LOS ANGELES, California. Así como resultan costosas las deportaciones de indocumentados para las familias, de igual manera lo es para los contribuyentes de esta metrópoli su participación en el programa federal Comunidades Seguras (S-Comm): 26 millones de dólares anuales y defensores de los inmigrantes consideran que su detención y repatriación es injusta e inhumana.
Según un reporte de la organización Justice Strategies, una organización encargada de promover enfoques humanos y eficaces a la justicia penal y una reforma migratoria, indican que desde la activación del controvertido S-Comm, en agosto 2009, la jurisdicción de Los Ángeles se gasta 26 millones de dólares al año en expulsar a indocumentados.
“Las detenciones de inmigrantes a raíz de S-Comm son injustas e inhumanas”, dijo Joseph Villela, Director de política de la Coalición Pro-Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “La mayoría de individuos que fueron atrapados bajo este programa fueron por vender helados en las calles, ir montados en sus bicicletas cuando se dirigían a su trabajo o llevaban a sus hijos a la escuela”.
“Por otra parte, S-Comm frena la confianza entre la policía y comunidades de inmigrantes, por lo que hay menos seguridad para todos nosotros”.
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Objeto de críticas y rechazo por el despliegue de recursos económicos y por su fracaso para lograr prioridades de deportación de criminales, a través del programa de Comunidades Seguras, tan sólo en los primeros tres meses de 2011, el sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca entregó a 5,184 personas a las autoridades de inmigración.
“Creemos que el sheriff Lee Baca está implementando un programa equivocado como S-Comm. La mayoría de personas entregadas a inmigración no tienen o no tenían record criminal; sus infracciones fueron mínimas; son padres o madres cuyas familias han sido divididas injusta e inhumanamente”, agregó Villela. “Y nos preocupa que el sheriff Baca preste oídos sordos a las legitimas y abrumadoras preocupaciones sobre S-Comm que conduce a la discriminación racial por parte de funcionarios deshonestos”.
Por su parte, Judith Green, en su reporte llamado “El costo de la respuesta a las Detenciones de Inmigración en California” (The Cost of Responding to Immigration Detainers in California) también fustiga el efecto de S-Comm en la relación de la policía con las comunidades de inmigrantes.
“El despliegue de S-Comm ha tenido un impacto perjudicial sobre la policía comunitaria, en múltiples violaciones de derechos civiles, incluyendo discriminación racial de los latinos”, indicó Green. “También ha influido en la criminalización de los inmigrantes y la detención ilegal de ciudadanos estadounidenses por parte de [agentes de] Inmigración y Aduanas (ICE)”.
Aunque el programa S-Comm ha convertido en un punto de polémica en el debate sobre una posible reforma migratoria, todas las partes que discuten el tema están de acuerdo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido demasiado reservado sobre cada aspecto del programa. De hecho, las revisiones internas del DHS han reconocido la culpa de la misma agencia en crear confusión sobre el programa.
A medida que más datos y detalles acerca de S-Comm han estado disponibles, muchas jurisdicciones locales han tratado de mitigar los daños. Algunos estados, como New York, Illinois, Massachusetts trataron de abandonar por completo el programa, pero se vieron obligados a participar por el DHS.
Recientemente, varias jurisdicciones locales, incluyendo el Condado de Cook, Illinois y Washington, DC, han aprobado leyes para limitar el cumplimiento de la policía local a órdenes de detención de inmigración.
Las órdenes de detención de inmigración son el mecanismo través de los cuales S-Comm busca detener a inmigrantes en cárceles locales con el fin de facilitar su transferencia a ICE para procedimientos de deportación.
SIETE DE CADA DIEZ DEPORTADOS NO ERAN CRIMINALES
Sin embargo, California está considerando una legislación conocida como TRUST ACT (AB 1081 o Acta de Confianza) para asegurar que los inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública no estén encarcelados en expensas del contribuyente local.
Debido a la participación del “Estado Dorado” en los programas de S-Comm, hasta el 30 de abril de este año, a Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ha deportado a 72,694 individuos.
Sin embargo, siete de cada diez personas no tenían antecedentes penales, o fueron detenidos como consecuencia de delitos menores, como la venta de helados sin permiso, como fue el caso de Blanca Pérez.
El Acta de Confianza del asambleísta Tom Ammiano se encuentra ya en el escritorio del gobernador, Jery Brown, quien tiene a finales de septiembre para promulgarlo en ley o vetarlo.
“Numerosos reportes nos han dicho que hay gentes que son detenidas por más de tres semanas y otras por más tiempo, y eso cuesta mucho dinero”, dijo Judith Green a HuffPost Voces. “Y si sabemos del problema [que causa S-Comm) sería bueno que en California el gobernador [Jerry] Brown entienda el TRUST ACT”.
