Por Isaías Alvarado
La primera escala del debate sobre la eliminación de 259 plazas del gobierno de Los Ángeles se tornó emotiva ayer con los testimonios de decenas de fiscales municipales que, con sus lágrimas y voz entrecortada, suplicaron a los concejales que no se les despida.
Su caso es complicado. Los asesores financieros de la Ciudad han recomendado recortar al menos 50 plazas de la Procuraduría local además de 209 puestos en otras dependencias el 1 de enero de 2013 para ajustar un déficit de 16.6 millones de dólares en el actual período fiscal. La medida, que equivale a los ahorros no generados por los descansos sin paga (furloughs) adicionales que detuvo el sindicato de los fiscales, no había sido contemplada en este ciclo. "Hay incertidumbre sobre si el municipio generará 9.4 millones de dólares" por no obtener dicha concesión, cita un reporte de la Oficina Administrativa de la Ciudad (CAO).
En los últimos tres años la Fiscalía local ha perdido 110 abogados —20% de su plantilla— por la recesión. La nueva ola de recortes, equivalente al 10% de la fuerza laboral de la dependencia, abarcaría incluso a empleados contratados hace cinco años o más.
"He visto que mi sacrificio ha sido en vano", expresó a punto del llanto Gabrielle Taylor, de la División de Violencia Familiar, refiriéndose al tiempo que trabajó pero que no cobró salario debido a los furloughs. "Lo he hecho porque mis casos y mis víctimas son prioridad", subrayó.
Vanessa Alvarado, que en 2011 colaboró en el cierre de nueve dispensarios de marihuana medicinal que operaban cerca de algunas escuelas, pidió al Comité de Presupuesto y Finanzas no eliminar más fiscales por bien de la ciudad. "Soy el número 38, estoy entre los 50 del fondo", dijo con un tono de tristeza.
Alvarado, como miles de angelinos, perdió su casa en la crisis hipotecaria. Ahora podría quedar también sin empleo. "He servido a la comunidad con respeto", destacó.
El procurador Carmen Trutanich, decidido a defender a sus abogados con uñas y dientes, recalcó que éstos ganan el 85% de los casos representando un ahorro de 235 millones de dólares.
Menos personal en su dependencia, alertó, se traduciría en más delincuentes libres. "Avanzar sin explorar otras soluciones es un gran error", manifestó Trutanich.
Oscar Winslow, presidente de la Asociación de Fiscales de la Ciudad de Los Ángeles (LACAA), reclamó que el sindicato ya ha otorgado otras concesiones y consideró como una amenaza esta ola de recortes. "Nos interesa demasiado la seguridad de esta ciudad", subrayó el líder sindical.
Otro sector que está en la cuerda floja es el Departamentos de Bomberos de Los Ángeles, y también el de la Policía (LAPD), que perdería 159 puestoso. "Si no aplicamos los recortes habrán más despidos después", advirtió Miguel Santana, titular del CAO.
Pero aún sin todas estas plazas el hueco fiscal del municipio apenas bajaría de 232 a 216 millones de dólares en el ciclo 2013-2014. En tanto, la Ciudad sufrió una nueva degradación a sus bonos de pensiones, bajando de "A1" a "A2", por no eliminar su desequilibrio estructural. La evaluación fue hecha por la agencia Moody's, a raíz de la declaratoria de bancarrota en algunas ciudades de California.
Este artículo se publicó originalmente en La Opinión.