SAN SALVADOR, El Salvador.- "El sistema no solo le daña la vida a una persona, sino a toda la familia; y el daño hecho no lo pagarán", fueron las palabras de Ana María al expresar el repudio por lo que a su hija Mery le está sucediendo; ella fue acusada de provocarse un aborto.

Mery tiene 27 años. Fue denunciada el pasado 11 de marzo bajo la sospecha de que ella se había provocado un aborto; la detención de ella se dio un día después de la acusación; la denuncia fue hecha por personal del Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

En El Salvador este no es el primer caso, como ella hay muchas mujeres jóvenes que han sido denunciadas por aborto y terminan siendo condenadas bajo el delito de homicidio agravado.

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, las características de las mujeres que son acusadas de aborto son jóvenes, de zonas rurales, pobres y sin educación; Mery solo cumple una, la de joven, pero ella es estudiante de cuarto año de ingeniería, capitalina y de una familia de condición económica estable.

Según la Agrupación, Mery antes de que fuera denunciada ya tenía antecedentes psiquiátricos; el mismo día que la atendieron en el hospital le diagnosticaron trastorno de adaptación y trastorno de personalidad limítrofe, unido a eso con ideas suicidas; para eso se le prescribieron medicamentos.

El proceso judicial

Después de la detención de Mery de realizó la audiencia inicial, fue ahí que decretaron la instrucción y la continuación del proceso penal en su contra, las medidas dadas ese día fueron sustitutivas a la detención provisional.

El abogado defensor de la familia, Atilio Ramírez Amaya, presentó a la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de junio, un escrito en el que solicitó la figura de un procedimiento abreviado, el cual fue aceptado.

Con el Procedimiento Abreviado buscaban el reemplazo de la pena de prisión por otra medida no privativa de libertad o la suspensión condicional de la ejecución de la misma.

El 28 de agosto se realizó la vista pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, pese a que la defensa de Mery solicitó el Procedimiento Abreviado y éste había sido aceptado, a la joven se le impuso una pena de dos años de prisión, condena que debe cumplir en cárcel de mujeres, en Ilopango.

La Agrupación aseveró que el caso de Mery es uno que evidencia la saña misógina, puesto que por su condición emocional y psiquiátrica la pena impuesta se constituye en riesgo para su vida y su salud.

Afirmación de ello es que Mery decidió cortarse las venas estando dentro de la cárcel, razón por la cual está ingresada en hospital nacional.

El abogado defensor dijo que presentarán el recurso de apelación aduciendo que a Mery se le violó el derecho al debido proceso, ya que el Tribunal no respetó el acuerdo pactado entre la defensa y la FGR.

Unido a eso, agregó, que en el acta de vista pública se consigna que quien firmó la sentencia de Mery, fue un juez que no estuvo presente en la vista pública; es decir, que no conoció el caso.

"Exigimos la despenalización del aborto porque la consideramos una injusticia que no solo golpea a las mujeres en edad reproductiva, sino en condiciones específica, es decir pobres, jóvenes, de escasos recursos económicos, nivel económico o de educación bajo o iletradas, a este tipo de mujeres es que muerde el sistema", dijo Angélica Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Recalcó que mayoritariamente no son mujeres que se han provocado un aborto, sino que han tenido emergencias obstétricas y los médicos violando el secreto profesional las denuncian. Rivas dijo que son más de 20 mujeres en esa situación.

Este artículo se publicó originalmente en Contrapunto.