En Florida se empiezan a calentar los ánimos conforme se acorta la distancia hacia las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Ese mismo día, en ese estado, los electores decidirán sobre varias propuestas, entre ellas una relacionada con el financiamiento a grupos religiosos y otra sobre el aborto de menores de edad.

La enmienda ocho tiene que ver con la posibilidad de que las asociaciones religiosas puedan recibir recursos por parte de los contribuyentes.

Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señalan que darle dinero a estas organizaciones sería un retroceso en la separación entre la iglesia y el estado.

"La enmienda ocho no se trata de libertad, se trata de contribuyentes financiando ‘la religión’", detalló dicha organización en un comunicado difundido a los medios.

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Sin embargo, grupos que apoyan la enmienda, como la Asociación Católica de Líderes Latinos (CALL), aseguran que es necesario que las organizaciones cuenten con recursos del gobierno para poder proporcionar servicios sociales a la comunidad.

"La enmienda tiene que ver con las instituciones religiosas que están ofreciendo un servicio social en los hospitales o centros para personas con problemas de drogadicción para que no pierdan los fondos que reciben por esos servicios", dijo Manny García-Tuñón, presidente del capítulo de Miami de esta organización en entrevista con HuffPost Voces.

"Decir que el propósito de la enmienda ocho es para que los contribuyentes financien instituciones religiosas es ridículo e irresponsable", añadió García-Tuñón.

Sin embargo, la ACLU insiste en que "la enmienda ocho no requiere ninguna supervisión o rendición de cuentas, lo que podría conducir a un mal uso del dinero de los contribuyentes y a un fraude masivo".

Dicha agrupación dio también a conocer la página de internet votenoon8.com para informar a los electores floridanos sobre su postura con relación a esta enmienda constitucional.

El presidente del capítulo de Miami de esta organización dijo además que más bien se trata de un problema de discriminación contra las organizaciones religiosas.

"En realidad lo que está pasando es que las instituciones religiosas que están ofreciendo ese servicio están siendo discriminadas porque la única razón por la cual les están quitando estos fondos es porque son organizaciones religiosas", añadió García-Tuñón.

"La enmienda ocho hace que cualquier grupo religioso sea elegible para recibir dinero ilimitado de los contribuyentes, lo cual no tiene sentido, pues los grupos religiosos ya de por sí no pagan impuestos", agrega la ACLU, que dio a conocer también una página en Facebook en la que también los electores pueden conocer más sobre su postura.

Según el Departamento de Elecciones de Florida, dicho cambio propuesto al electorado "propone una enmienda a la Constitución Estatal que establece que no podrán negarse beneficios gubernamentales, financiación u otras formas de asistencia a ninguna persona ni organización sobre la base de su identidad o creencias religiosas, excepto según lo exija la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, y elimina la prohibición al uso de los ingresos al tesoro público para la asistencia directa o indirecta de cualquier iglesia, secta, denominación religiosa o institución confesional".

Por otra parte, se pondrá a la decisión de los electores la enmienda seis, que tiene que ver con el aborto.

Esta enmienda propuesta establece que no podrán destinarse fondos públicos a ningún aborto ni cobertura de beneficios de salud que cubra el aborto. Esta prohibición no es aplicable a los gastos exigidos por ley federal, los casos en los que la mujer sufra un trastorno físico, una lesión física o una enfermedad física que la pusiera en peligro de muerte si no se realiza un aborto, o en caso de violación o incesto".

Baylor Johnson, coordinador de la ACLU en Florida, dijo a HuffPost Voces que "nosotros creemos que la enmienda seis otorga a los políticos de Tallahassee una forma de inmiscuirse en la vida privada de las decisiones médicas que deben ser hechas entre una mujer, su doctor y su fe, especialmente en casos difíciles cuando la mujer decide poner fin a su embarazo".

Por su parte, García-Tuñón, cuya organización que representa en Miami está conformada por personas de la sociedad civil, como empresarios, asegura que "lo que dice esta enmienda es simplemente que en el estado de Florida no se van a utilizar fondos del estado para financiar cualquier cobertura de aborto. Esto incluye excepciones en el caso de violación o algún desorden físico en donde la salud de la mamá está en peligro".

"En estos momentos el estado de Florida no está alineado con las leyes federales con respecto al aborto. Esto tiene que ver también con el consentimiento de los padres" agregó el presidente local de la Asociación Católica de Líderes Latinos al explicar la contradicción en las leyes relacionadas con menores de edad, al referirse a que una muchacha de 14 años actualmente puede hacerse un aborto en Florida sin el consentimiento de sus padres, pero sí debe pedirles permiso si se va a realizar un tatuaje.

Sin embargo, la ACLU insiste que la enmienda se inmiscuye en la privacidad médica de la mujer. "Los mismos políticos que argumentan estar limitando el control del gobierno sobre nuestras vidas privadas, están hipócritamente apoyando esta enmienda seis para controlar el acceso de las mujeres al cuidado y seguro médico. Los políticos no deben estar a cargo de decirle a las mujeres que deben seguir con su embarazo hasta el final si ellas han decidido con el doctor y con sus familias que no es posible", dijo Johnson.

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  • De acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center, en estos comicios hay 23.7 millones de votantes potenciales de origen latino, la mayor cifra de la historia de Estados Unidos y un 22% más que cuatro años atrás.

  • En Estados como Colorado, Nevada, Florida o Carolina del Norte, el crecimiento de la población hispana y su proporción dentro del electorado, les convierte en un grupo cada vez más influyente.

  • El voto latino es crucial para ambos candidatos, y eso lo saben. La cantidad es suficiente para decidir la elección en los llamados "estados columpio" (swing states).

  • Una red de mil 200 organizaciones realizó más de 900 eventos en Estados Unidos en el marco del Día Nacional de Registro del Votante para invitar a los ciudadanos, principalmente hispanos, a registrarse y participar en los comicios de noviembre.

  • Las recientes legislaciones estatales que exigen una identificación oficial para votar han generado una controversia en todo el país, ya que se considera que se privaría del derecho a votar a minorías como los afroestadunidenses y los hispanos.

  • Más de 6.6 millones de latinos votaron en la elección del año 2010. el próximo 6 de noviembre casi 24 millones de hispanos tienen el derecho de votar en los Estados Unidos, un voto muy atractivo para los candidatos.

  • De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2011 había 51.9 millones de latinos en el país, lo que representa 16.7 % de la población.

  • La comunidad latina es la minoría de mayor tamaño en el país, y la que está creciendo a un ritmo más rápido. Los latinos representan 11% de los votantes en todo el país, habiendo incrementado en 9.5% respecto a las cifras de 2008.

  • Organizaciones de abogacía a favor de la comunidad hispana, como la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), estiman que al menos 12.2 millones de hispanos acudirán a las urnas el 6 de noviembre próximo.

  • Obama ha logrado mantener el respaldo de los hispanos desde hace cuatro años, a pesar de que los hispanos le han recriminado la falta de una reforma migratoria que prometió durante la campaña y el elevado número de deportaciones de indocumentados.

  • Aún no hay cifras a nivel nacional del nivel de registro de votantes de 2012, pero en cuatro estados, Alabama, Florida, Georgia y Carolina del Norte, los niveles de latinos registrados para votar sobrepasa las cantidades de 2008.

  • Los hispanos no solo son una fuerza cultural y social relevante, sino también un bloque político creciente. En la actual administración, de las 500 mil posiciones destinadas a funcionarios electos en ese país, menos de 6 mil son ocupadas por hispanos, cifra que representa el 1% del total.


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