Dale Agostini conducía su auto sobre la Autopista 59, atravesando hectáreas de bosque de pino y tierra roja del este de Texas en camino a una junta de negocios.
Agostini, su prometida, su hijo de 16 meses, Amir, y un cocinero de su restaurante se encontraban dentro del automóvil aquel día de septiembre de 2007, con más de 50,000 dólares en efectivo que Agostini esperaba destinar para comprar equipo nuevo para su restaurante, de acuerdo con la demanda de derechos civiles de acción legal colectiva que presentó en una corte federal. El dinero le permitiría negociar mejores precios, según documentos judiciales. Todos en el automóvil ese día eran afroamericanos y la mayoría había inmigrado a Estados Unidos.
Cuando el grupo se acercó a Tenaha, Texas, un pueblo rural una hora al suroeste de Shreveport, en el estado de Luisiana, un agente de policía detuvo a Agostini. La Autopista 59 es conocida como una ruta de tráfico de drogas y el policía pidio un perro detector de drogas y apoyo de otros agentes. Le dijo a Agostini que utilizar al perro significaba una “orden de detención”. Registró el automóvil, encontró el efectivo y acusó a Agostini de lavado de dinero, de acuerdo con la demanda.
El policía arrestó a los adultos y entregó a Amir a trabajadores del servicio de protección infantil. Subsecuentemente, después de que Agostini mostró pruebas de que el dinero provenía de su negocio, el caso la fiscalía se desmoronó, de acuerdo con documentos judiciales. Agostini nunca fue acusado de un crimen y fue dejado en libertad. Se le regresó su hijo y después de varios meses y un gasto considerable, también su dinero.
Del 2006 al 2008, cerca de 1,000 conductores latinos y negros que viajaban en la Autopista 59 cerca de Tenaha han sido detenidos, registrados y sus artículos personales y de valor confiscados, de acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La demanda, presentada por un abogado del este de Texas en representación de personas de color o que parecieron serlo y que fueron detenidas en el condado de Shelby, concluyó con un arreglo este mes, con la ayuda de la ACLU.
Una vez que eran detenidos a la orilla de la carretera, los oficiales de la ley les ofrecían a los conductores dos opciones, de acuerdo con la demanda. Los automovilistas podían firmar una forma en donde perdían el derecho a su dinero, su automóvil y otros objetos de valor, o enfrentar cargos por delitos graves. Si un conductor optaba por el arresto y una oportunidad de comparecer ante un juez, cualquier menor de edad dentro del vehículo sería entregado a los servicios de protección infantil.
“Este era un robo a mano armada en la autopista, así de sencillo”, dijo Elora Mukherjee, una abogada con sede en Nueva York del Programa de Justicia Racial de ACLU. “Estos casos en Tenaha son algunos de los peores en todo el país de abusos en los que se ha utilizado el perfil racial y el decomiso de bienes”.
En Texas y otros estados, agencias de la ley pueden confiscar dinero y objetos de valor vinculados al crimen y en algunos casos destinar esos recursos para cubrir gastos la operación de la policía. En Tenaha, utilizaron el dinero para comprar equipo y financiar incrementos salariales, de acuerdo con la demanda.
Tanto funcionarios de la ciudad como del condado en el área de Tenaha han negado cualquier acción legal. Aceptaron pagar casi 600,000 dólares en costos legales y se comprometieron a que los agentes filmarían todas las detenciones de tráfico. Bajo las condiciones del acuerdo, los recursos que se obtengan del dinero y la propiedad decomisada se tienen que utilizar para adquirir equipo de grabación de audio y video para detenciones de tráfico, financiar la educación sobre la utilización del perfil racial u otorgarse a agencias sin fines de lucro, dijo Mukherjee. Un supervisor designado por la corte examinará el balance de los decomisos cuatro veces al año.
“Honestamente, no creo que se haya utilizado el perfil racial”, dijo Rick Campbell, el juez del condado de Shelby que está a cargo de las agencias del condado y ayuda a administrar su presupuesto. Pero incluso si el condado hubiera ganado el caso, los costos legales por si solos hubieran sido de casi 1.5 millones de dólares y hubieran devastado el presupuesto local, dijo Campbell.
Muchos de los funcionarios de la ciudad y del condado que fueron mencionados en la demanda ya no son funcionarios públicos. El policía que detuvo a Agostini y el fiscal de distrito han renunciado. Un investigador de la oficina del fiscal de distrito que fue mencionado en la demanda se ha retirado. Los votantes en junio expulsaron al alcalde de su cargo después de 48 años, dando fin a la labor de quien más tiempo llevaba en dicho cargo en la historia de Texas.
Por su parte, Campbell fue asignado al cargo administrativo más alto del condado en 2009, después de que el juez del condado, que tuvo dicho cargo en la cúspide de la actividad de decomisos sobre la Autopista 59, falleció de cáncer.
Campbell dijo que respalda las detenciones. Por lo menos el 70 por ciento de las detenciones fueron de conductores blancos, dijo. El agente que detuvo a Agostini sobre la Autopista 59 tenía experiencia en otras partes del estado y nunca había estado involucrado en problemas, dijo Campbell.
“Estoy de acuerdo en que los agentes de policía, necesitan tener sentido común”, dijo Campbell. “Si lo piensas, la mayoría de los presos en la cárcel no son blancos…Hubo detenciones en donde había personas que tenían 600,000 dólares en su automóvil, pero ¿no estaban comprando drogas?”
El policía testificó bajo juramento la razón por la cual sospechó que algunos conductores estaban involucrados en actividades criminales. Dijo que sospechó de conductores puertorriqueños o pasajeros de Nueva York que fueron detenidos entre semana porque parecían nerviosos al ser interrogados.
La mayoría de las personas detenidas y que renunciaron a su dinero llevaban sumas más pequeñas que Agostini, de acuerdo con la demanda. La mayoría de ellos, también, eran negros y latinos, según ACLU.
Adicionalmente, existe una investigación en curso por parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo Mukherjee de ACLU.
En 2011, Texas cambió sus leyes de decomiso, precisamente como resultado de reportes de noticias sobre la Autopista 59. Las agencias de la ley actualmente tienen que dar cuenta de cada centavo que se obtiene por medio de un decomiso o venta de propiedad. No pueden utilizar los fondos para aumentar los salarios de los oficiales ni para pagar bonos sin el permiso de un funcionario electo.
Hubo otros casos de abusos de decomiso de bienes en Texas antes de que se cambiara la ley, dijo ACLU. La oficina del fiscal de distrito en el condado de Montgomery destinó el dinero decomisado para comprar una máquina para hacer margaritas que fiscales utilizaron en la feria del condado, en donde ganaron un premio por la mejor margarita. Y el ex fiscal de distrito del condado de Kimble, Ron Sutton, utilizó fondos de los bienes decomisados para llevar a todo su personal y a un juez de distrito, incluyendo a sus esposas, a un viaje a Hawaii. En 2010, Sutton se declaró culpable de cargos de delitos graves y desvió de recursos.
