El Museo Nacional de Antropología de México fue tomado por un movimiento peculiar desde hace seis semanas. Son trabajadores del INAH, órgano encargado de cuidar los sitios patrimonio del país, pero su motivación no es laboral sino denunciar a los directivos del Instituto por atentar contra la conservación de zonas arqueológicas y culturales.
Señalan a Alfonso de María y Campos, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nelly Robles, coordinadora Nacional de Arqueología y a sus colaboradores, a punto de concluir su periodo de gobierno, de permitir modificaciones fuera de norma.
Fue la edificación de una estructura moderna sobre un basamento prehispánico en Tzintzuntzan, Michoacán, la que los llevó a tener esta acción ocupa de proporciones por primera vez.
Investigadores, arqueólogos, historiadores, etnólogos, lingüistas, etnohistoriadores, biólogos, paleontólogos, físicos y químicos, antropólogos y arquitectos del sindicato del INAH permitieron durante el verano, tiempo de mayor afluencia, la entrada libre al recinto emblema de la riqueza cultural mexicana, tomando pacíficamente la taquilla, para llamar la atención de visitantes mexicanos y extranjeros e informarles sobre su demanda en busca de apoyo.
Hasta ahora han reunido más de 45 mil firmas y señalan que seguirán en plantón en el lobby del Museo y en Asamblea Permanente iniciada el 24 de julio pasado, hasta que tengan un diálogo directo con las autoridades federales.
Y aunque han querido ser intimidados no cederán, aseguran. Primero la propia policía del museo presionó a los visitantes a que pagaran y por ello liberaron las taquillas, a fin de no generar violencia y luego fueron sujetos de robo al interior de la galería de las mamparas que muestran las fotos del antes y después de las obras que denuncian, aún cuando el Museo tiene vigilancia nocturna. A su ocupación han añadido actos culturales y conferencias en la magna galería durante los fines de semana.
En entrevista para HuffPost Voces, Felipe Echenique March, secretario general del sindicato de arqueólogos e investigadores del INAH, señaló que la primera respuesta de la autoridad llegó 28 días después de iniciados sus reclamos en una demanda ante la PGR contra su persona y quien resulte responsable bajo los cargos de “menoscabo al erario público y apología de la violencia” por pérdidas que rebasarían el millón 300 mil pesos por el libre ingreso de alrededor de 150 mil visitantes y hasta ahora con cero diálogo.
Precisa que la demanda fue “irregular” pues la notificación y entrega del citatorio la recibió de los abogados del INAH y no de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), como procede.
Las intimidaciones, destaca, han seguido en días posteriores en forma de un acta administrativa contra el arqueólogo quien levantó la alerta de lo que ocurría en la zona de Tzintzuntzan así como contra otro investigador en Oaxaca.
Los arqueólogos y arquitectos sindicalizados hicieron una visita a la zona michoacana que fue en su momento la capital del pueblo Purépecha, elaboraron un análisis y dictamen con precisiones técnicas que sustentan el porqué no se puede construir en ese preciso sitio. “Hay terrenos que no contienen vestigios arqueológicos y que no dañarían la visual y volumetría”, destaca un comunicado emitido para la comunidad internacional.
Hasta ahora sus acciones suman cartas dirigidas tanto a la dirección del INAH pidiendo los proyectos técnicos que avalan las modificaciones y la respuesta fue a través de un comunicado casi un mes después, el 20 de agosto, en que el Consejo de Arqueología asegura que los proyectos se realizaron con apego a normas legales e internacionales.
Y pide “a aquellos que tienen la certeza de una pretendida destrucción del patrimonio nacional a que en un acto de valor civil y ético presenten la denuncia de hechos correspondiente, y en su caso sea la autoridad competente quien determine a quien le asiste la razón”.
Dos misivas más fueron dirigidas al secretario de Educación, José Ángel Córdova, quien es el órgano supervisor, el 30 de ese mismo mes con 19 demandas y el 6 de agosto urgiendo una respuesta y una más al presidente Felipe Calderón que firman 12 de los 14 maestros eméritos que tiene la institución. Entre ellos están Consuelo Masivar, Eduardo Matus Moctezuma, Lourdes Suárez Diez, Mariano Monterroso, Jorge Angulo, Arturo Romano, es decir las máximas autoridades en la materia que hay en el país
Si bien, el pasado 23 de agosto la respuesta de presidencia llegó señalando que será el titular de Educación el encargado de recibirlos. Hasta ahora dicha autoridad no los ha buscado para poner fecha al encuentro y ellos lo intentan a través del Sindicato de Maestros (SNTE).
Sobre el Proyecto Ejecutivo, que debe ser público, para ver y valorar la información que sustenta las obras, el INAH respondió “se los mostramos pero retiren el paro”, destaca el líder.
Es martes y el Museo tiene una afluencia más relajada, el verano terminó y sobretodo visitantes extranjeros se aprecian en los ingresos al lugar. Allí con una mesa, dos mamparas y una televisión que proyecta videos de los recorridos por las distintas obras muestran las demandas de los mexicanos que resguardan los patrimonios.
Un grupo de adolescentes se acerca a preguntar de qué se trata, allí Armando Alvarado, historiador adscrito a la dirección de estudios históricos del Museo, esta en su guardia. Les explica de qué se trata su denuncia. Y una joven pregunta ¿no el INAH es el encargado de la conservación de nuestras ruinas? Exacto, responde el académico, sólo buscamos que se cumpla la función para la que fuimos contratados.
Además de que la ley es precisa “no se puede construir algo que rompa o altere las zonas” destaca Alvarado a HuffPost Voces. Parece un capricho de hacer algo “exótico”, independientemente del acabado que pueda tener la obra, sobre una construcción prehispánica.
Las denuncias de destrucción deliberada del patrimonio, abuso de autoridad y opacidad en el manejo de recursos también incluyen a sitios como Monte Albán, Atzompa, Cuilapam, Yogana, Laguna Zope, Colotepec, en Oaxaca.
Aunque otras irregularidades que llevaron a esta acción ocupa fue la instalación de una estructura metálica sobre la ruinas del Fuerte de Guadalupe, en Puebla, monumento histórico desde donde se defendió la patria y se lideró la batalla por la invasión francesa.
Con una techumbre similar al que se coloca en las estaciones de gasolina se argumenta que la colocación de esta es para protección, sin embargo Atzayacatl Gutiérrez Ramos, investigador del Museo Nacional de Historia, señala que han sido colocados vidrios que sirven también para instalar cafeterías y tiendas de souvenirs.
Denuncia también la deforestación del cerro de Acuayametepec, donde se ubican los Fuertes, para tener centro de convenciones y estacionamientos. Estamos en contra “porque desvirtúa el sentido histórico y le resta dignidad al sitio.”
Incluso el gobierno de Puebla anunció la visita para esta misma semana del presidente Calderón para clausurar las obras en el Fuerte de Guadalupe. Y organiza que en la llamada Plaza de La Victoria, en la zona frontal de este, se celebrará la ceremonia del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre. “Con una capacidad para 50 mil asistentes, se presentará un gran espectáculo de luz, sonido y fuegos pirotécnicos”