“Este proyecto de ley restaura la confianza entre los miembros de la comunidad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, dijo el senador estatal, Kevin de León, co-autor del Trust Act. “Es precisamente esa confianza la que reforzará la seguridad en nuestras comunidades”.
Pero el informe de Justice Strategies arroja luz sobre el costo fiscal a cargo de las jurisdicciones locales obligadas a implementar el S-Comm.
De hecho, un editorial del 21 de agosto de este año en Los Ángeles Times titulado: “Baca debería liberar documentos de la cárcel”, muestra datos relacionados a un enorme potencial de ahorro en costos para los residentes de esa metrópoli.
El editorial señala que los contribuyentes del condado de Los Ángeles gastan más de 26 millones de dólares anuales, debido a la detención de inmigrantes, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, sostiene que individuos que son mantenidos en custodia y que están sujetos a un proceso de deportación, en promedio pasan 20,6 días extras en custodia en cárceles del condado angelino.
Sin embargo, el impacto fiscal para todos los californianos se traduce en gastos aproximados a los 65 millones de dólares por año, a causa del arresto de inmigrantes por parte de ICE.
A FAVOR Y EN CONTRA DEL ACTA DE CONFIANZA
Bajo la llamada Acta de Confianza de California, las autoridades policiacas tendrían directrices claras sobre cuándo no enviar a las autoridades de inmigración a una persona para “retención”, al tiempo que les permite retener a aquellos que hayan sido condenados por delitos graves o violentos.
De cualquier manera, un sólido argumento en contra del Trust Act es el testimonio de Jamiel Shaw Jr. y su esposa Anita Shaw, quienes han pedido al gobernador Brown para que “por el bien de la seguridad pública y por sentido común debería vetar esta legislación irresponsable”.
En 2008, Jamiel Shaw Jr., estudiante de Los Ángeles High School fue acribillado a balazos cerca de su casa al estilo “ejecución” por parte de un reconocido pandillero.
El joven afroamericano, de 17 años de edad falleció a causa de disparos en el abdomen y la cabeza, pero en mayo pasado, un jurado declaró culpable del crimen a Pedro Espinoza, quien se encontraba indocumentado en Estados Unidos.
Espinoza, supuestamente confundió a la víctima como un pandillero rival por el color rojo de su mochila escolar. El fiscal del caso, Allyson Ostrowski y el jurado recomendaron la pena de muerte para el indocumentado.
En contra de la legislación también se ha declarado el sheriff Lee Baca, del condado de Los Ángeles y fiel defensor del programa S-Comm, así como sus homólogos de San Diego y Riverside.
Por el contrario, el respaldo al Trust Act proviene del alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, los jefes de policía de Oakland y San Francisco, así como numerosos grupos defensores de los inmigrantes y obispos de la Iglesia Católica.
MILES ENTREGADOS A ICE Y COSTOSAS DETENCIONES PROLONGADAS
De acuerdo con datos oficiales del mismo Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, durante los tres primeros meses de 2011 un total de 5,184 personas que fueron fichadas en el sistema carcelario fueron entregadas a autoridades de inmigración (ICE), el brazo ejecutor de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De continuar esta tendencia, el reporte de Justice Strategies estima que en un año, un total de 20,736 prisioneros en las cárceles del Condado de Los Ángeles serían puesto en custodia de ICE.
El informe de Judith Green asegura que la estancia promedio de las personas encarceladas por agentes del alguacil Lee Baca en Los Ángeles que posteriormente fueron entregadas a las autoridades migratorias fue de 32,3 días, mientras que para otros individuos fue de 11,7 días.
La causa principal del tiempo adicional en prisión preventiva 20,6 días es la detención de inmigración (immigration detainer) o “ICE hold” (retención por parte de inmigración) para sospechosos de no ser ciudadanos estadounidenses.
Esos días tienen un costo de $113 dólares diarios. Así el costo adicional por retener a los indocumentados podría rebasar los $48 millones de dólares anuales.
“El término "retención” o “detainer" puede ser engañoso”, consideró la experta. “En el contexto de la justicia penal, una orden de detención es generalmente emitida por una agencia del orden público después que los cargos pendientes [contra una persona] han sido aprobados por un juez.
Sin embargo, en el contexto de inmigración, una retención no es una orden expedida o aprobada por un juez. Es simplemente una petición no vinculante, emitida por un oficial administrativo de ICE, que solicita que al personal de la cárcel mantener a una persona por un período adicional de 48 horas, excepto fines de semana y días festivos, porque de otra manera serian liberados, a fin de darle tiempo a las autoridades federales de ICE para tomarla en custodia.
