SAN FRANCISCO, California.– La propuesta AB 1081, que busca que los indocumentados que sean arrestados por delitos menores no tengan que ir a prisión, recibió un fuerte apoyo por parte de grupos de defensa de los inmigrantes, departamentos del sheriff y líderes políticos.
La AB 1081, mejor conocida como el Acta de Confianza, es de la autoría de Tom Ammiano --demócrata que representa a San Francisco--, y su objetivo es disminuir el número de presos indocumentados en las cárceles del estado para que solo sean utilizadas para quienes hayan cometido un delito mayor.
Entre las organizaciones y líderes que han demostrado el apoyo a esta medida se encuentran el alcalde de South Gate, Bill de Witt, quien exhortó a la comunidad latina a alzar su voz para acabar, según sus propias palabras, con este tipo de atropellos hacia la comunidad inmigrante.
"California cuenta con un amplia población inmigrante por lo que, si nos unimos, haremos que nuestra voz se escuche. Es muy importante para los diferentes departamentos de policía del estado que exista una buena relación con la comunidad, sin importar el estatus migratorio de las personas", dijo Witt en una conferencia de prensa realizada afuera del ayuntamiento de San Francisco.
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Otro de los apoyos importantes a esta medida es el de Laurie Smith, sheriff del condado de Santa Clara, quien la semana pasada envió una petición al gobernador Jerry Brown solicitando la inmediata aprobación del Acta de Confianza.
En la carta, Smith aclara que el programa de Comunidades Seguras ha acabado con la confianza que existía entre las agencias del orden y la comunidad, pero que la propuesta de Ammiano podría restablecer esa relación perdida.
"Las víctimas de [procesos de] inmigración y personas que han sido testigos de algún crimen me han comentado que sienten temor de continuar cooperando con las autoridades policiacas porque tienen temor de ser arrestados y deportados", dijo Smith a reporteros en la rueda de prensa.
Smith también criticó el programa de Comunidades Seguras, el cual, dijo, no está funcionando adecuadamente y pidió su cancelación, especialmente porque, según él, es un gasto innecesario para el gobierno federal.
Según estadísticas del gobierno local, desde que inició la administración del gobernador Brown, 69 por ciento de los arrestos a indocumentados han sido a personas que no cuentan con un historial criminal o que simplemente han cometido una infracción de tránsito u otros delitos de poca importancia.
Desde 2009, unas 80,000 personas en todo el estado han sido deportadas bajo el programa Comunidades Seguras. Este programa básicamente consiste en cumplir con las órdenes de retención que solicita el departamento de inmigración cuando identifica a un posible inmigrante que podría ser deportado por medio de sus huellas digitales.
La deportación de inmigrantes
Según Ammiano esta propuesta de ley busca restablecer la confianza entre los departamentos de policía y la comunidad inmigrante, y aseguró que la confianza se ha deteriorado mucho en los últimos años debido a las duras políticas migratorias en contra de esa comunidad.
"Todo esto ha sido una situación muy injusta para la comunidad inmigrante, y justamente lo que buscamos con esta propuesta es restablecer la confianza de las personas que han sido afectadas en el pasado por algún incidente con la policía", dijo Ammiano recientemente en una protesta realizada afuera del Capitolio de Sacramento.
Igualmente, la propuesta de Ammiano busca limitar el uso de las cárceles en California considerando que actualmente hay sobrepoblación.
Para apoyar su iniciativa, Ammiano, junto con distintos grupos de apoyo de la comunidad latina, han realizado varias marchas por todo el estado, en las que pide el fin de estas tácticas.
La última marcha realizada fue la que inició en diferentes ciudades de California a finales de agosto, y concluyó en el Departamento del Sheriff de Sacramento. Igualmente se realizó una protesta afuera del Capitolio que tuvo como fin presionar al gobernador Brown a que firme el Acta de Confianza.
En ese evento se entregaron casi 14,000 firmas de apoyo.
Actualmente, la propuesta se encuentra en votación en los distintos comités de la asamblea estatal y se espera que para finales de septiembre el gobernador decida su futuro.
"Tenemos mucha fe y confianza en que el gobernador apruebe esta propuesta ya que se trata de una medida para el bienestar de nuestra comunidad, y estamos seguros que el gobernador tomará en cuenta esto y finalmente apoyará a la comunidad inmigrante de California", dijo a The Huffington Post Emmanuel Leal, director de San Francisco Organizing Project en San Francisco, una coalición de organizaciones que vela por los derechos de los habitantes de esa ciudad.
En sentido contrario, esta propuesta ha sido rechazada por diferentes organizaciones estatales. Una de estas es la Asociación de Sheriffs del Estado de California, la cual ha hecho público su descontento ante la cancelación del programa Comunidades Seguras y la propuesta de Ammiano.
Aunque se contactó a dicha organización, no hubo respuesta sobre el tema. Sin embargo, en un comunicado a los medios de comunicación Nick Warner, director de esa asociación, subrayó que se oponen a la medida y que seguirán luchando hasta conseguir el veto de esa propuesta.