Departamento de Justicia 'alerta a abusos' por aplicación de leyes migratorias

Gobierno federal alerta a abusos por la SB1070

Los Ángeles, California.- Al mismo tiempo que el Departamento de Justicia puso en marcha una línea telefónica de comunicación directa (1-855-353-1010) y una dirección electrónica (SB1070@usdoj.gov) para denunciar cualquier caso probable de discriminación o aplicación del perfil racial por parte de la policía de Arizona, numerosos grupos defensores de los inmigrantes continuaron expresando preocupación por la potencial violación de derechos civiles en la aplicación de la ley SB1070 de Arizona y, en particular, la Sección 2(B) que permite a agentes del orden revisar sobre una base razonable, el estatus migratorio de individuos, y que fue avalada esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la nación.

Las posibles implicaciones raciales de la Sección 2 (B) de la SB1070 han desatado ansiedad y temor no solamente entre los hispanos ya que su aplicación en el estado de Arizona, podría tener un “efecto dominó” en estados como de Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah, y otros donde se han aprobado leyes similares.

“En Estados Unidos hemos llegado a un nivel donde ya no se trata de discriminación contra los inmigrantes, sino de una persecución tremenda”, dijo Rodney Flores, ciudadano salvadoreño-estadounidense, a HuffPost Voces. “Se trata de un odio manifiesto que tendrá serias repercusiones y debe ser denunciado; habrá casos de violación de derechos civiles que se denuncien, pero los que no salgan a la luz pública quedarían impunes para siempre”.

Luego de que el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos aprobó el requisito "Show me your papers" (Muéstrame tus papeles), algunos expertos dicen que está por verse cómo se aplicaría esta disposición sin necesidad de que los agentes utilicen la raza, el color de la piel o el origen étnico del sospechoso para aplicarlo.

"La porción restante de la SB 1070 [Sección 2 (B)], con toda probabilidad conducirá a la discriminación racial”, dijo Grant Woods, ex procurador republicano de Arizona, durante una teleconferencia de prensa. “Ahora debe efectuarse un registro cuidadoso [de cualquier acto de discriminación o violación de derechos civiles], y si el perfil [racial] está ocurriendo con regularidad se pedirá que intervengan de nuevo los tribunales federales”.

Woods y su homologo demócrata, Terry Goddard, ofrecieron su perspectiva sobre el impacto de la sentencia de la Suprema Corte y la extralimitación de Arizona sobre las leyes federales de inmigración. Ambos fueron parte del documento “Amicus Curiae” (Amigos de la Corte), presentado al tribunal respaldado por otros 42 procuradores y ex procuradores de justicia estatales, bajo el argumento de que la SB1070 debilita la seguridad pública y la procuración de justicia. Otros documentos similares fueron presentados por defensores de la ley de Arizona.

De hecho, en el fallo de la Corte, el juez Anthony Kennedy citó ese escrito de "Amigos de la Corte” para sugerir que la ley no debía dar lugar a detenciones prolongadas de los inmigrantes. Esta acción elevaría los gastos locales, estatales y federales por la detención de individuos, estipuló.

Ralph E. Ogden, jefe de policía de Yuma, Arizona, estimó que tan solo en ese condado el cumplimiento de la parte de la SB1070 que fue avalada por la corte costaría entre 775,880 y 1.2 millones de dólares al año, mientras que los costos carcelarios oscilarían entre 21 millones y 96 millones de dólares, y los costos de abogados entre 810,067 y 1.6 millones de dólares.

“Uno de los riesgos de la SB1070 es la alta responsabilidad [legal] que impone en los agentes del orden”, expresó Goddard, durante la teleconferencia desde Washington. “La claridad que el juez Kennedy proporcionó en su opinión ayuda a reducir algunos de los costos, pero todavía hay costos por entrenamiento en la aplicación de la Sección 2 (B). Esta disposición va a dañar la seguridad pública en Arizona, ya que desvía valiosos recursos de la ley".

El doctor Warren H. Stewart Sr., líder de derechos civiles, pastor de la Primera Iglesia Bautista Internacional en Phoenix y presidente de la junta directiva del Foro Nacional de Inmigración, dijo que “como líder de los derechos civiles en Arizona, me preocupa la decisión de la Suprema Corte de Justicia al permitir revisar el estatus migratorio de una persona y dejar espacio para la discriminación racial”.

“Pero el fallo [del lunes] no es el último capítulo de la ley discriminatoria de Arizona”, aseguró Stewart, otro de los participantes de la teleconferencia. “Los tribunales todavía tienen que determinar si su aplicación conduce a una discriminación injusta contra los latinos y otras minorías”.

Por su parte, Alí Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum expuso que la solución real recae en legislación federal con una reforma migratoria general.

“Con las manos abiertas, démosle la bienvenida a propuestas y acciones de los candidatos presidenciales Demócrata y Republicano”, dijo Noorani a HuffPost Voces. “Las usuales políticas partidistas no están resolviendo el problema”.

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