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Fiscales de diez estados cierran filas contra las armas de fuego

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ARMAS ESCANDALO
Diariamente mueren un promedio de 86 personas por las balas, una cada 17 minutos, de acuerdo a estadísticas oficiales. | AP

NUEVA YORK - Una coalición de diez fiscales generales estatales instó a los líderes del Senado de Estados Unidos a rechazar dos proyectos ley propuestos por la Asociación Nacional del Rifle (NRA o National Rifle Association por sus siglas en inglés) que permitiría a los ciudadanos el derecho de reciprocidad para portar armas ocultas a través de los estados.

La iniciativa de los fiscales, es el más reciente esfuerzo contra las armas de fuego en Estados Unidos donde diariamente mueren un promedio de 86 personas por las balas (una cada 17 minutos y nueve de ellas menores de edad) de acuerdo con estadísticas oficiales analizadas por el Brady Campaing to Prevent Gun Violence.

La coalición liderada por Eric T. Schneiderman, el fiscal general del Estado de Nueva York envió una carta en la que piden a los senadores, el demócrata, Harry Reid y al republicano Mitch McConnell, líderes de la mayoría y minoría, respectivamente, a rechazar los proyectos denominados “National Right-to-Carry Reciprocity Act” y “The Respecting States Rights and Concealed Carry Reciprocity Act”.

La carta enviada por los fiscales generales, a la que HuffPost Voces tuvo acceso, expresa que los proyectos de ley limitarían la capacidad de sus estados para controlar quién puede o no llevar un arma oculta dentro sus fronteras y socava la capacidad de la policía para verificar la validez de los permisos de armas, además permitiría a los traficantes de armas llevar más fácilmente las armas ilegales a sus respectivos estados.

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Los fiscales que integran la coalición a más del de Nueva York son: Kamala D. Harris de California, George Jepsen de Connecticut, David M. Louie de Hawaii, Lisa Madigan de Illinois,Doug Gansler de Maryland, Martha M. Coakley de Massachusetts, Catherine Cortez Masto de Nevada, Ellen Rosenblum de Oregon y la recientemente electa Kathleen Kane de Pennsylvania.

"Estos dos proyectos de ley obligarían a los estados a reconocer permisos de portación oculta emitidas por otros estados, incluso aquellos con mala supervisión y débiles estándares", escribieron los fiscales generales. "Estos proyectos de ley crearían un enfoque más bajo del denominador común de la seguridad pública poniendo en peligro la policía y haciendo que sea más difícil enjuiciar a los traficantes de armas".

Ambos proyectos promueven el porte de armas a través de los estados, con lo cual, se obliga a los estados a abandonar sus propias leyes de control de armas de fuego, permitiendo a los visitantes portar armas ocultas en función de las menos restrictivas leyes de sus estados de origen, en lugar de las del estado al que están entrando.

Esta semana, Schneiderman obtuvo una victoria legal en la defensa de las leyes del Estado sobre seguridad de armas de fuego.

En una decisión unánime en el caso de Kachalskyvs Cacace, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos rechazó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de licencias de armas de fuego de Nueva York, al dictaminar que la ley que obliga a las personas a demostrar "causa justificada" para obtener una licencia para portar armas en público no viola la Segunda Enmienda de la Constitución.

De su parte el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg en una comunicación escrita enviada a este medio sostuvo que "la reciprocidad del porte oculto haría posible que las personas con antecedentes penales, o los que tienen antecedentes de comportamiento violento e irresponsable, puedan llevar armas en las ciudades y estados que en la actualidad requieren de permisos para cumplir ciertos mínimos estándares”.

La oficina del fiscal neoyorquino citó un estudio del 2010 que mostró que casi la mitad de las armas que cruzan las fronteras estatales antes de ser recuperadas en crímenes provienen de tan sólo diez estados, cuyas leyes de armas son relativamente débiles, por lo que concluye que las débiles leyes de armas en otros estados ya han tenido un considerable impacto negativo en la seguridad pública estados como Nueva York.

De hecho, afirmó la fiscalía general a HuffPos Voces, durante el 2011 aproximadamente el 68 por ciento de las armas rastreadas o recuperadas en relación con los crímenes cometidos en Nueva York originalmente vinieron de fuera del estado.

La fiscalía dijo a este medio que el Estado de Nueva York requiere que cada solicitante de una licencia para portar armas se someta a una verificación de antecedentes penales y la revisión de la salud mental, restricciones esenciales para la seguridad pública.

Como se estableció antes, ambos proyectos, que están pendientes para ser debatidos en el Congreso, cuentan con el auspicio de la Asociación Nacional del Rifle.

Según Bloomberg, que preside una coalición de más de 600 alcaldes que luchan contra el tráfico de armas y la violencia armada, esto haría casi imposible para la policía verificar rápidamente si un permiso del estado de donde proviene el portador es válido.

Bloomberg subrayó que el control de armas es “un asunto importante de seguridad pública", y agregó que "damos la bienvenida a la amplia coalición de fiscales generales opuesta al esfuerzo de Washington para eliminar las leyes de salvaguarda que muchos estados han adoptado".

"Nueva York requiere exámenes de salud mental para quienes deseen obtener un permiso de portar armas y prohíbe que lo puedan hacer los delincuentes y las personas con condenas por delitos menores violentos, pero muchos estados no tienen tales restricciones de sentido común”, declaró Jackie Hilly, directora ejecutiva de Neoyorquinos Contra la Violencia Armada.

Hilly agregó que “los fiscales generales tienen razón en oponerse a cualquier esfuerzo que permita a criminales violentos o individuos mentalmente desequilibrados portar armas legalmente en Nueva York”.

Durante la reciente campaña presidencial el tema de las armas de fuego no fue debatido en profundidad y más bien fue evitado por ambos candidatos, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney.

Organizaciones que luchan contra el derecho a portar armas estiman que durante el mandato presidencial que está por inaugurarse, unos 48,000 estadounidenses morirán víctimas de las armas de fuego.

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