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SB1070 podría ser totalmente derogada, pese a todo

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SB1070
Frente a las oficinas migratorias en Phoenix, Arizona, Benjamín Campos protesta, junto con otros, la decisión de la Suprema Corte de permitir la porción que permite revisar el estatus migratorio de sospechosos. | AP

LAS VEGAS, Nevada.– Cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anunció su decisión de dejar en su lugar la sección 2B de la ley SB1070 de Arizona –al tiempo que por 5 votos contra 3 invalidaba constitucionalmente el resto del estatuto antiinmigrante– estalló una protesta entre organizaciones latinas y de derechos civiles.

No era para menos, pensaban.

La sección 2B de la SB1070, también llamada “Muéstreme sus documentos”, obliga a toda agencia policial de Arizona a inquirir sobre el estado migratorio de una persona detenida por cualquier motivo, si tiene razones para sospechar que se encuentra aquí ilegalmente. Da, dicen sus críticos, carta blanca a la autoridad policial a ejercer tareas de policía migratoria para detener a quienes parezcan indocumentados, con base en esa “razonable sospecha”. De allí, verdaderas cacerías de los llamados “ilegales” podían darse en barrios o lugares de trabajo de latinos.

En muchos casos, el festejo por el rechazo de la SB1070 en su casi totalidad, junto con la confirmación de los magistrados de que es el gobierno federal y no los estados el responsable de la política migratoria, resultó ese 25 de junio aguado por el lamento y la protesta por confirmarse la cláusula 2B.

La misma gobernadora de Arizona Jan Brewer, quien promulgó la ley SB1070 en 2010 aprovechó la coyuntura para declarar que el tribunal supremo había adoptado su punto de vista.

“La Suprema Corte avala el corazón de la SB1070”, fue el título del victorioso comunicado de prensa del gobierno estatal inmediatamente después del veredicto judicial.

La verdad parece ser otra. La sección 2B no fue autorizada sino que “vuelve a un tribunal más bajo”, en donde “hay muchas opciones” antes de que se aplique, dijo Laura Vásquez, analista de temas de legislación del Concilio Nacional de La Raza.
Su explicación tuvo lugar este sábado, durante un taller sobre legislación relativa a los latinos en el marco de la convención anual nacional de NCLR en Las Vegas, Nevada.

“La parte de la ley que dice que la policía tiene que pedir los papeles no se ha puesto en efecto porque el tribunal del Noveno Circuito debe revisarla”, explicó Vásquez al HuffPost Voces inmediatamente después del evento. “Es esa corte la que va a decidir”.

En una misiva girada al Noveno Circuito –la corte federal con jurisdicción sobre Arizona y ocho estados más y con sede en San Francisco– la Suprema Corte ordenó la semana pasada que cualquier debate sobre el tema se postergue hasta el 20 de julio, para dar tiempo a abogados litigantes de prepararse para el caso y para presentar apelaciones.

Poco después de promulgada la ley en abril de 2010, el tribunal del Noveno Circuito emitió un interdicto (injunction) prohibiendo la aplicación de la sección 2B.

Y si bien a partir del 20 de julio este juzgado podría levantar el interdicto, al menos una organización de derechos civiles –la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) en Arizona– ya declaró que requerirá establecer que la mencionada sección es inconstitucional.

“Es importante que la comunidad sepa que esta parte todavía no se aplica”, declaró Vásquez, agregando que las partes litigantes opuestas a la ley “han enviado una carta a la gobernadora Brewer para decirle que esa parte todavía no se puede poner en efecto”.

La corte federal, detalló la analista, “puede decidir que no levantan el interdicto… la Corte Suprema solamente decidió [cuál es] el papel del gobierno estatal y del gobierno federal. Pero de lo que trata la sección 2B es de derechos civiles. Tomaron una decisión de esperar y ver”.

Entonces, con esta decisión, con el reciente anuncio del presidente Obama de no deportar a jóvenes inmigrantes indocumentados, junto con el anuncio del senador republicano Marco Rubio en favor de una versión de la ley DREAM Act, ¿significan que está cambiando en Washington el ambiente a favor de ellos?

“Se han dado cuenta de que el gobierno federal tiene que tomar acción”, contesta Vásquez. ”Encuesta tras encuesta muestra que la mayoría de las personas y no solamente latinos quieren ver una resolución a nivel federal y una solución realista que va a decidir cómo dar un estatus legal a las personas que están aquí . No ven como algo realista regresar a esas personas a sus países”.

“En los debates electorales, los candidatos han visto que los votantes latinos le están poniendo mucha atención a la manera como hablan sobre inmigración,”, finalizó Vásquez.