GAINESVILLE, Georgia, EE.UU. .- El gobierno federal debería impedir que la policía local en el estado de Georgia siga aplicando las leyes federales de inmigración, pues ello genera discriminación racial y erosiona la confianza del público en las autoridades, de acuerdo con una carta reciente por parte de una coalición de 25 grupos.

Los grupos enviaron una carta el jueves a la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano para pedirle que eliminara el programa llamado 287(g), el cual permite a policías locales verificar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

"Actualmente en Georgia, como en muchos estados con los acuerdos 287(g), el color de la piel de una persona y el acento de su voz podrían convertirla en objeto de acoso, arresto con base en pretextos y una detención humillante", señala la misiva. "Fuertes experiencias nos han enseñado que la policía local comúnmente no logra implementar la ley de manera neutral en términos raciales o conforme a los estándares de su agencia".

El abogado Arturo Corso, que pertenece al bufete de abogados que suscribió la carta, dijo al diario local The Times of Gainesville (http://bit.ly/OwSEBt ) que el programa no se usaba para encontrar delincuentes, como se pretendía originalmente. Corso dijo que la mayoría de los deportados eran personas no violentas que habían cometido alguna infracción de tránsito.

La oficina del alguacil del condado de Hall, la cual llegó a un acuerdo con el gobierno federal para aplicar las leyes, defendió el programa. Stephen Wilbanks, portavoz de la agencia, dijo que Estados Unidos es una "nación de derecho".

"Por ello, es imperativo que defendamos y apliquemos nuestras leyes, incluso las de inmigración", dijo. "Creemos que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para aplicar la ley de manera consistente y justa".