PHOENIX (AP) — En los próximos días, la batalla relacionada a la ley de inmigración de Arizona se reavivará cuando opositores a la misma busquen una orden de la corte con el fin de obstruir una decisión de la Corte Suprema del país que indica que la policía puede aplicar la cláusula más beligerante del estatuto.

Se espera que los grupos que ya habían presentado una impugnación a la ley emitida en 2010 soliciten a un tribunal de primera instancia un interdicto preliminar que prohíba a agentes aplicar un requerimiento de que la policía verifique el estado de inmigración de cualquier persona detenida por otros motivos.

Debido a que el gobierno del presidente Barack Obama fracasó en su intento de que el máximo tribunal de Estados Unidos aceptara su argumentación de que la ley federal prevalece sobre la ley estatal, los grupos tomarán una estrategia nueva: atacarán el mandato sobre otros fundamentos, como la posibilidad de que se preste a discriminación racial o a detenciones injustificadamente extendidas para personas cuya condición migratoria está siendo verificada.

Pero los opositores enfrentan una ardua batalla para ejercer presión contra esta estrategia, porque los tribunales de menor instancia tal vez prefieran esperar hasta que el requerimiento —que no entrará en vigor sino hasta el 20 de junio, cuando muy pronto— se aplique antes de tomar en cuenta los daños reales de la ley, en lugar de confrontar el potencial de perjuicio.

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  • Cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, para gritar consignas, mostrar carteles y protestar por la polémica ley SB1070 Arizona.

  • Manifestantes que se oponen a la Ley SB1070 Arizona marchan por el centro de Phoenix en una jornada de protesta, el mismo día en que la Corte Suprema escuchó los argumentos a favor y en contra de la ley.

  • Manifestantes marchan por el centro de Phoenix en una jornada de protesta, el mismo día en que la Corte Suprema escuchó los argumentos a favor y en contra de la Ley SB1070 Arizona.

  • Manifestantes alistan carteles para la jornada de protesta por el centro de Phoenix, Arizona, el mismo día en que la Corte Suprema escuchó los argumentos a favor y en contra de la ley SB1070.

  • Activistas con un rosario tomado por las manos realizan una vigilia de protesta frente al Capitolio del estado de Arizona, un día antes de que la Corte Suprema de EE.UU. debatiera la constitucionalidad de algunas disposiciones de la polémica ley SB1070.

  • En la imagen, el ex senador Russell Pearce, el arquitecto de la controvertida Ley de Arizona de inmigración S.B.1070, acompañado por el ex senador de Arizona Dennis DeConcini, testifica en Capitolio en Washington.

  • Cientos de personas marcharon por las calles de la ciudad de Phoenix, Arizona para protestar contra la ley SB1070 y denunciar que ha generado discriminación y racismo en este estado sureño.

  • La manifestación, denominada "Marcha por la justicia y en contra de la SB1070 y la separación de las familias" , se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchara los argumentos a favor y en contra de la ley.

  • Russell Pearce, autor de la ley SB1070 Arizona, habla con periodistas a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

  • En su recorrido, los manifestantes llevaban carteles e imágenes religiosas, pasaron ante las oficinas del Departamento de Policía, la Corte Federal, la cárcel y las oficinas del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.

  • La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, habla con los periodistas al finalizar la audiencia en la Corte Suprema de EE.UU. sobre los argumentos a favor y en contra de la ley SB1070 Arizona.

  • Varios de los participantes expresaron su incertidumbre sobre las noticias provenientes de Washington de que al parecer el Supremo se podría haber inclinado a favor de algunos puntos de la SB1070 durante la presentación de los argumentos.

  • Activistas proinmigrantes protestan contra la ley SB1070 en el marco del Juego de las Estrellas de béisbol de las Grandes Ligas, en Phoenix, Arizona.

  • Jan Brewer

    Arizona se convirtió en el epicentro del debate migratorio en Estados Unidos cuando la gobernadora Jan Brewer firmó el 23 de abril de 2010 la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

"Mi pronóstico es que será difícil ganar un interdicto preliminar en este momento", dijo Kevin Johnson, decano de la escuela de Derecho de la Universidad de California, campus Davis, y experto en ley migratoria. "La Corte Suprema indicó que va a permitir que esta ley entre en vigor y luego decidirá si algunas impugnaciones legales tienen peso al aplicarse a un caso particular".


La Corte Suprema anuló el lunes tres disposiciones de la ley de Arizona, pero ratificó la que obliga a la policía a verificar la condición migratoria de las personas a las que detenga por diversos motivos.


Sin denuncias de abusos por la aplicación del requerimiento, los detractores a estas alturas tendrían que demostrar que los legisladores tenían la intención de discriminar a los latinos cuando aprobaron la ley.


Pero los detractores podrían usar un reporte del Departamento de Justicia federal que acusó de discriminación racial en los patrullajes migratorios del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, para argumentar que una agencia policíaca que de antemano indaga la condición migratoria de las personas supuestamente usa métodos discriminatorios para aplicar la ley, dijo Johnson.


El Departamento de Justicia interpuso el mes pasado una demanda en la que acusa a la oficina de Arpaio de discriminar a los hispanos en sus patrullajes migratorios y de lanzar algunos de estos operativos con base en cartas de ciudadanos que se quejan por la presencia de personas de piel morena o que hablan español en un área específica, pero nunca reportan un delito en sí.

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Ley Arizona SB1070

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El alguacil ha rechazado desde hace mucho las acusaciones de discriminación racial, y asegura que las personas son detenidas sólo si los agentes cuentan con causa probable para creer que han cometido delitos, y que los agentes posteriormente se enteran que muchos de ellos son inmigrantes sin autorización para vivir en el país.


Los grupos que se oponen a la ley no han presentado su nueva ofensiva en la corte, pero creen que las acusaciones contra Arpaio por discriminación racial podrían resultar útiles.


"Si deseas saber si (el requerimiento de preguntar) causará discriminación racial y detenciones ilegales, lo único que tienes que hacer es ver el historial del alguacil Arpaio", dijo Cecillia Wang, directora del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).


La ACLU es uno de muchos grupos que buscan derogar la ley y presentó una demanda legal separada a nombre de un pequeño grupo de latinos que acusa que los oficiales de Arpaio los han discriminado racialmente. Está programado que esa demanda entre en proceso el 19 de julio en una corte federal.


Matt Benson, un vocero de la gobernadora Jan Brewer, que promulgó la ley y llevó el caso a la Corte Suprema, dijo que los detractores tuvieron dos años para obtener un interdicto con base en discriminación racial, pero no lo hicieron. Benson dijo que los críticos no confían en que los agentes aplicarán la ley sin violar los derechos de las personas.


"Creemos que la ley se apega a la Constitución y puede aplicarse en apego a la Constitución", dijo Benson.


La oficina de Arpaio manifestó que las acusaciones del Departamento de Justicia en su contra por presunta discriminación no han sido demostradas. En cuanto al alguacil, no está contento ante la posibilidad de que los detractores puedan usar el caso del Departamento de Justicia en contra de su oficina como arma para tratar de hundir la ley de Arizona.


"Hay que dejar que las cortes decidan si existe discriminación racial, no los expertos o quienes tienen su propia agenda", dijo Arpaio.

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