SUFFOLK, New York.- Varias organizaciones comunitarias que defienden los derechos civiles de los trabajadores e inmigrantes decidieron conformar una alianza para compartir esfuerzos y abrir una oficina en Suffolk, New York, desde donde empezaron a promover el registro de votantes y a dar orientación a las familias sobre la crisis de ejecuciones hipotecarias y asistencia a los trabajadores que son víctimas de explotación por parte de sus empleadores.
"Los inmigrantes latinos enfrentamos la injusticia diariamente en Long Island, desde el robo de salarios hasta la deportación causada por la colaboración policial con las autoridades de inmigración", dijo Alexandra Sanjuán, miembro de la organización Se Hace Camino Nueva York (MRNY).
MRNY es la mayor organización en la que participan activamente los inmigrantes y tiene unos 11,000 miembros. Tiene centros comunitarios en Brunswick, Brooklyn, Jackson Heights, Queens, Port Richmond, Staten Island y Brentwood, Long Island.
En Brentwood, Central Islip Patchogue, Babylon, Hauppauge y Medford en el condado de Suffolk, son las ciudades donde la comunidad hispana particularmente experimentó un marcado crecimiento en la última década, y en consecuencia, donde ha sido víctima de discriminación, odio racial y mayoritariamente afectada por la crisis inmobiliaria.
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Allí es donde apuntan los grupos comunitarios dirigir su acción. La oficina se inauguró esta semana en Brentwood y además de MRNY, se unieron a la iniciativa organizaciones como Comunidades de Nueva York Unidas por el Cambio (NYCC) y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), entidades que a la vez están integradas a la Mesa de Participación Ciudadana de Long Island (LICET).
Sanjuán dijo a HuffPost Voces que "la iniciativa tiene como objetivos mantener una acción permanente ante los problemas que enfrenta la comunidad. Vamos a luchar por los derechos de nuestra gente y porque políticas como el Dream Act triunfen en el estado de New York".
La inauguración contó con la participación de algunos funcionarios electos y representantes de las organizaciones aliadas entre los que estuvo el asambleísta Phil Ramos, los legisladores Ricardo Montano y Gregory Duwayne, el senador estatal John Sampson, el concejal de Babylon Tony Martínez y representantes del ejecutivo del condado Steve Bellone. La oficina está localizada en el 1090 de la avenida Suffolk, en Brentwood.
Tanto los miembros de las organizaciones como los funcionarios coincidieron en expresar su compromiso de luchar por los derechos de los trabajadores, por los propietarios de viviendas que enfrentan las ejecuciones hipotecarias por parte de los bancos y por proteger a los inmigrantes procedentes de su base comunitaria.
Royetta Alston, miembro NYCC abordó el tema de la crisis hipotecaria y destacó que "nuestra organización se enorgullece de unirse a la Mesa de Participación Cívica de Long Island que lucha por el mejoramiento de la comunidad y enfrenta a los grandes bancos para detener las ejecuciones hipotecarias. Tenemos mucho que hacer por mejorar las escuelas y para detener la discriminación".
Según Alston, "NYCC es una coalición que trabaja en las comunidades de familias de bajos y medianos ingresos y promueven la justicia social y económica en todo el Estado de Nueva York. Mediante el uso de la acción directa, el apoyo legislativo y la organización comunitaria, los miembros NYCC trabajamos para combatir las políticas económicas y medidas que nos afectan directamente".
En Suffolk, Long Island, la crisis hipotecaria ha afectado severamente a muchas familias de minorías, dejándolas virtualmente en las calles. De acuerdo con cifras del ejecutivo del condado, en los últimos 3 años, más de 20,000 familias en el área de Brentwood perdieron sus casas.
Según datos de la oficina del fiscal general del Estado de New York, en el 2011, unas 350,000 hipotecas cayeron en incumplimiento o mora y entraron en proceso de embargo por los bancos acreedores.
La ola de ejecuciones hipotecarias fue precipitada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, al costo de miles de millones de dólares a las familias estadounidenses en valor de sus propiedades, destruyendo millones de puestos de puestos de trabajo y sumiendo al país en la recesión más profunda y extendida en los últimos 70 años.
La alianza de organizaciones comunitarias contempla que cada entidad ofrecerá un servicio vital en un ambiente en que las personas podrán contar además con una especie de feria de asistencia en conjunto.
De su parte, la Mesa de Participación Ciudadana de Long Island, dadas las bajas tasas de participación política en estas comunidades, inició una campaña de registro de votantes como parte de una amplia estrategia para asegurar que la voz de la comunidad sea escuchada en las elecciones presidenciales de noviembre.
"Durante mucho tiempo, las voces de la gente como yo no ha sido escuchada por los políticos en Long Island. Vamos a estar registrando votantes hasta el 12 de octubre que es la fecha límite y luego motivarlos a votar el 6 de noviembre, para construir poder en nuestra comunidad para que ningún político nos pueda ignorar", aseguró Taj Mahamud, un voluntario de la juventud de LICET.
"LICET busca transformar la cultura de la participación ciudadana y la responsabilidad del gobierno en Long Island mediante el fomento de la participación popular y el liderazgo en las comunidades obreras de las minorías", explicó Daniel Altschuler, coordinador de la Mesa de Participación Cívica de Long Island.
Altschuler destacó que "la apertura de la oficina marca un hito importantísimo para la comunidad, dado que vamos a estar ofreciendo servicios imprescindibles, entre ellos asistencia legal para jóvenes indocumentados, consejos para gente que está en riesgo de perder su casa, y registro de votantes en una comunidad donde la participación ha sido muy baja".
