LOS ANGELES, California.- Abogados y expertos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se declararon listos para comenzar este jueves a presentar evidencia del “patrón sistemático” de discriminación y aplicación del perfil racial contra residentes latinos de Arizona, por parte del sheriff del condado Maricopa Joe Arpaio y agentes de su oficina (MCSO, por sus siglas en inglés).
El juicio contra Arpaio forma parte de la demanda colectiva Melendrez vs. Arpaio.
Los demandantes y sus abogados confían que el juez Murray Snow, de la Corte de Estados Unidos para el Distrito de Arizona al final emita una orden de desagravio por mandato judicial. El juicio inicia el 19 de julio y concluiría según las proyecciones el 2 de agosto.
“Si los argumentos que presentaremos resultan exitosos, la decisión del juez podría ser una orden de desagravio por mandado judicial (injunctive relief), dijo el abogado Andrew C. Byrnes de la firma Covington & Burling, respecto a la consecuencia legal de un veredicto en favor de los demandantes.
Durante una teleconferencia, Byrnes dijo, a pregunta de HuffPost Voces que la decisión del magistrado incluiría un alto al perfil racial implementado por Arpaio y las prácticas de la policía durante las denominadas “redadas contra la delincuencia”.
Joe Arpaio, el sheriff más severo de EE.UU.
“Aunque es imposible saber qué pasará, una orden de desagravio por mandato judicial incluiría medidas para que la discriminación y aplicación del perfil racial nunca más vuelvan a suceder”, añadió el abogado. “Incluiría entrenamiento, seguimiento y supervisión de las actividades de los agentes de MCSO”.
Además de ACLU, los cinco demandantes civiles en el caso Melendrez v. Arpaio son: Manuel Ortega Meléndrez, un visitante legal de Estados Unidos, los hermanos Manuel Nieto y Velia Meraz y la familia de David y Jesikka Rodríguez, todos ellos ciudadanos estadounidenses.
En la querella, las presuntas víctimas acusan a Arpaio de aplicar el perfil racial en las paradas de tráfico, por parte de sus agentes.
Alegan que Arpaio, quien se ufana de ser "el sheriff más duro de Estados Unidos" y su departamento han instituido ilegalmente un patrón y práctica de enfocarse en la detención, revisión de documentación e interrogatorios a conductores y pasajeros que aparentan ser latinos en el condado de Maricopa durante paradas de tráfico.
Según los demandantes, dichas prácticas de discriminación por motivos de raza, constituyen una violación a la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, que se han traducido asimismo en paradas de tráfico prolongadas y detenciones sin fundamento en violación de la Cuarta Enmienda.
En la Corte Federal, entre el 1 de enero de 1993 y finales de 2007, Arpaio ha tenido que enfrentar 2,150 acciones legales en su contra, mientras que en la página electrónica de la Corte Superior del Condado Maricopa registra más de 400.
Este caso es independiente de la demanda entablada contra Arpaio, por parte del Departamento de Justicia (DOJ).
“La demanda del DOJ involucra acusaciones de perfil racial, pero no está relacionada a este caso; nosotros hemos compilado un significativo volumen de evidencia”, aclaró Alexandra Soler, representante de ACLU de Arizona. “Ese caso es más amplio en cuanto a reclamos de aplicación de perfil racial en contra de latinos.
En efecto, en mayo pasado el Departamento de Justicia reclamó en una demanda contra Arpaio y el MCSO la aplicación discriminatoria de la ley por parte del MCSO contra los latinos, que –acusó– con frecuencia son detenidos, arrestados y encarcelados sobre la base de su raza, color u origen nacional; prácticas carcelarias discriminatorias contra reclusos latinos con limitadas habilidades del idioma inglés y represalias contra sus críticos.
En el juicio que espera a Arpaio, los demandantes señalan que en su afán de librar a la comunidad de personas que creen que son inmigrantes indocumentados, los agentes del condado Maricopa “han violado los derechos civiles de un número de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales”.
El juicio contará con el interrogatorio de representantes de alto nivel de MCSO, incluyéndolo al mismo Arpaio.
“Desconocemos cuándo le tocará su turno a él”, dijo el abogado Byrnes.
Arpaio presuntamente ha autorizado las “patrullas de tráfico”, o las llamadas "redadas de represión del delito", que han llevado a la creación de perfiles raciales y la detención ilegal de los latinos en el Condado de Maricopa.
