El gobernador de California Jerry Brown vetó en la medianoche del domingo una ley que hubiese convertido a California en el estado "antiArizona" en materia del trato a la inmigración indocumentada, después de una larga lucha parlamentaria que llegó a los titulares nacionales como posible rechazo al plan central de la administración Obama en sus esfuerzos por remover a los indocumentados.

Brown no anunció su decisión hasta casi la medianoche, hora del Pacífico, al final de una jornada en la que debía firmar una larga serie de proyectos legislativos, incluyendo uno que sí aprobó y que permitirá otorgar licencias de conducir a algunos jóvenes indocumentados. Pocas horas antes de publicada su decisión, los activistas a favor de la ley ignoraban cuál iba a ser la decisión del mandatario estatal. Finalmente, Brown dictaminó que la propuesta de ley es "fatalmente deficiente".

La ley TRUST ("Confianza") originalmente propuesta por el asambleísta estatal Tom Ammiano, hubiese limitado la interacción de las agencias de la ley estatales con los programas de reducción de inmigración ilegal por parte del gobierno federal, específicamente con el programa Comunidades Seguras, que se apoya en las policías locales para detectar y detener a indocumentados hasta que éstos sean recogidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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Los críticos del programa Comunidades Seguras, al que se refieren como "SCOMM", dicen que perjudica a las comunidades locales al inducir en los inmigrantes temor de cualquier contacto con la policía llevando a que sean arrestadas personas que no son criminales o lo son de bajo nivel, llenando las cárceles ya atestadas de reos, a un altísimo costo, con gente que de otra manera la policía no hubiese detenido.

A pesar de que inicialmente el programa era voluntario, en la actualidad el gobierno federal no le permite a los estados abandonarlo, aunque algunos de ellos como Nueva York han intentado hacerlo. Sin embargo, los estados pueden ignorar de manera legal las solicitudes de parte de ICE de mantener presos a los inmigrantes. La ley TRUST, si hubiese sido aprobada por Brown, hubiera permitido poner en libertad a los indocumentados incluso si ICE requería mantenerlos presos, en caso de que no cumpliesen ciertos criterios con base en la severidad del crimen cometido y la existencia o ausencia de prontuarios criminales previos.

La propuesta de ley había recibido el apoyo de un número de importantes políticos demócratas, entre ellos el alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y otros 21 congresistas californianos.

La junta editorial del The New York Times apoyó la legislación de manera pública durante el mes de junio, lo mismo que líderes religiosos tales como el arzobispo emérito de Los Angeles, el Cardenal Roger M. Mahony, junto con jefes de agencias policiales, activistas de los derechos de los inmigrantes y otros dirigentes californianos.

En contra de la ley pesaron los argumentos brindados por la misma agencia federal ICE y varios sheriffs de condados de California, quienes dijeron que la ley, si se aprobase, podría hacer daño a la seguridad pública. Entre ellos estuvo el Sheriff de Los Angeles Lee Baca, quien prometió con ignorar la propuesta si se convertía en ley. Los argumentos de ICE no fueron públicamente dirigidos a la legislación sometida a decisión de Brown, sino que se referían - en misivas firmadas por el director John Morton - a una iniciativa local del condado Cook en Illinois, para ignorar los pedidos de ICE de mantener arrestados a indocumentados.

Morton escribió en enero una carta a la junta de comisionados del condado Cook alegando que algunos de los inmigrantes puestos en libertad por la policía local cometieron crímenes, a pesar de que los oponentes de Comunidades Seguras alegan que muchas personas que no son inmigrantes y que son puestas en libertad asimismo cometen posteriormente crímenes.

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En su mensaje anunciando y explicando el veto, el gobernador Brown escribió que trabajará conjuntamente con la legislatura estatal para corregir los "defectos significativos" que tiene la propuesta, dejando de esta manera la puerta abierta para la posibilidad de una nueva propuesta similar en el futuro.

Brown escribió que apoya una reforma migratoria integral y que "los agentes federales no deberían tratar de obligar a policías locales a arrestar a aquellas personas a quienes detuvieron por pequeñas infracciones a la ley y que no constituyen una amenaza razonable a sus comunidades".

"Pero no puedo firmar la ley tal cual está escrita", continúa diciendo Brown, agregando que la moción así vetada prohibe ciertos tipos de colaboración que él cree necesaria. "Creo que es erróneo interferir con la decisión de un sheriff de acatar un pedido de arresto de ICE para aquellas personas que tienen un prontuario criminal previo".

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