Las organizaciones defensoras de los derechos civiles y pro inmigrantes de Nueva York coinciden como positivo que, aunque la Corte Suprema apoyó que la policía pueda solicitar documentos migratorios a discreción -uno de los artículos más polémicos de la Ley de Arizona SB-1070- el gobierno federal mantendrá la potestad sobre las leyes migratorias.
En todo caso, aunque el fallo no fue tan drástico como se preveía, según un balance del HuffPost Voces a partir de las reacciones de los líderes pro inmigrantes, que tienen claro eso sí, que el problema está muy lejos de ser resuelto y tienen que seguir trabajando contra las leyes antiinmigrantes.
“La lucha continúa porque la Corte Suprema mantuvo una parte de la ley que todavía seguirá creando problema para los hispanos y otras minorías de color, dijo Angelo Falcón, presidente del Instituto Nacional de Políticas Latinas (NILP), a HuffPost Voces.
El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos anunció este lunes la inconstitucionalidad de tres de los cuatro artículos de la SB-1070 que estaban en entredicho legal, principalmente aquel que criminalizaba a los inmigrantes que circularan sin documentos a través de Arizona al tiempo que la policía no podrá mantener a los sospechosos detenidos sin notificar a las autoridades federales.
Falcón en entrevista telefónica con HuffPost Voces reconoció no obstante que la decisión de la Corte Suprema tiene algo de positiva, “porque se ha demostrado a la nuestra comunidad que todavía es posible luchar legalmente en contra de estas leyes”.
Lo más importante de la histórica decisión de la Corte Suprema fue sin embargo ratificar que solamente el gobierno federal puede regular las leyes migratorias, negando que los estados puedan hacerlo independientemente aun si las autoridades federales no lo hicieran.
“Estamos gratamente sorprendidos porque la mayoría de los jueces de la Corte Suprema coincidieron con los puntos de la Ley de Arizona SB-1070 que fueron objetados por la administración Obama, básicamente en lo pertinente a que el gobierno federal es el único que puede regular las leyes de inmigración”, puntualizó el presidente de la NILP.
“Lo que hemos aprendido de este proceso, es que siendo la Corte Suprema muy conservadora, ha tomado una decisión muy balanceada políticamente y este es el saldo positivo”, analizó Falcón.
La NILP, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles con sede en Nueva York sostuvo a través de Falcón que "hay que seguir luchando".
“Hay un avance porque se deja claro que la ley migratoria está bajo control del gobierno federal y no de ningún estado o de cualquier ley local, esto es muy importante”, enfatizó Falcón.
En contraste Javier Valdés, co-director ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York dijo sentirse decepcionado con el anuncio de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona SB-1070.
"Estamos muy decepcionados de que el Tribunal Supremo, que está dominado por los conservadores, ha defendido la opción "Mostrar los papeles", la parte más problemática de la ley SB-1070”, dijo Valdés en un comunicado en respuesta a un requerimiento de HuffPost Voces.
De acuerdo con Valdés, la disposición da luz verde al establecimiento de perfiles raciales de las personas debido a su apariencia física o el idioma que hablan.
Se Hace Camino Nueva York (MRNY por sus siglas en inglés) es una organización que defiende a los inmigrantes que, según su sitio web tiene 11.000 miembros y cuenta con centros comunitarios en barrios como Bushwick en Brooklyn, Jackson Heights en Queens, Port Richmond en Staten Island, y Brentwood en Long Island
“Esperamos que los futuros desafíos legales a esta política, que aterroriza a los miembros de nuestra comunidad tengan éxito y hagan justicia a los inmigrantes”, comentó Valdés.
Mientras tanto, agregó Valdés, “esta decisión es motivo de preocupación para nuestros hermanos y hermanas en estados como Arizona y Alabama, donde el acoso y la discriminación será legalizada. Se trata de un revés para los derechos civiles en Estados Unidos”.
De otra parte Valdés hizo notar que la decisión de la Corte Suprema se produce tan sólo semanas después del anuncio del presidente Obama de detener las deportaciones y que permite a los “soñadores” poder trabajar legalmente en los Estados Unidos.