“Los demandantes presentarán amplia evidencia que demuestra que Arpaio ha llevado a cabo operaciones basadas en la raza o el origen étnico de los individuos y no en pruebas de actividad criminal, violando sistemáticamente los derechos de los residentes latinos en el nombre de la ley de inmigración”, expresó la abogada Cecillia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU (ACLU Immigrants’ Rights Project). “También hay que recordar que en diciembre pasado [Arpaio) destruyó documentos y correos electrónicos que mostraban estadísticas de las redadas de trafico de todas las personas que han sido abusadas”.
El pasado 4 de febrero, el abogado del departamento del sheriff de Maricopa, Tim Casey, admitió ante el juez Snow que la agencia destruyó documentos que debió haber retenido como parte del proceso legal. Los hechos fueron certificados ante el juez Snow.
Entre algunos correos electrónicos de connotación discriminatoria que se adjudican a la autoría de Arpaio y que se presentarán como evidencia en el juicio hay uno que envió el 19 de junio de 2008, una carta a sus constituyentes: “"Si tiene la piel oscura, entonces tiene la piel oscura... desafortunadamente, así es como se mira un mexicano ilegal que está aquí ILEGALMENTE [...]
Ellos traen su suciedad, falta de respeto, poca integridad, violando la ley aquí [...] Te estoy pidiendo que vengas a la zona de Parkway y 29thSt/Greenway... Se arrastran por aquí todo el día y la noche”.
Ralph Taylor, experto en justicia criminal, autor, investigador y profesor en la Universidad de Temple en Filadelfia analizó los patrones raciales y étnicos en las paradas de tráfico hechas por la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa.
Sus hallazgos apoyan las acusaciones de los demandantes de que agentes de MCSO aplican un patrón de discriminación racial y la detención ilegal.
LOS CASOS QUE SUSTENTAN LA DEMANDA
La ACLU de Arizona y la firma de abogados Covington and Burling LLP representan la demanda colectiva contra el alguacil Joe Arpaio, la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa y el condado de Maricopa por discriminación racial contra los latinos.
- Uno de los representados es Manuel Ortega Meléndrez, un visitante legal de los Estados Unidos que poseía una visa válida. El 26 de septiembre de 2007, él era pasajero en un vehículo que fue detenido por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa en Cave Creek, Arizona.
Agentes del MCSO efectuaban una operación dirigida al arresto de jornaleros. Aunque el agente que detuvo a Ortega Meléndrez alegó que la razón por lo que sacó el vehículo fue porque el conductor iba a alta velocidad, al conductor -un varón de raza caucásica- no se le dio una citación por la violación de tránsito o puesto bajo custodia.
Sin embargo, el agente cuestionó a Ortega Meléndrez y pidió que se identificaran los otros pasajeros latinos, y aunque Ortega Meléndrez presentó una identificación, fue detenido. Ortega Meléndrez pasó cuatro horas en una celda de la cárcel del condado.
Finalmente, fue llevado un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) donde un funcionario confirmó que tenía la documentación adecuada para estar en Estados Unidos. Después de un horas el hombre mexicano fue puesto en libertad.
- Manuel Nieto y Velia Meraz son otros dos demandantes. En marzo de 2008, Nieto y Meraz -que son hermanos- fueron detenidos durante una redada en el norte de Phoenix después de haber presenciado la detención de dos hombres latinos en una estación de gasolina, por parte de agentes de MCSO.
Un agente de MCSO ordenó a Nieto y Meraz que se alejaran del lugar. Posteriormente fueron detenidos a punta de pistola frente al negocio de la familia, y cuando él llamaba al 911, fue sacado de su automóvil y lanzado contra el mismo.
Miembros de la familia informaron a los agentes que ambos eran ciudadanos estadounidenses, y tras verificar que decían la verdad fueron puestos en libertad, sin ser citados y sin recibir una disculpa por los hechos.
- David y Jesikka Rodríguez, junto con sus dos hijos pequeños fueron detenidos y multados por circular en un camino cerrado cerca del Lago Bartlett en diciembre de 2007. Sin embargo, a otros conductores que usaron el mismo tramo de la carretera y salían de la reserva, pero que no eran latinos se les permitió salir con sólo una advertencia.
Durante la detención de los Rodríguez, un agente de MCSO exigió ver la tarjeta de Seguro Social, del señor Rodríguez, a pesar de que había mostrado su licencia de conducir de Arizona, el registro y prueba de seguro automotor.
Rodríguez tuvo que ceder, y proporcionó su número de Seguro Social, a fin de poderse retirar en paz. A la salida de la reserva, los Rodríguez hablaron con otros conductores y confirmaron que ninguno de ellos había recibido una citación. Los Rodríguez, también, son ciudadanos estadounidenses.