que describen situaciones de detenciones por parte de oficiales de la CHP con un mismo patrón de conducta. Incluso, uno de los reportes asegura que una persona fue detenida con una excusa extraña, pero al comprobar que el conductor si tenía licencia, no hubo citatorio ni confiscación del vehículo.
Representantes de AFSC invitaron a la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, o ACLU) a integrarse a un equipo de apoyo a los residentes de Caruthers bajo la sospecha de que podría tratarse de un caso de "perfil racial". ACLU es una organización especializada en temas de los derechos civiles y reconocida por sus demandas en favor de la defensa de los mismos.
En conferencia de prensa celebrada el 5 de diciembre, representantes de ambas organizaciones, simpatizantes y vecinos de Caruthers dieron a conocer públicamente el caso.
"Al enfocarse en jornaleros de bajos ingresos, aplicando innecesariamente el reglamento de confiscación vehicular por 30 días, la CHP está desvastando la comunidad local con un impacto negativo en la economía del poblado", dijo Julia Harumi Mass, abogada de ACLU. "Pedimos a la CHP que investigue el número de detenciones y las razones en los últimos seis meses en Caruthers y que se detenga este operativo hasta que se conozcan los resultados de la investigación".
Por su parte, Myrna Martínez Nateras, directora de PVI-AFSC, explicó el objetivo de una campaña que busca eliminar el reglamento que autoriza la confiscación vehicular.
"ACLU y PVI-AFSC trabajan juntas en una campaña llamada 'Vivir Seguros' en el Valle Central de California por medio de la cual abogamos por cambios en la legislación y promoción de leyes que tengan como objetivo la seguridad de las familias y de sus derechos civiles", dijo Martínez Nateras. "Entre otros objetivos, buscamos eliminar el reglamento que permite la confiscación de vehículos por 30 días […] especialmente cuando hay sospechas que esta práctica se concentra ilegalmente en un segmento de la población, que habitualmente resulta ser el de los trabajadores del campo".
Martínez Nateras agregó que esto es también el resultado de la falta de la ansiada reforma migratoria que le permitiría a millones de trabajadores del campo acceder a permisos de trabajo y de residencia y, en consecuencia, poder disponer de licencias de conducir.
Durante la conferencia de prensa, y para sorpresa general, representantes de la CHP se hicieron presentes. El Jefe Jim Abrames pidió la palabra y dijo públicamente que ignoraba las acusaciones y aseguró que su agencia investigaría el caso.
Pocos días después de la reunión de prensa, la CHP confirmó desde su oficina central que efectivamente realizará una investigación sobre el caso.
El Dr. Sudarshan Kapoor, professor emérito de la Universidad de California, Fresno, y reconocido pacifista, pidió a las autoridades y a las organizaciones involucradas negociar una solución a este problema, especialmente considerando que diciembre es el mes de los Derechos Civiles.
"Viví en esta zona por 45 años y estoy familiarizado con los abusos a los derechos civiles", dijo Kapoor. "Esta gente trabaja muy duramente para ganar su dinero… Lo que está pasando en Caruthers es algo muy malo".
Mientras tanto, los trabajadores agrícolas de Caruthers mantienen un moderado optimismo.
