SACRAMENTO, California — El viernes 24 de agosto la Legislatura estatal aprobó por 48 votos contra 26 la propuesta de ley AB 1081, conocida como la Ley de Confianza (Trust Act), presentada por el Demócrata de San Francisco Tom Ammiano. Antes había pasado el Senado estatal por 21-13 votos y ahora solo requiere la firma del gobernador Jerry Brown para convertirse en ley. Sin embargo, Brown no ha dado indicios aún sobre cuál sería su decisión al respecto.
Esta propuesta es un intento por contrarrestar los efectos negativos de Comunidades Seguras (CS), la controversial medida del gobierno federal impulsada por la Administración Obama que ha resultado en miles de deportaciones de personas sin documentos de residencia.
La Ley de Confianza, si es promulgada, evitará que las autoridades locales de California, tales como los departamentos de policia, colaboren con las autoridades de inmigración.
Actualmente, si una persona es arrestada sus huellas dactilares son enviadas al Departamento de Seguridad Nacional, donde se determina si esa persona se encuentra en el país sin la documentación necesaria. En este caso, la policía mantiene arrestada a dicha persona hasta que las autoridades migratorias realizan verificaciones adicionales y procesan la deportación.
Para muchos expertos en temas legales, este medida es controversial ya que una persona no debería ser detenida sin fianza por un delito menor.
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Comunidades Seguras ha transformado a los departamentos policiales de cada ciudad en virtuales agentes de inmigración. Y como es natural, el temor de la población ante cualquier problema que pudiera resultar en una detención policial ha aumentado.
Comunidades Seguras fue implementada de manera experimental por el gobierno de George W. Bush, pero la Administración Obama comenzó a aplicarla gradualmente en todo el pais con cada vez mayor intensidad. Desde el principio fue resistida por activistas de los derechos de los inmigrantes.
De acuerdo con las autoridades federales, la intención de Comunidades Seguras es detener y deportar a los criminales extranjeros. Sin ambargo, numerosas denuncias pusieron de manifiesto que miles de deportados no tenían antecedentes delictivos. Poco a poco estados como Massachusetts y Nueva York, las ciudades de Los Angeles, San Francisco y Washington DC han declarado su intención de no participar de Comunidades Seguras, programa que al principio el gobierno de Obama inicialmente presentó como "opcional". Pero luego cambió de posición y declaró al programa como obligatorio.
A fines de 2011, ante las presiones politicas y la cercanía de las elecciones presidenciales de noviembre 2012, la Administración Obama decidió "suavizar" su conducta y declaró que se revisarían los casos de unas 300.000 personas en proceso de deportación para evitar deportaciones de personas sin antecedentes penales.
El actual gobierno ha deportado aproximadamente un millón de personas desde 2008, un record histórico y no hay indicaciones de que existan intenciones de cambiar esta política, algo que ha molestado a muchos activistas latinos.
Es por esto que la Ley de Confianza de California goza de simpatía entre los activistas de los derechos humanos.
Muchos de éstos y sus organizaciones han criticado a la Administración Obama sin cesar. Incluso se han documentado decenas de casos de deportados sin antecedentes penales y la consiguiente separación familiar.
Este es el caso de la organización Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, o ACLU, por sus siglas en ingles), quien recientemente denunció el caso de Juana Reyes, una vendedora de tamales que habitualmente se apostaba frente a una tienda Walmart, de Sacramento, capital de California.
Según el material publicado en un blog de ACLU y firmado por Danielle Riendeau, Reyes fue arrestada solo por invasión de propiedad e "interferir con negocios" —acusaciones que seguramente fueron realizadas por pedido o complicidad de la empresa y sin embargo se la mantuvo detenida dos semanas y sus dos hijos le fueron quitados y llevados a hogares de crianza.
Finalmente su caso fue descartado por el Procurador y Reyes fue puesta en libertad, aunque la dura experiencia vivida y la sensación de fragilidad e inseguridad dificilmente pueda olvidarla fácilmente.
Precisamente el proyecto de la Ley de Confianza busca evitar casos como el de Reyes.
De convertirse en ley, un agente del orden no podría detener a una persona en base a los criterios usados por agentes de inmigración una vez que se hayan cumplido los requisitos de la ley local.
En otras palabras, la nueva ley prohibiría a las autoridades policiales a retener a cualquier persona por razones migratorias, con algunas excepciones —tal es el caso de aquellos con antecedentes criminales.
Para muchos analistas, esta ley es casi una cachetada a las leyes impuestas en el estado vecino de California, Arizona. Este estado, conocido por el comportamiento antiinmigrante de su gobierno, dominado por el partido Republicano, anunció recientemente que no otorgará licencias de conducir a los jóvenes amparados por la nueva reglamentación federal de permitirle a los llamados DREAMers o "soñadores" —jóvenes que fueron traidos por sus padres siendo niños al pais. Esta reglamentación federal es en realidad una moratoria de deportación de dos años, renovable. Durante ese periodo, los jóvenes recibirán permisos de trabajo y, dependiendo de las autoridades estatales, licencias de conducir.
Entretanto, un grupo de sheriffs de condados de California, liderados por el de Los Angeles, el latino y republicano Lee Baca, expresaron este sábado su oposición al proyecto de ley, diciendo que de aprobarse sus agentes tendrán que decidir si obeceder la ley federal o la ley estatal respecto a arrestos de indocumentados.
Una vez más California demostró estar un paso más adelante en material de flexibilidad respecto al tema migratorio, mientras otros estados mantienen o insisten en medidas represivas. Mientras tanto, el gobierno federal parece atrapado en promesas electorales y presiones conservadoras.
