La iniciativa de ley HR915 que lleva el nombre del agente del ICE - el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - asesinado el año pasado y llamada "Jaime Zapata Border Enforcement Security Task Force (BEST) Act of 2011" fue aprobada por la Cámara de Representantes, con lo cual, una vez rubricada por el Presidente Obama, hará que se destinen más recursos de tecnología, equipo militar e intercambio informativo entre agencias gubernamentales de Estados Unidos y México para mejorar la seguridad en las poblaciones fronterizas.

Creada por el congresista texano Henry Cuéllar, la iniciativa de ley había sido aprobada por el Senado en septiembre y pasó la última consideración legislativa en la Cámara de Representantes estadounidense por 397 votos a favor y 4 en contra.

“BEST involucrará a todas las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles de gobierno y al Departamento de Seguridad nacional en el combate del crimen transnacional en la región fronteriza”, señaló Cuéllar inmediatamente luego de la aprobación.

“El objetivo es que las instancias y agencias fronterizas se coordinen y comuniquen después de haber estado trabajando separadas durante muchos años y con esta ley pretendemos que colaboren juntos a nivel federal, estatal y local, tribal e incluso con las corporaciones oficiales de México”, dijo Cuéllar.

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Según la legislación, BEST ampliaría un programa ya existente agregándole un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares en un período del 2012 al 2016, a fin de vigilar y evitar la actividad criminal en la región fronteriza amenazada por el aumento de la violencia por la guerra contra el narcotráfico en México.

La ley fue nombrada Jaime Zapata para honrar al agente baleado por miembros del cártel de los Zetas en San Luis Potosí, mientras viajaba por tierra de Monterrey a la Ciudad de México en una misión especial en febrero del 2011.

“La propuesta busca mejorar la seguridad de la frontera a través de este programa que inició en Laredo en el 2006, pero ahora con una mejor y mayor coordinación, más tecnología, equipo militar sobrante de la guerra de Afganistán”, señaló el congresista a HuffPost Voces.

La iniciativa HR915 plantea involucrar al personal de las agencias federales, estatales, locales, tribales y mexicanas para que coordinen información y realicen operaciones conjuntas que protejan a las ciudades fronterizas del crimen transnacional y la violencia asociada con el contrabando de armas y el tráfico de drogas a lo largo de la frontera.

“El problema de la violencia relacionada con el narcotráfico en México va a prolongarse muchos años, como sucedió en Colombia que tardaron 10 años en solucionarlo”, señaló quien también es miembro del subcomité de seguridad fronteriza del Congreso.

Cuéllar reveló que ha sostenido reuniones con el presidente mexicano electo Enrique Peña Nieto, quien le ha asegurado que continuará con la tarea emprendida por el mandatario saliente Felipe Calderón contra el narcotráfico y los cárteles de la droga de México.

“Peña Nieto me ha comentado que continuará la labor contra el crimen organizado, pero con menos violencia que su antecesor”, precisó el legislador demócrata texano.

La iniciativa autorizaría al departamento de Seguridad Nacional (DHS, del inglés) el establecimiento de unidades del programa BEST en áreas que han sido impactadas por amenazas de la violencia fronteriza, donde sea viable la cooperación de agencias oficiales y ya haya un equipo de trabajo transfronterizo integrado.

Entre otras medidas, la ley HR915 plantea una cuidadosa revisión de los antecedentes personales y laborales de los agentes que formen parte de la implementación de BEST, así como pruebas con detectores de mentiras para asegurar que se contrata al personal apropiado para la aplicación óptima del programa.

A mediados de este año, el congresista Cuéllar y su compañero legislador Ted Poe pidieron al secretario de Defensa Leon Panetta, que parte del equipo militar sobrante de las guerras de Irak y Afganistán fuera destinado a la frontera sur de Estados Unidos, dada la creciente violencia de los cárteles mexicanos en las poblaciones fronterizas.

Ambos congresistas, con el apoyo de 17 sheriffs de ciudades fronterizas de Texas, Nuevo México y Arizona, lograron que se comenzara a enviar el 10 por ciento de las piezas de equipo bélico de ambas guerras a la frontera.

Asimismo, el legislador Cuéllar ha sido un ardiente defensor del uso de aviones no tripulados o “drones” en la vigilancia fronteriza. Desde el 2006, una flotilla de una docena de éstos opera en la frontera sur, la cual ha tenido un costo estimado de más de 200 millones de dólares, según un reporte del DHS.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y civiles que afirman que ha disminuido la violencia en las poblaciones fronterizas estadounidenses, han lamentado el envío de equipo militar a la frontera con México porque argumentan que no desean vivir en una región más militarizada de lo que ya está, ni que parezca una zona de guerra.

Además, a pesar de que la violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes no es tan severa en Estados Unidos como en el lado mexicano, las organizaciones de narcotraficantes mexicanos están presentes en unas 250 ciudades estadounidenses para operar un mercado de drogas que se calcula en los 30,000 millones de dólares.

En tanto, en México la guerra contra las drogas emprendida por el actual presidente saliente Felipe Calderón ha cobrado la vida de más de 80,000 personas desde el 2006.

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