Proposición 34: cadena perpetua en lugar de pena de muerte

Proposición 34 en California busca cambiar pena de muerte por cadena perpetua
In this Nov. 2005 file photo, public information director Larry Greene is shown in the death chamber at the Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville, Ohio. Warden Donald Morgan says the state's execution table can easily hold Ronald Post, scheduled to be executed in Jan. 2013, who has argued he's so big the table might collapse. (AP Photo/Kiichiro Sato, File)
In this Nov. 2005 file photo, public information director Larry Greene is shown in the death chamber at the Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville, Ohio. Warden Donald Morgan says the state's execution table can easily hold Ronald Post, scheduled to be executed in Jan. 2013, who has argued he's so big the table might collapse. (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

En California, desde que se instauró la pena de muerte en 1978, 20 reclusos sentenciados a esta medida se han suicidado, de acuerdo con datos que ofrece el diario Los Angeles Times.

Esta cifra es superior a la de los que han sido ejecutados, que en total es de 13.

Desde 1978, muchas de las condenas a muerte no se han cumplido. La razón es que en casi todos los casos los reos han fallecido por causas naturales antes del día de su ejecución. A menudo la ejecución no se puede llevar a cabo si los sentenciados someten una apelación, un recurso largo y costoso que mientras se realiza evita que al condenado se le aplique la inyección letal.

La Proposición 34, que los californianos tendrán ante sí en la boleta del 6 de noviembre, busca abolir esta condena y reemplazarla por la de cadena perpetua sin posibilidades de salir bajo caución, y que se aplique incluso a los reos que están en espera de su ejecución.

Los que apoyan la medida dicen que las trabas que existen para llevar a cabo una ejecución son una muestra de que el sistema legal protege los derechos de los criminales y que el proceso de apelación debe ser más eficiente. El problema es que en muchas ocasiones se ignora la premisa de que se debe hacer todo lo posible por determinar que el acusado es verdaderamente culpable.

Las condenas equivocadas son más comunes de lo que se piensa. De acuerdo con el Centro de Información de la Pena de Muerte, en toda la nación se ha exonerado a 141 condenados a muerte, mientras esperaban su ejecución, desde 1973. En California, sin embargo, no se ha ejecutado a nadie desde 2006, cuando un grupo de abogados expresó su preocupación debido al dolor que experimentaban los condenados a la hora de recibir la inyección letal.

Actualmente, California es el estado que más condenados a muerte tiene, seguido de Florida y Texas. Respectivamente, estos estados tienen en la lista de espera 724, 407 y 308 reos que esperan el día de su muerte.

No obstante, el número de sentenciados el año pasado fue de 10, menos que los 29 de los dos años anteriores. Expertos atribuyen esta disminución al recorte en el presupuesto y a los recursos cada vez más escasos de las fiscalías.

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Si California abole la pena de muerte será el sexto estado del país en hacerlo. En la primavera pasada, Conneticut fue el quinto estado en cinco años en eliminar esta medida; otros son Illinois, Nueva Jersey, Nuevo Mexico y Nueva York, reporta The Sacramento Bee. En todo el país un total de 17 estados no aplican la pena de muerte.

Los que se oponen a abolir la medida dicen que el ahorro que alegan los que promueven la proposición es menos de lo que se calcula, y que los retrasos en su aplicación son causados por la Asociación de Unión de Libertades Civiles (ACLU) y otros que apoyan la medida. Además sostienen que este castigo está limitado solo a los peores agresores y que las ejecuciones se pueden acelerar con pequeños cambios a la política del estado. Entre los que se oponen están la procuradora del distrito Jan Scully, Peace Officers Research Association of California y asociaciones de policías y alguaciles de Sacramento.

La Oficina de Análisis Legislativo (OAL), una agencia apartidaria, calcula que los estados y condados ahorrarían millones de dólares porque se eliminarían los juicios por penas de muerte, que usualmente son más complejos, requieren selección de jurado y más abogados.

Los costos también se reducirían porque los reos no estarían en cárceles locales esperando los veredictos de un juicio por pena de muerte y subsecuentemente la fase de la condena.

La OAL calcula que se ahorrarían varias decenas de millones de dólares anualmente con la reducción de casos judiciales de penas de muerte.

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