El Procurador general de Texas, Greg Abbott, advirtió a observadores internacionales que se les aplicarían cargos criminales si no acatan la ley electoral estatal que les prohíbe su presencia en centros de votación en los comicios del próximo 6 de noviembre en la entidad, lo que fue fuertemente criticado por expertos.
En una carta dirigida a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, por sus siglas del inglés), la cual funciona asociada con las Naciones Unidas, el fiscal texano indicó que ni grupos ni individuos de fuera de Estados Unidos tienen jurisdicción para interferir con elecciones en Texas.
Según la ley estatal a la que se refirió Abbott, los representantes de OSCE no pueden mantenerse a una distancia menor de 100 pies (30 metros) de la entrada a un lugar de votación, por lo que les recordó que el incumplimiento de este requisito podría ser una ofensa criminal.
“Aun no está claro exactamente lo que la vigilancia de los observadores internacionales pretende alcanzar o qué tácticas utilizarán para el monitoreo propuesto”, objetó en la misiva dirigida al embajador Daan Everts, de la Oficina para las instituciones democráticas y derechos humanos de la OSCE y a cargo de la misión de observadores en Estados Unidos.
Abbott dijo en la carta sentirse “particularmente ofendido de que un grupo europeo parece estar trabajando con grupos estadounidenses asociados con ACORN, una coalición comunitaria acusada de fraude electoral”.
La reacción de la procuraduría estatal surgió a raíz de que la OSCE anunció planes de desplegar a observadores internacionales provenientes de 56 países miembros, a fin de atestiguar la votación general en diferentes entidades de Estados Unidos, incluido Texas.
De inmediato, la OSCE pidió al Departamento de Estado que tomara medidas para que los observadores internacionales no sean limitados en sus actividades cuando acudan a Texas el día de los comicios.
Posteriormente, el director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, Janez Lenarcic, expresó en un comunicado de prensa su grave preocupación por la amenaza de persecución criminal a los observadores electorales hecha por el fiscal de Texas. “Esta amenaza de sanciones penales es inaceptable", dijo.
Descartó cualquier intención de los observadores de “interferir” en las elecciones de Texas, como lo indujo el fiscal texano.
Consideró que dicha “amenaza” de la procuraduría texana “es una contradicción a la buena cooperación establecida entre los observadores del organismo y las autoridades estatales de Estados Unidos, incluyendo Texas, y también es contraria a las obligaciones del país como Estado participante en la OSCE”.
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En contraparte, Abbott informó a la Secretaría de Estado, a cargo de Hillary Clinton, que los observadores extranjeros no pueden evadir la ley electoral de Texas. “El código estatal no autoriza a representantes de OSCE a entrar a lugares de votación, por lo que si no se apegan a esa regla, tal vez deben enviarlos a otro estado”, señaló.
Según el procurador, en Texas se da la bienvenida a visitantes internacionales que desean participar en un intercambio de información legítima, pero no hay interés en ser aleccionados por la OSCE sobre la forma en cómo deben conducirse los asuntos estatales. “A diferencia de los burócratas no electos de la OSCE, los líderes y quienes toman las decisiones en el estado fueron debidamente electos por los votantes de Texas”, agregó.
Para el activista, profesor y director del programa de Derechos Humanos Embrey en la Universidad Metodista del Sur (SMU, por sus siglas en inglés), Rick Halperin, la advertencia de la Procuraduría de Texas contra los observadores internacionales no le sorprendió, ya que es una reacción “típica, previsible y triste de un estado que tiene una larga historia de no importarle lo que el resto del mundo opine sobre sus políticas y acciones”.
Dijo que la actitud de Abbott es consistente con el mensaje de Texas de sentirse independiente y que nadie externo se meta con sus asuntos, monitoree sus leyes o sus medidas contra los derechos humanos básicos.
“Por esa razón, si hay un posible criticismo, tratan de evitarlo”, opinó quien fuera dos veces presidente de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
Halperin manifestó que los observadores electorales aseguran que un proceso de votación sea más confiable y se detecten errores, lo cual “es necesario en una real democracia que desee ser precisa, abierta, transparente y honesta, independientemente de los resultados que arroje el ejercicio del voto”, comentó.
El estado quiere privar a ciertos electores de su derecho a votar y Texas no es la única entidad donde está sucediendo esto, agregó, por lo que los observadores podrían colaborar a hacer el proceso electoral más confiable a los votantes.
Aparte, la secretaria de Estado en Texas, Hope Andrade, pidió en una carta abierta al líder de la misión de observadores internacionales que confirmaran si su tarea será imparcial y no politizada ni que sus funciones serán una herramienta de “inspección” o “monitoreo” para algún grupo político en estas elecciones, como han sugerido reportes periodísticos.
Anteriormente, OSCE se manifestó contra la medida de pedir identificación con foto al votante, porque la considera una barrera para ejercer el derecho al voto, mientras que Texas ha realizado una defensa legal millonaria de la iniciativa para tratar de implantarla en el procedimiento electoral estatal.
La misión de la oficina de instituciones democráticas y derechos humanos de la OSCE en las elecciones de 2012 consistirá en desplegar un equipo de 13 expertos de 10 países miembros y 44 observadores de largo plazo distribuidos en todo el país. La organización ha observado sin incidentes seis procesos electorales en Estados Unidos desde el año 2002.
