FRESNO, California.— Este mes un juez federal de Phoenix, Arizona, decidirá la suerte de una demanda contra el conocido sheriff Joe Arpaio que podría tener un fuerte impacto en la aplicación de lo quedó en pié de la ley SB1070 después del fallo de la Suprema Corte.
De acuerdo con quienes presentaron la demanda hace más de cuatro años, los agentes del sheriff del condado de Maricopa, cuya ciudad principal es Phoenix, la capital del estado, utilizaron el criterio conocido como "perfil racial" para detener a personas que podrían ser indocumentadas para exigirles documentos de residencia legal. En otras palabras, detuvieron a personas por su apariencia, lo que implica discriminación.
Si el juez falla en favor de los demandantes, aparte de iniciar un proceso de apelación legal, significaría una derrota política para Arpaio y sus seguidores —que son muchos— y que pretenden que las fuerzas del orden actuen como autoridades migratorias.
Esta demanda no está asociada directamente con la ley SB1070, que muchos llaman antiinmigrante y que precisamente faculta a las fuerzas del orden a actuar como agentes de inmigración.
La SB1070 fue convertida en ley con la firma de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril del 2010.
Las demandas para detenerla no se hicieron esperar, mientras un boicot económico al estado ya había comenzado.
La principal beneficiaria de la SB1070 fue la propia gobernadora. Brewer, una obscura burócrata nacida en 1944 en California, pasó de ser secretaria de estado a gobernadora cuando Janet Napolitano, entonces gobernadora de Arizona, aceptó el puesto de Secretaria de Seguridad Nacional en 2009. Con astucia, Brewer supo subirse a la ola antiinmigrante y llegó así a ser elegida gobernadora en noviembre de 2010.
Esta tendencia no solo unificó a los conservadores y fanáticos de derecha, representados políticamente por el partido republicano, sino que los enfrentó con el gobierno federal. Una piedra más en las tensiones entre conservadores y Obama.
Pero debido a las protestas en contra de la nueva ley, el boicot económico y las demandas, poco después de firmar la SB1070, la gobernadora firmó la propuesta de ley HB2162 que modifica la SB1070, estableciendo que los procuradores "no investigarán denuncias basadas en raza, origen nacional o color de la piel de una persona". Además, establece que la policía investigaría el estatus migratorio de una persona en caso de una una detención legal.
Es decir, un maquillaje para la que se consideró en su momento la ley antiinmigrante más dura del país.
Uno de los principales patrocinadores de la ley es el exsenador estatal Russell Pearce (republicano, distrito 18) y exagente del sheriff. Pearce fue director del departamento de transporte (DMV) de Arizona de 1995 a 1999, cuando fue despedido a causa de una investigación sobre posible corrupción. Al año siguiente, fue elegido senador estatal.
Su legado al frente del DMV fue exigir prueba de residencia para solicitantes de licencias de conducir y de exponer el número de seguro social en ese documento, algo que después se eliminó.
Todo puede pasar en Arizona.
La actuación pública de Pearce, que junto a Arpaio y Brewer conformaba la Santísima Trinidad del fanatismo anti inmigrante, llegó a su fin de manera inesperada: fue destituido en noviembre 2011 por otro republicano más moderado, Jerry Lewis.
Pearce ostenta ahora el mérito de ser el primer senador de Arizona en ser destituido.
"La SB1070 fue usada por políticos locales para mantenerse en el poder", explica Maritza Lizeth Félix, reportera del periódico en español Prensa Hispana, de Phoenix. "La destitución de Pearce fue producto de una alianza de empresarios y activistas cansados del lenguaje radical".
¿Pero, qué pasó con la SB1070, o lo que quedó de ella después del fallo de la Suprema Corte? ¿Se aplicará la única parte de ella que quedó en pie? Y si es así, ¿cuándo?
A raíz de las demandas presentadas en su contra y a las apelaciones, la Suprema Corte decidió estudiar el caso y finalmente falló el pasado 25 de junio dejando en pie solamente la sección 2(b), aquella que permite a las fuerzas del orden pedir pruebas de residencia legal a una persona que haya sido detenida.
Ambas partes se declararon victoriosas y la gobernadora Brewer dijo que esa parte de la ley "se empezaría a aplicar de inmediato". Por lo visto, ella no conoce el procedimiento legal.
"La jueza Susan Bolton debe firmar la orden para que entre en vigor a más tardar el 20 de julio, al menos que el gobierno federal desafie otra vez la ley en las cortes", explica Félix a HuffPost Voces. Bolton fue la jueza que bloqueó la aplicación inmediata de la ley después de su sanción debido a varias demandas presentadas. Ahora el caso vuelve a ella quien deberá dar el ultimo paso para que se aplique.
"Hay sozobra, miedo en la población latina" asegura Reyna Polanco, una activista de los derechos de los inmigrantes de Phoenix. "Pero hay otra demanda presentada por varias organizaciones de base, entonces confío en que no entre en vigor la ley".
Pero tanto Félix como Polanco consideran que la aplicación de la ley, si no prosperan demandas que lo impidan, sera difícil para las fuerzas del orden.
"El Departamento de Seguridad Nacional retiró el programa de colaboración para entrenar a policías y agentes del alguacil en aspectos migratorios", comentó Polanco. Por su parte, Félix piensa que por esta razón las fuerzas del orden no tienen la capacidad de cumplir las funciones migratorias de manera precisa.
A esto hay que sumanrle el posible fallo judicial contra el sheriff Arpaio, que limitaría sus operativos contra personas de origen latino; pero debido a la personalidad del "sheriff más duro de Estados Unidos", es imposible pensar que esto lo detendrá.
Este panorama representa una verdadera puerta abierta a decenas de demandas legales que afectarían más aún las arcas de los gobiernos locales y estatal, ya afectados por el boicot.
Precisamente sobre este aspecto, Polanco asegura que no es una medida positiva. "Afecta más a nuestra gente, a los hoteles y restaurantes y allí los trabajadores son principalmente latinos".
A esta situación de polarización política entre dos extremos intransigentes, Polanco le ve una solución: aumentar el caudal de votantes latinos y de personas politicamente más tolerantes. "Hay muchas personas que no votan pero que podrian hacerlo", explica. "Si cambiamos esta correlación de fuerzas, Arizona podría ser un estado pendular; estamos trabajando para lograrlo".
Before You Go
