SAN FRANCISCO (AP) — Las autoridades federales de Estados Unidos se opusieron al intento de un inmigrante mexicano que vive sin permiso en el país para obtener su licencia de abogado en el estado de California.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió su opinión en un breve comunicado el jueves en el caso de Sergio García ante la Corte Suprema de California.

García terminó sus estudios en leyes y aprobó el examen del colegio de abogados. El paso final para ejercer es la aprobación de la Corte Suprema de California.

La solicitud de García está pendiente, pero los jueces se preguntan si su estatus migratorio significa que deben rechazarlo.

García, de 35 años, llegó a Estados Unidos con sus padres de manera ilegal cuando era un bebé, y solicitó la residencia legal cuando tenía 17 años. Hizo algunos trabajos y escribía libros de romance y autoayuda para pagar sus estudios sin tener que pedir un préstamo.

El no esperaba que su estatus migratorio interferiría con su sueño de ser abogado civil, hasta que la Asociación Estatal de Abogados de California comenzó a preguntar el estatus migratorio de los prospectos antes de que hiciera el examen.

El DOJ indicó que la ley federal impide a las personas que carecen del estatus migratorio legal obtener ciertas prestaciones del Estado, como licencias profesionales, a menos que la ley otorgue explícitamente dichos beneficios.

Jerome Fishkin, abogado de García, indicó que California tiene una cláusula en sus códigos de negocios y profesiones que permite obtener una licencia de leyes sin importar el estatus migratorio.

"Es una salida de escape para solicitudes (al examen de abogacía) y admisiones (a la asociación) para las personas que no cumplen los criterios para obtener números de Seguro Social, los cuales son esencialmente inmigrantes indocumentados y algunos foráneos", indicó Fishkin.

El abogado criticó al DOJ por no explicar por qué la cláusula no aplica en el caso de García.

Los que apoyan a García reconocen que ni un despacho de abogados ni una oficina de gobierno lo contrataría, pero dicen que aun así él puede trabajar de forma independiente con sus propios clientes.

El DOJ no está de acuerdo, y mencionó que hay leyes que pueden castigar a clientes que a sabiendas contratan a inmigrantes que no cuentan con permisos de trabajo.

Los examinadores de la Asociación Estatal de Abogados de California y la procuraduría estatal apoyan la solicitud de García.

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