Iglesia Católica condena la Ley de Salud de Obama

Iglesia Católica estadounidense contra Obamacare

Los Angeles, California.- La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y grupos religiosos del país condenaron ayer la Ley de Protección del Paciente y Salud Asequible (ACA), que ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte, sobre la base de lo que considera fallas fundamentales contra la libertad de conciencia enmarcada en la Primera Enmienda de la Constitución.

Como se sabe, la Suprema Corte emitió esta semana una decisión que ratifica como un impuesto una cláusula del Acta de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que exige entre otras cosas a los individuos la compra de un plan de salud-conocido como el “mandato individual”. Esta cláusula fue legislada en defensa de las corporaciones de salud después de que en otros incisos, la reforma de salud hiciera ilegal que se rechazara la solicitud de seguro médico de una persona si está enferma y se abriera el campo para ampliar esta cobertura a 30 millones de los 50 millones de quienes actualmente carecen de ella. La nueva ley asimismo previene que las corporaciones de salud - sean con o sin fines de lucro - se nieguen a llevar a cabo procedimientos médicos legales, tales como el aborto.

Desde 1919, los obispos católicos de Estados Unidos habían sido constantes defensores de una reforma al cuidado de salud integral para asegurar acceso a cuidados de salud dignos para todos, especialmente los más pobres y vulnerables.

Aunque la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) no participó en estos casos y no adoptó una posición oficial en las preguntas específicas presentadas al tribunal supremo, se opuso a la aprobación final de la reforma de salud y reiteró una nueva petición al Congreso y a la administración del Presidente Barack Obama para que contemplen el análisis de lo que considera violaciones a la libertad de conciencia y religiosa y ratifiquen leyes que corrijan las fallas.

“Nunca antes el gobierno federal obligó a individuos y organizaciones para salir al mercado y comprar un producto que viola su conciencia”, dijo el cardenal Timothy Dolan de Nueva York, presidente de la USCCB. “Esto no debería ocurrir en un país donde el ejercicio libre de la religión ocupa el primer lugar en la Declaración de Derechos [de la Constitución]”.

Además de las presuntas fallas contra la libertad de conciencia y libertad religiosa, el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en ingles) anunciado en enero de 2011 por la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, exige que casi todos los planes de salud cubran la esterilización, los abortivos y la contracepción, algo que está en contradicción con los principios oficiales de la Iglesia Católica.

La exención inicial que se ofreció a los “empleadores religiosos” no cubría a la mayoría de organizaciones religiosas, hospitales, universidades y organizaciones católicas caritativas.

“El riesgo que identificamos en esta área ya se ha materializado, particularmente en la aprobación inicial por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de grupos de individuos de “alto riesgo” que tenían poco acceso a seguros y que habrían tenido acceso a abortos”, expuso el sacerdote John Zühlsdorf.

Un mes después que se dio a conocer el mandato, la Administración Obama declaró la disposición del HHS como final, “sin ningún cambio”, y estableció una prórroga de un año para implementarla en organizaciones religiosas que no estaban exentas del mandato que, según afirman, les obliga a violar sus convicciones religiosas, es decir, dijeron los religiosos, el ACA no incluyó lenguaje necesario para proveer protecciones que consideran esenciales para el ejercicio de la conciencia religiosa.

“Esta decisión de la Suprema Corte es un ejemplo de que la legalidad de las leyes se ha divorciado de las enseñanzas morales en Estados Unidos”, declaró Judie Brown, cofundadora de American Life League, a HuffPost Voces. “Las leyes de este país se basaron en la naturaleza y moral del ser humano; ahora tenemos problemas porque la Constitución ha sido violentada”.

“Nuestra respuesta es expresar una profunda decepción y que nos unimos a nuestros compatriotas estadounidenses en condenar la decisión de la Suprema Corte por avalar ‘Obamacare’ como ley”, agregó Brown. “Ha sido un día triste para la gente de esta otrora gran nación donde la libertad siempre ha sido equiparada con la libertad de religión, la libertad de opresión y la libertad de expresión”.

La USSCB aboga también por la revisión del uso de dinero federal de los contribuyentes para el financiamiento de abortos y la obligatoriedad a empleadores religiosos -como ser los hospitales católicos del país- para cubrir cualquier tipo de esterilización y anticoncepción, incluyendo medicamentos abortivos entre los “servicios preventivos” de salud del HHS.

Como resultado de la decisión de la Suprema Corte Roe v. Wade de 1973 que legalizó el derecho de la mujer al aborto, defensores de la vida calculan que en Estados Unidos se realizan 600,000 abortos quirúrgicos cada año, y por cada tres niños que son concebidos, uno muere a causa del aborto.

Un tercer punto de disputa por parte de los prelados católicos es que la ley de reforma sanitaria no brinda trato justo a trabajadores migrantes y sus familias, porque ni con su propio dinero pueden comprar un seguro médico bajo ACA, y, según la USSCB “los deja en peor situación al no permitirles comprar cobertura de seguro de salud, aun por su propia cuenta. Esto socava la meta presentada por el Acta, de promover el acceso a cuidados básicos de salud para todos, especialmente los más necesitados”.

Por su parte, el arzobispo José H. Gómez, de la Arquidiócesis de Los Angeles expresó que “nuestro gobierno ahora está usando todo el peso de sus poderes para tratar de dictar los términos bajo los cuales a la Iglesia [Católica] y a los creyentes católicos les será permitido participar en nuestra sociedad”.

“Quizá por primera vez en nuestra historia, nuestro gobierno está actuando como si los derechos humanos no vinieran de la mano de Dios, sino como si fueran “beneficios” que el gobierno puede dar, definir y quitar”, dijo. “Yo he tenido gente de muy buena intención, que me pregunta: ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué la Iglesia no puede solamente comprometerse y proporcionar seguro de control de la natalidad para nuestros empleados? Ellos me dicen que se lograría un mayor bien si la Iglesia pudiera continuar sirviendo a los pobres en sus hospitales, escuelas y caridades”.

No obstante, expuso que los católicos no sirven a los pobres para complacer al gobierno.

“Nosotros servimos a los pobres porque estamos obligados por el amor de Cristo. Este mismo amor por Cristo nos obliga a dar testimonio de que la vida, el matrimonio y la familia son sagrados y que es inmoral prevenir el nacimiento de niños”, expresó. “El “compromiso” que se nos está ofreciendo, es detenernos de amar a Cristo y de ser cristianos. Esta es la tentación de servir al gobierno y no a Dios”.

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