Pese a que, en el debate migratorio, el Presidente Barack Obama aprueba una solución para que muchos de los millones de indocumentados puedan quedarse en el país, su administración incrementó en los últimos años el ritmo de deportaciones de inmigrantes indocumentados, llegando a romper en 2011 todos los récords, con 397,000 personas devueltas a sus países de origen.
Una de las facetas más dramáticas en este proceso es que entre los deportados hay numerosos madres y padres indocumentados quienes pierden la custodia de sus hijos y a veces no vuelven a verlos ya que los niños son admitidos a casas de crianza y adoptados por otros padres sin la autorización de los padres biológicos.
Así, en los primeros seis meses de 2011, las autoridades deportaron a 46,000 padres indocumentados, separandolos de sus hijos nacidos en Estados Unidos, de acuerdo al reporte "Shattered Families" del Applied Research Center.
Este fue el destino de la guatemalteca Encarnación Bail Romero, quien, junto a 135 otros inmigrantes indocumentados, fue detenida por las autoridades mientras trabajaba en una fabrica de Missouri en 2007, según informa el Los Angeles Times.
Romero fue condenada a dos años en la carcel por robo de identidad y por usar un numero de seguridad social que no le pertenecía para trabajar en los Estados Unidos, reportó el diario angelino.
Un tribunal de asuntos familiares dictaminó que al ausentarse del país, Romero había cometido un acto de abandono de su hijo, y permitió que una pareja de Missouri adoptara al niño sin haber obtenido la aprobación de su madre. Casos como éste se han multiplicado, llevando a una indignada protesta por parte de organizaciones hispanas y activistas de los derechos humanos. De hecho, actualmente hay 5,100 niños que viven en casas de crianza y no pueden reunirse con sus padres, de acuerdo al estudio del Applied Research Center.
Una nueva propuesta de ley, presentada por la congresista Lucille Roybal-Allard de California, tiene como meta prevenir estos casos.
La nueva moción de Royball-Allard, llamada "Help Separated Families," o "Ayudando a las familias separadas", y también HR6128, actualmente está siendo estudiada por un comité del Congreso.
"Propuse esta legislación después de descubrir el numero alarmante de niños que son separados de sus familias al ser detenidos o deportados sus padres y puestos en cuidado de crianza," dijo la congresista Roybal-Allard en un comunicado de prensa enviado a esta redacción. "No podemos ignorar ya más el costo humano de nuestro sistema de imigración."
"Cuando sea posible, los niños deben mantenerse bajo la protección de sus familiares en vez de convertirse en crias del estado," dijo Roybal- Allard en su comunicado.
Bajo la ley propuesta, familiares de los padres indocumentados podrían hacerse cargo de los niños, aunque estos familiares también sean indocumentados. No se les podrá negar este derecho a los familiares por el hecho de no ser residentes legales de Estados Unidos. La ley requerirá que las autoridades notifiquen a los familiares el hecho que no tienen que dar a conocer su estado immigratorio al pedir el cargo de los menores de edad.
"Esta legislación le da la oportunidad a otra persona de la familia que pida la responsabilidad de los niños," dijo Jessica Dominguez, una abogada de leyes de inmigración en Studio City, California. "Le quita el temor a la persona que quiere hacerse cargo de ellos".
Los familiares podrán presentar documentos de identificación como pasaportes de países extranjeros para que se puedan revisar sus antecedentes, lo cual es un requisito para que una persona para se haga guardian de un menor de edad. Anteriormente, personas indocumentadas temían pedir la custodia de un familiar menor de edad por miedo a que se les pidiera un número de seguro social, dijo Dominguez, quien ha trabajado como abogada de ley de inmigración por diez años. Al no tener el número, estas personas corrían el peligro de revelarse como indocumentados por las autoridades.
La ley, de ser aprobada, también prohibiría el uso del estado migratorio indocumentado de los padres como razón para quitarles la custodia de un niño y las autoridades no podrán anular los derechos de los padres o familiares de un niño por estar éstos en un proceso de deportación sin haberlo comunicado previamente. Esto le dará a los padres una voz sobre el futuro de sus niños aunque sean deportados y estén fuera del país ya que podrán pedirle a un familiar que comparte sus mismos valores que se haga cargo de los niños, cosa que es preferible a mandar al niño a una casa de crianza, dijo Dominguez.
En algunos casos los niños crecen en una casa de crianza o son adoptados y quienes se encargan de ellos les cambian el nombre y el aspecto, explicó la abogada.
"Poder escoger a la persona que se encarga de los niños les asegura a los padres poder seguir participando en la vida del niño," agregó.
Wendy Cervantes, vicepresidenta de casos de inmigración y derechos de niños en el grupo First Focus, que aboga por los derechos de niños y familias al nivel federal, dijo que la ley puede ser de ayuda si llega a ser aprobada, pero no prevendrá que se separen las familias por razones de inmigración.
"La manera definitiva de hacer esto sería que ICE [la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas] deje de detener a los padres," dijo Cervantes.
Según sus proponentes, la moción ayudaría a los pequeños que pierden a sus papás por razones de inmigración. "Lo mas importante de la propuesta de ley es que busca proteger a los niños," dijo Dominguez.
Según el estudio "Shattered Families," si no se cambia la ley, casi 15,000 niños mas en los próximos cinco años podrían quedarse aquí sin sus padres.
Esta ley no es la única en buscar proveer apoyo a las familias separadas por razones de inmigración, pero, dijo Cervantes, las mociones no suelen avanzar mucho al nivel federal.
En cambio, agregó, legislaciones de este tipo pueden tener más éxito al nivel estatal. California podría ser el primer estado en implementar una ley de este tipo si se aprueba la propuesta de ley SB 1064 llamada "Reuniting Immigrant Families Act," que se propone mantener a los niños de padres indocumentados fuera de casas de crianza y con sus familiares mientras dure el proceso de deportación de sus padres.
La ley federal de Roybal-Allard tiene por el momento diez patrocinadores, incluyendo a los congresistas Joe Baca, Judy Chu y Linda Sánchez de California, Raúl Grijalva de Arizona y Rubén Hinojosa de Texas.
Más de 100 organizaciones comunitarias, incluyendo a la conferencia nacional de obispos católicos (USCCB), han expresado su apoyo a la propuesta.
