Legisladores hispanos y activistas de derechos civiles de Texas advirtieron que están preparados para rechazar las leyes antiinmigrantes que se presenten en el próximo período legislativo estatal y exigieron soluciones reales y un nuevo diálogo sobre migración.
"Las cosas han cambiado después de las elecciones presidenciales y a los latinos nos están viendo ahora de otra manera", dijo el senador de Texas, José Rodríguez.
En este nuevo clima, señaló que resulta obligatorio un nuevo diálogo sobre inmigración, en el que predominen iniciativas positivas para los inmigrantes a nivel federal y estatal.
Sin embargo, esa opinión no la comparten legisladores republicanos que tras los comicios de este año amenazaron con revivir propuestas de ley como las que presentaron en 2011 para prohibir las ciudades Santuario, eliminar beneficios y reforzar sanciones contra inmigrantes indocumentados en el estado.
En 2011, Texas vivió la embestida de un paquete de más de 100 iniciativas antiinmigrantes impulsadas por el gobernador Rick Perry y legisladores republicanos que fueron derrotadas en las cámaras legislativas.
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En ese lapso, surgió una fuerte movilización de una coalición de organizaciones civiles agrupadas en la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria (RITA, por sus siglas en inglés) y la coalición TRUST, a las que se atribuye la falta de votos alcanzados por la agenda antiinmigrante.
Este mes, al abrirse el período de registro de iniciativas en las cámaras de representantes y senado de Texas, la misma coalición de RITA anunció que emprenderían una batalla similar a la de 2011 contra las leyes antiinmigrantes en la nueva sesión legislativa que iniciará el próximo 8 de enero.
Hace dos años, los miembros de RITA llevaron a cabo movilizaciones, protestas y campañas de concientización en el Capitolio texano, contra propuestas antiinmigrantes como la eliminación de ciudades Santuario, la imposición de regulaciones de identificación personal y laboral, la redistritación discriminatoria de minorías votantes, el bloqueo de la tarifa de residente para indocumentados en universidades y de otorgar facultades de revisión migratoria a policías locales.
Desde el inicio del registro de iniciativas el 12 de noviembre, se han presentado 250 propuestas de ley, entre ellas la HB-122 del legislador republicano de San Antonio, Lyle Larson, que propone eliminar el pago reducido de colegiaturas a indocumentados en universidades públicas como lo manda el "Texas Dream Act" vigente desde el 2001.
"Este año no se introdujo el primer día de registro la iniciativa contra las ciudades Santuario como hace 2 años, pero no descarto que la propongan porque sigue existiendo un clima antiinmigrante en Texas", comentó el senador Rodríguez a HuffPost Voces.
Opinó que el reciente resultado electoral a favor del partido demócrata, podría moderar las posturas antiinmigrantes en el próximo 83 período legislativo en el estado y a nivel federal promueve el clima apropiado para la aprobación de una reforma migratoria.
"La gente habló a través de su voto y eligió a candidatos pro-inmigrantes, así que en el nuevo ambiente no necesitamos leyes ni gente antiinmigrantes", indicó el legislador estatal Roberto Alonzo, durante una conferencia de prensa ofrecida por RITA.
También el abogado legislativo de MALDEF, Luis Figueroa, aseguró que el reforzamiento de leyes migratorias locales no funciona y exigió que es tiempo de que Texas se mueva hacia adelante, hacia una actitud más saludable en el asunto migratorio.
"Las comunidades latinas están creciendo y demandando cambios y soluciones a nivel federal que a la larga beneficiarán a todos", externó Esther Reyes de la Coalición de Austin por los Derechos de los Inmigrantes. "Deben reconocer la dignidad de los inmigrantes en Texas y Estados Unidos e integrarlos completamente a la sociedad", agregó.
Para la directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus signas en inglés) de Texas, Terri Burke, "en un estado que está seriamente bajo el agua en fondos para educación y servicios, no se necesitan más leyes que ocasionarán demandas ante el gobierno federal que ya han costado más de dos millones de dólares en gastos legales".
El reverendo Jayme Mathias, un sacerdote católico abiertamente gay que ganó un cargo en la administración del distrito escolar de Austin, advirtió que en los comicios "atestiguamos el impacto del voto latino y los hispanos flexionaron su músculo como grupo y a partir de ahora mostrarán su fuerza".
"Debe terminarse la locura contra los inmigrantes, deben parar las deportaciones y la separación de familias", urgió Mathias en la conferencia de prensa de la coalición.
Otras organizaciones de Texas señalaron que el mandato obligado de una amplia reforma migratoria emergió de los pasados comicios. "Después del 6 de noviembre, no hay duda de que el camino a la Casa Blanca pasó a través de las vecindades latinas", dijo la directora de la Unión del Pueblo Entero (LUPE), Juanita Valdez-Cox.
Según la dirigente, las preguntas claves serán si los republicanos trabajarán por una reforma migratoria junto a nuestro movimiento y si el Presidente tomará en cuenta el rol de los latinos en su reelección y suspenderá su récord de deportaciones que separan a familias inmigrantes.
"Ahora nadie podrá gobernar sin tomar en cuenta las necesidades de los latinos", expuso el director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, Fernando García, quien agregó que la presión para una solución migratoria está puesta en ambos partidos.
Se prevé que la representante republicana del distrito 150 de Houston, Debbie Riddle, promueva iniciativas antiinmigrantes, dado que ha manifestado su oposición a que los indocumentados reciban beneficios públicos, ha propuesto que se castigue a los empleadores de ellos y aprueba que policías locales puedan arrestar y deportar inmigrantes.
En el 2011, el gobernador Rick Perry defendió su paquete de iniciativas antiinmigrantes, porque así Texas enviaría el mensaje claro de que no será ciego hacia quienes quebranten las leyes, asentó. Su paquete legislativo fracasó totalmente en la votación, justo previo al anuncio de su lanzamiento a la precandidatura presidencial republicana.