“Desafortunadamente, la disposición de la Corte Suprema de aprobar la opción 'muéstrame tus papeles' es una acción punitiva del Estado contra los trabajadores inmigrantes y sus familias”, advirtió Valdés.
Valdés sugirió que el gobierno de Obama, “debe tomar medidas adicionales para reducir la colaboración entre los funcionarios de inmigración y la policía local por poner fin a la ineficacia del programa Comunidades Seguras”.
Comunidades Seguras es el programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar, detener y deportar a criminales peligrosos.
“A pesar de que hay ciertas ganancias en el fallo de la Corte Suprema, continúa siendo preocupación que la Ley SB-1070 siente precedentes que pueden desafiar al gobierno federal en leyes migratorias”, dijo Alejandra García vocera de New York Communities for Change (NYCC).
NYCC es una organización que trabaja en defensa de los trabajadores inmigrantes y de minorías ofreciendo orientación sobre educación y vivienda asequible.
García agregó que el temor luego de la decisión de la Corte Suprema es que, “se continúe creando procedimientos para que la policía asuma tareas que tienen que ver con el control migratorio”.
“La decisión de aprobar el artículo que exige que la gente lleve sus documentos es un gran problema que pone a la comunidad inmigrante en la mira usando los parámetros de sospecha para ser detenidos de forma arbitraria y bajo un perfil racista”, afirmó García.
"La decisión envía un mensaje claro a los estados y ciudades que no puede haber ningún intento de crear y poner en práctica leyes de inmigración para atacar injustamente a los latinos", dijo Juan de Cartagena, presidente y asesor general de LatinoJustice PRLDEF.
"Una decisión en sentido contrario habría sido contraria a los valores de nuestra nación. Para ello estamos dispuestos a garantizar que todos los intentos de usar el perfil racial contra los latinos tendrán como respuesta demandas adicionales", precisó Cartagena.
Según Cartagena, la decisión de la Corte Suprema es una victoria importante para muchos de los que había criticado la ley.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos se movilizó rápidamente en 2010 para bloquear la aplicación de la ley de Arizona al demandar al igual que varias organizaciones de derechos civiles”, recordó el jurista y agregó que Latino Justice PRLDEF participa en el equipo de abogados de derechos civiles que apelan contra leyes similares a la SB-1070 en los estados de Alabama y Carolina del Sur.
"Este tipo de leyes representan un enfoque equivocado a los desafíos que enfrenta Estados Unidos en la actualidad", dijo Cartagena. "Esto nos distrae de nuestras prioridades reales y envía un mensaje que tiene como objetivo desacreditar a los residentes latinos, los inmigrantes y en general a los ciudadanos que trabajan honestamente", subrayó Cartagena.
Cartagena anunció que Latino Justice PRLDEF continuará trabajando con sus socios nacionales para garantizar que todas utilizarán todas las herramientas a su disposición para detener la aplicación de estas leyes discriminatorias.
Por su parte, Maryann Sinclair Slutsky, directora ejecutiva de Long Island Wins dijo tajantemente que, “la decisión de la Corte Suprema es frustrante ya que confirmó una de las peores disposiciones de la ley”.
Sinclair Slutsky se refiere a la Sección 2b de la ley SB-1070 aprobada por el máximo tribunal de justicia, que faculta a la policía de Arizona a realizar arrestos sin orden judicial y bastará con que un policía tenga una sospecha fundamentada para que una persona arrestada sea puesta en línea de deportación.
“El tribunal podría haber encontrado esa disposición constitucional, pero eso no significa que sea una decisión sabia”, arremetió la representante de Long Island Wins, una organización que ha tenido un papel determinante dentro de la comunidad inmigrante de Nueva York.
La disposición "muéstrame tus papeles" a juicio de Sinclair Slutsky, “es aspecto de la ley que ya ha demostrado ser una catástrofe moral y económica, consolidando la reputación de Arizona como un lugar de intolerancia y aleja a los inmigrantes que trabajan duro y constituyen el motor económico del estado”.
Sinclair Slutsky reconoció finalmente que una vez que surge la evidencia de que la Sección 2b lleva a las tácticas policiales discriminatorias, otra demanda legal es probable que se presente.